La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó esta semana a Bolivia y Guatemala a pagar indemnización a los familiares de dos hombres desaparecidos, torturados y asesinados por militares de esos países, entre otras reparaciones.
El máximo tribunal del sistema judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en la capital de Costa Rica, estableció que esos dos Estados violaron leyes internacionales de derechos humanos y que deberán cumplir un plan de reparaciones que incluye el pago de cientos de miles de dólares a los familiares de las víctimas.
«El Estado (de Guatemala) debe localizar los restos mortales de Efraín Bámaca Velásquez, exhumarlos en presencia de su viuda y familiares, así como entregarlos a éstos», indica la primera de las sentencias.
Bámaca Velázquez, comandante de la entonces insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), fue detenido ilegalmente en 1992 y luego sometido a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que causaron su muerte.
La guerra civil en Guatemala, considerado uno de los capítulos más negros de la guerra fría, causó entre 1960 y 1996 la muerte de unas 150.000 personas, entre las cuales figuran, según distintas estimaciones, 45.000 desapariciones forzadas, la cifra más alta en la historia de América Latina.
La Corte Interamericana confirmó en su fallo la culpabilidad de Guatemala en el caso de Bámaca Velázquez, establecida el 7 de noviembre de 2000, e impuso un plazo de seis meses para cumplir con las reparaciones.
Guatemala deberá pagar a los familiares de Bámaca Velázquez 475.000 dólares, además de asumir los gastos judiciales que insumió la acusación, que ascienden a 23.000 dólares, indica el programa de reparaciones elaborado por el tribunal de siete miembros presidido por el brasileño Antonio Cançado.
El Estado guatemalteco también deberá publicar el fallo en un diario oficial y en otro de circulación nacional, así como iniciar una investigación para encontrar y castigar a los culpables del crimen.
«Este fallo es un ejemplo de lo que puede provocar la energía valiente de las víctimas», dijo a IPS la coordinadora de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, Celia Medrano.
Medrano elogió la tarea emprendida por los padres de Bámaca Velázquez y por su viuda, Jennifer Harbury, y recalcó que una indemnización no reparael daño causado.
«Nuestra preocupación ahora es que el Estado guatemalteco cumpla con las reparaciones», dijo la activista. Su temor responde a la crisis de credibilidad que atraviesa el gobierno, a algunos de cuyos funcionarios se atribuyen vínculos con empresas fantasma y lavado de dinero de actividades ilícitas.
La segunda de las sentencias dadas a conocer por la Corte Interamericana esta semana se refiere a la detención ilegal el 23 de diciembre de 1971, seguido por tortura y asesinato, del estudiante José Carlos Trujillo Oroza en Bolivia.
El máximo tribunal interamericano ya había condenado al Estado boliviano por el crimen, y esta semana determinó que se debe pagar a los familiares de Trujillo Oroza una indemnización de 403.400 dólares.
Además, «el Estado debe emplear todos los medios necesarios para localizar los restos mortales de la víctima y entregarlos a sus familiares, con el fin de que éstos puedan darle una adecuada sepultura», indica el fallo.
El tribunal ordenó también a las autoridades bolivianas que incluya la «desaparición forzada» entre los delitos establecidos por la ley, y que en el caso específico de Trujillo Oroza investigue, identifique y castigue a los responsables de su detención, tortura y muerte.
La sentencia establece que Bolivia deberá dar oficialmente a una escuela de la ciudad de Santa Cruz el nombre de «José Carlos Trujillo», y tomar medidas de protección de los derechos humanos para garantizar que no se registren nuevas desapariciones. (FIN/IPS/nms/mj/hd/02
