El presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se enfrenta a denuncias de supuesto lavado de dinero que se unen a una larga cadena de escándalos políticos.
Portillo desmintió categóricamente al diario guatemalteco Siglo XXI y el panameño La Prensa, que lo acusaron de crear compañías fantasmas en Panamá para transacciones con petróleo.
«Yo respondo por Alfonso Portillo (…) Este es un montaje como tantos otros en contra mía», aseguró el presidente, quien negó tener las cuentas bancarias en Panamá que le atribuyeron los dos periódicos. Según el mandatario, los denunciantes intentan desestabilizar su gobierno.
Los dos diarios afirmaron que las empresas y las cuentas bancarias pertenecen a cuatro cercanos colaboradores de Portillo: su secretario personal Julio Girón, su cuñado Juan Carlos Riley, el vicepresidente Juan Francisco Reyes, y el hijo de éste, Juan Francisco Reyes Wyld.
Las transacciones petroleras nunca se realizaron, pero las cuentas bancarias registraron depósitos y un mes después de abiertas contenían 500.000 dólares.
«La forma en la que se abrieron las compañías y las cuentas bancarias es muy similar a los procedimientos que se utilizan para lavar dinero», dijo una fuente panameña cuya indentidad los periódicos no revelaron.
Portillo declaró a medios de comunicación guatemaltecos y extranjeros que la información no tiene validez y que sólo posee dos cuentas bancarias. En una deposita su salario y en la otra tiene 26.000 dólares.
Agregó que él y su gobierno son víctimas de un complot y que identificará públicamente a los responsables.
«Con este tipo de escándalos el país se está destiñendo», señaló a IPS el analista guatemalteco Marco Antonio Barahona, de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Barahona comentó que la capacidad de asombro de los guatenaltecos ha sido puesta a prueba en los dos últimos años, con una serie de controversias por corrupción, impunidad y tráfico de influencias.
Portillo instaló su gobierno en enero de 2000, después de ganar las elecciones con apoyo del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), un movimiento que engloba a corrientes políticas disímiles.
Barahona observó que el FRG se presentó ante los votantes como una sólida coalición, pese a que en ella convivían grupos de izquierda y derecha, pero una vez en el poder ha mostrado debilidad. «Estamos al borde del precipicio, pero no caemos», agregó.
El primer escándalo político estalló cuando Portillo sólo llevaba cinco meses en el gobierno y en el caso estuvo envuelto uno de los máximos dirigentes del FRG, el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), actual presidente del Congreso.
Ríos Montt, denunciado por organizaciones guatemaltecas e internacionales de graves crímenes contra los derechos humanos cuando controlaba el poder, fue acusado por la prensa y por congresistas opositores de alterar el monto de impuestos que había aprobado el parlamento.
La oposición intentó sin éxito enjuiciar a Ríos Montt y a los otros legisladores del FRG que supuestamente contribuyeron a la maniobra.
El vicepresidente del Congreso unicameral, Carlos Humberto Hernández, del FRG, aseguró a IPS que los escándalos son promovidos para desalojar a Portillo del poder.
«Sin duda alguna tienen la meta de desacreditar a los funcionarios públicos», afirmó Hernández, quien cree que los ataques contra el gobierno y el partido mayoritario van a continuar.
Pero algunos analistas sostienen que el principal enemigo del gobierno no es ajeno a la actual administración.
«El problema es que el FRG ser preparó muy bien para ganar las elecciones, pero no para gobernar», dijo a IPS la politóloga Carmen Ortiz, quien señaló luchas internas en el oficialismo.
Así mismo, advirtió que la inseguridad pública y la corrupción aunentaron desde que Portillo se hizo cargo de la presidencia.
Las denuncias se han concentrado especialmente sobre el vicepresidente Reyes, un empresario del transporte con gran influencia en el gobierno.
Reyes ha sido acusado de nepotismo y responsabilizado de la ruptura del diálogo de las autoridades con representantes de sectores productivos. Además, dos legisladoras lo vincularon con una campaña de descrédito contra un empresario.
El caso se remonta al 7 de agosto de 2001, cuando las principales ciudades del país amanecieron empapeladas de carteles y panfletos difamatorios anónimos contra el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, un fuerte crítico del gobierno Portillo.
Días después, trascendió que los carteles y los panfletos difamatorios anóminos había sido preparados en la Tipografía Nacional, la principal imprenta estatal de Guatemala.
Su directora, Silvia Méndez, señaló públicamente a Reyes como el responsable de ordenar las impresiones. Méndez debió exiliarse tras recibir amenazas de muerte. Por su parte, Reyes rechazó las acusaciones.
Un trabajador de la Tipografía Nacional, César Rodas, testigo de la acusación en el caso denunciado por Méndez, fue hallado asesinado el 15 de febrero. Las autoridades aseguraron que se trataba de un crimen de delincuentes comunes.
El gobierno «ha llevado a la nación a la deriva y al caos», comentó a IPS la diputada Nineth Montenegro, de la izquierdista Alianza Nueva Nación.
Montenegro exige que el Ministerio Público investigue las cuentas bancarias en Panamá atribuidas a los colaboradores de Portillo, que le sugieren un caso de enriquecimiento ilícito.
Portillo, a quien aún le restan dos años de gobierno, también ha debido enfrentarse a rumores de golpes de Estado y a las críticas de organizaciones de derechos humanos.
El presidente arguye que las denuncias públicas realizadas expresan la reacción de los grupos oligárquicos a los que su gobierno ha quitado poder. (FIN/IPS/nms/ff/ip/02
