ENERGIA-EEUU: La polémica por el consumo eficiente de gasolina

Senadores oficialistas y opositores de Estados Unidos acordaron un proyecto para elevar la eficiencia en el consumo de combustible en el transporte con el fin de reducir la dependencia del petróleo importado, pese a la oposición de la industria automovilística.

El presidente George W. Bush también se opone al plan, que propone incrementar la eficiencia en el consumo de combustibles de automóviles y vehículos de carga livianos a 15 kilómetros por litro de gasolina para 2013, y que forma parte de un proyecto general sobre energía que discute el Senado.

Los legisladores liderados por John Kerry, del opositor Partido Demócrata, y John McCain, del gobernante Partido Republicano, pusieron el jueves fin a décadas de diferencias sobre la cuestión.

Sin embargo, si el Senado aprueba el plan, el debate se trasladará a la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana se resiste a la medida, haciéndose eco de los reclamos de la industria automovilística.

Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre en Washington y Nueva York, Washington busca mecanismos para limitar la dependencia nacional del petróleo procedente de Medio Oriente.

Para reducir las importaciones, la mayoría de los republicanos y la industria petrolera propugnan un plan de energía para aumentar la explotación de las reservas nacionales de crudo, aunque éstas se encuentren en áreas vírgenes o protegidas.

En cambio, demócratas y ambientalistas favorecen un esquema detinado a reducir el consumo de combustibles fósiles, mejorar la eficiencia en el uso de gasolina, y fomentar las fuentes de energía renovable, como la eólica y la solar.

Los requerimientos de eficiencia en el consumo de combustibles permanecen incambiados desde hace más de una década. A la vez, la venta de vehículos de bajo consumo se ubica en su punto más bajo desde 1980, mientras crece la compra de camiones de carga y de vehículos deportivos.

En la actualidad, las unidades de transporte de pasajeros cumplen la norma de 12 kilómetros por litro de gasolina, mientras los vehículos deportivos y pequeños camiones de carga consumen un litro cada nueve kilómetros.

Precismannte los automóviles y vehículos livianos son responsables de 40 por ciento del consumo de petróleo del país, según datos oficiales.

Las importaciones crudo han aumentado constantemente en la última década. Estados Unidos importa casi 60 por ciento de sus requerimientos diarios, mientras un decenio atrás su dependencia era de 47 por ciento.

Ecologistas que promueven la reducción de la contaminación ambiental causada por la combustión de petróleo, que contribuye al recalentamiento del planeta, saludaron el acuerdo del Senado.

«Esta propuesta no representa 100 por ciento de lo que pretendemos, pero es un paso adelante, real y serio», dijo Carl Pope, director ejecutivo del no gubernamental Sierra Club.

Por su parte, la industria automotriz optó por presionar a Washington. El martes la fabricante Ford Motor Company envió una carta a sus empleados, urgiéndolos a comunicar a sus representantes en el Senado, que la modificación de las normas de eficiencia «pondrá en peligro toda la línea de productos».

La otra gran fabricante nacional, General Motors, puso en marcha manifestaciones en plantas de montaje de camiones en los estados nororientales de Ohio, Michigan y Wisconsin. La compañía alega que las nuevas normas dispararán los despidos y comprometerán la seguridad de los pasajeros.

«La propuesta de economizar combustible que estudia el Senado podría eliminar los vehículos familiares más populares de nuestra nación, y terminar con más de 100.000 puestos de trabajo», dijo Guy Briggs, vicepresidente y gerente general de fabricación de General Motors.

La industria automovilística, que comprende a empresas concesionarias o vendedoras, es una importante fuente de contribuciones a las compañas electorales, en especial para los candidatos del gobernante Partido Republicano.

El sector aportó en 2001 casi cuatro millones de dólares a campañas individuales, comités de acción política y al llamado «dinero blando», es decir fondos reunidos y gastados fuera de las estructuras de campaña para la elección federal, según el independiente Centre for Responsive Politics (CRP).

Casi 80 por ciento de las contribuciones fueron a candidatos republicanos, incluyendo 60 por ciento de los 110.000 dólares aportados por General Motors en 2001, sostuvo el CRP.

Bush y el vicepresidente Dick Cheney, con 1,3 millones de dólares, fueron los principales beneficiarios de los aportes de la industria del automóvil en la última campaña presidencial.

La Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles, que según el CRP aportó el año pasado 890.000 dólares a campañas electorales, puso en marcha en febrero una movilización «de base» contra la propuesta de elevar los requerimientos en materia de combustibles.

«Los fabricantes tendrán que reducir el peso de los vehículos para cumplir con las nuevas normas, comprometiendo la seguridad de los pasajeros», sostuvo el presidente de la Asociación, Carter Myers.

Kerry arguyó que las normas serán «creadoras de empleo» y podrían impulsar una renovada competencia con la industria japonesa y europea, que están produciendo masivamente modelos más eficientes y vehículos híbridos, que pueden funcionar con gasolina y otra fuente energética alternativa.

Por ejemplo, el Honda Insight de dos asientos tiene un rendimiento de 30 kilómetros por litro de gasolina, y el Toyota Prius, con capacidad para cinco pasajeros, logra 23 kilómetros por litro.

Un estudio del Consejo Estadounidense por una Economía Energética Eficiente, respalda la teoría de que las nuevas normas de consumo de combustible pueden crear más empleos.

Aunque algunos sectores, como el petrolero, experimentarán pérdidas, la industria automovilística ganará 47.000 nuevos puestos de trabajo, afirma el estudio.

Bush instó al Congreso a no establecer en la ley límites en kilómetros, y propuso en cambio que el Departamento de Transporte tenga la autoridad para establecer los límites de reducción de combustible.

La normativa causará una pérdida de 450.000 empleos para 2015 y «podría conducir a muchos miles de muertes y lesiones de pasajeros», sostuvo esta semana la gubernamental Oficina de Administración y Presupuesto. (FIN/IPS/tra-eng/dk/ml/aa/lp/dc/en if/02

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