Problemas financieros complican en Perú la investigación de crímenes contra los derechos humanos entre 1980, cuando surgió la organización insurgente Sendero Luminoso, y 2000, cuando cayó el presidente Alberto Fujimori.
La Comisión de la Verdad, creada el 2 de junio de 2001 por el gobierno transitorio de Valentín Paniagua para reconstruir una etapa histórica marcada por el horror y la injusticia, pide 10 millones de dólares para finalizar su tarea en el plazo fijado de febrero de 2003. Pero sólo cuenta con algo más de tres millones.
Los costos de la investigación incluyen la contratación de expertos, la instalación de sedes regionales, la compra de equipos y el desplazamiento a provincias distantes para recabar información sobre masacres, asesinatos selectivos y secuestros perpetrados en el marco de la violencia política.
Más de 27.000 personas murieron o desaparecieron entre 1980 y 1998, cuando el ejército y la policía luchaban contra Sendero Luminoso y contra otra organización rebelde, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
Parte de las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1998 y 2000 son atribuidas a operaciones para asegurar la tercera reelección consecutiva de Fujimori, una pretensión que, según expertos, violaba la constitución. El Congreso destituyó a Fujimori en noviembre de 2000, cuatro meses después de iniciado su tercer periodo.
El propósito de la Comisión de la Verdad no se limita a esclarecer las circunstancias en que se cometieron los abusos, sino también sus motivaciones, «para encaminar a la sociedad peruana hacia una reconciliación nacional basada en la justicia, pero no en la impunidad ni en la revancha».
La Comisión debe también diseñar y conducir programas de participación ciudadana y de educación, dirigidos a promover una cultura de derechos humanos y la movilización nacional hacia la paz y la reconciliación entre los peruanos.
El presidente de la Comisión, el ex rector de la Universidad Católica de Lima Salomón Lerner, y otro de sus miembros, Javier Ciurlizza, obtuvieron en febrero 1,4 millones de dólares y promesas de una cantidad similar en una gira por Alemania, Bélgica, España, Gran Bretaña, Holanda, Noruega y Suecia.
La nueva ayuda financiera para el organismo deberá ser negociada por las embajadas peruanas en esos países.
El gobierno de Alejandro Toledo, iniciado en julio pasado, aportó a la Comisión unos 700.000 dólares.
Un millón de dólares asignados al organismo proceden de los 27 millones de dólares que requisados hasta ahora de cuentas en el exterior a nombre de militares integrantes de la red de corrupción montada por el ex asesor de Fujimori Vladimiro Montesinos.
La Comisión está conformada por ocho miembros, entre ellos dos sacerdotes católicos, un pastor evangelista, un general retirado de la Fuerza Aérea, Luis Arias Graziani, y el ex rector de la Universidad de Huamanga, Alberto Morote, hermano de un dirigente de Sendero Luminoso.
Se considera que la presencia de Arias Graziani y Morote en el organismo representa, en cierto modo, la sensibilidad de las fuerzas contendientes.
El primer debate sobre la Comisión se refirió al periodo que debía abarcar la investigación, pues algunos partidos políticos proponían que sólo comprendiera la presidencia de Fujimori (1990- 2000).
Pero finalmente se incluyó en las investigaciones las presidencias de Fernando Belaunde Terry (1980-1985) y Alan García (1985-1990), durante las cuales se registraron 74 por ciento de las desapariciones de dirigentes políticos o de sospechosos de pertenecer o de colaborar con organizaciones guerrilleras.
En abril se prevé el inicio de las audiencias públicas donde campesinos, familiares de las víctimas y autoridades civiles y policiales narrarán sus vivencias del terror cotidiano, en la ciudad de Ayacucho, 570 kilómetros al sur de Lima. Esta localidad fue uno de los primeros escenarios de la insurgencia de Sendero Luminoso.
En las últimas semanas, como consecuencia de las investigaciones o por iniciativa de campesinos, comenzaron a exhumarse restos de de víctimas de la represión o de acciones de senderistas contra aldeas que no aceptaban someterse, enterrados en tumbas masivas.
Por otro lado, un ex militar reveló la existencia de celdas ocultas y un incinerador sospechoso de ser utilizado para la cremación de cadáveres en el edificio del Servicio de Inteligencia del Ejército.
El mismo militar, amparado por la ley que reduce las penas a quienes colaboran con la justicia antes aprovechada por insurgentes desertores, sostuvo también que en el Cuartel General del Ejército en Lima, conocido como el Pentagonito, hay tumbas clandestinas de detenidos asesinados en interrogatorios.
Los crímenes políticos no acabaron, a pesar de que los gobiernos de Paniagua y de Toledo destituyeron y apresaron a numerosos militares y policías acusados de corrupción y de violaciones de derechos humanos, dijo la socióloga e historiadora Imelda Vega.
En ese sentido, Vega indicó que, según el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, difundido este mes, remanentes de Sendero Luminoso realizaron 130 ataques en 2001, en los cuales dieron muerte a 31 personas.
«Lo más grave es que el mismo informe señala que las fuerzas de seguridad peruanas siguen torturando y asesinando impunemente, pues en 2001 la policía cometió tres ejecuciones extrajudiciales y los guardias de las cárceles perpetraron otras cuatro», añadió Vega.
«La sociedad peruana tiene todavía mucho que avanzar en el diseño y promoción de una cultura de derechos humanos, de paz y de reconciliación. En consecuencia, la Comisión de la Verdad tiene una importancia capital: debe ser respaldada, cualquiera sea su costo político, social o económico», concluyó la historiadora. (FIN/IPS/al/mj/hd/02
