La nueva sesión del Congreso Nacional del Pueblo o parlamento chino, si bien es un rito anual previsible, tiene este año un significado especial por ser el primero que China inicia como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Además, la sesión crea el marco para una importante renovación de líderes en el próximo otoño boreal, cuando el Partido Comunista realice su congreso quinquenal.
«El año 2002 es un año muy importante en el desarrollo de nuestro partido y nuestro país», destacó el primer ministro Zhu Rongji el martes, en su discurso de apertura de la sesión parlamentaria.
El mandatario destacó ante unos 3.000 legisladores reunidos en el Gran Salón del Pueblo que China enfrenta el enorme desafío de amortiguar el impacto de las normas de la OMC sobre los 800 millones de residentes rurales y los pobres urbanos.
La situación de los campesinos pobres y la forma de aumentar sus bajos ingresos luego del ingreso en la OMC el pasado diciembre dominaron el discurso de Zhu, y se prevé que tendrán prioridad en la agenda del Congreso Nacional del Pueblo durante los próximos 10 días.
«La incorporación de China a la OMC beneficia su proceso de reforma y apertura y su desarrollo en general, pero a corto plazo, las industrias y empresas menos competitivas enfrentarán grandes desafíos. Estamos ante nuevas dificultades», advirtió Zhu.
De cómo el gobierno maneje el embate de la competencia extranjera y los consiguientes padecimientos sociales dependerá la permanencia en el poder del Partido Comunista, en un tenso período de transición.
Se prevé que el presidente Jiang Zemin, el primer ministro Zhu y el presidente del parlamento, Li Peng, renunciarán a sus cargos en el Partido Comunista en su 16 congreso, y a sus puestos en el gobierno durante la próxima sesión legislativa, en 2003.
Aunque el Congreso Nacional del Pueblo es un órgano sin poder de decisión que se reúne anualmente sólo para aprobar leyes y planes previamente elaborados por el Partido Comunista, su sesión anual sirve como barómetro de la opinión pública.
Este año, la ciudadanía está especialmente preocupada por la pobreza rural, dado que China prometió abrir sus mercados al ingresar en la OMC y esto amenaza entre otros sectores la agricultura nacional.
En los próximos años, los pequeños agricultores chinos se enfrentarán a la entrada de productos alimenticios de mejor calidad y más baratos, lo cual significará la ruina de millones de ellos.
Este problema social surge en un campo azotado por las contradicciones, y en el que los agricultores llevan la pesada carga de los impuestos locales.
El colapso de muchas empresas rurales estatales en los últimos años dejó a las autoridades locales sin recursos y las obligó a crear nuevos gravámenes.
Los campesinos responden con protestas esporádicas, en algunos casos con ataques a los recaudadores de impuestos. El mes pasado, cientos de agricultores de la provincia central de Henan apedrearon y volcaron vehículos de las autoridades impositivas.
Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hay 160 millones de desempleados en el campo.
En las ciudades, a los pobres no les va mejor. La quiebra de las industrias del Estado arrojó a la calle a decenas de millones de trabajadores, en ausencia de un sistema de seguridad social.
Los trabajadores también realizan protestas regularmente por motivos diversos, desde pensiones impagas hasta corrupción y riesgos laborales excesivos.
En los últimos meses, el Partido Comunista ha sido acusado de abandonar a sus principales defensores (obreros y campesinos) por una nueva elite empresarial, a menudo vinculada con un polémico plan del presidente Jiang de modernizar al partido.
Jiang intentó ampliar la base del partido permitiendo el ingreso de capitalistas, para disgusto de muchos marxistas que ven socavado el estatuto de la clase obrera.
En respuesta a estas críticas, Zhu prometió en su discurso al parlamento combatir la pobreza y la corrupción, y dijo que la clave del crecimiento este año radica en aumentar la demanda doméstica mediante el incremento del ingreso de los pobres rurales y urbanos.
«La tarea más apremiante es asegurar el pago en tiempo y forma de las pensiones de subsistencia para los trabajadores despedidos de empresas públicas y de las pensiones básicas para los jubilados. No permitiremos nuevos retrasos», aseguró.
En cuanto al campo, el primer ministro prometió ampliar un proyecto piloto tendente a reemplazar diversos gravámenes con un impuesto único en las principales provincias. (FIN/IPS/tra-en/ab/js/mlm/ip-dv/02
