Costa Rica, presidente de turno del latinoamericano Grupo de Río, propondrá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de un índice de derechos humanos, libre de sesgo ideológico.
El canciller Roberto Rojas informó que se trata de aplicar al área de derechos humanos una metodología semejante a la que sustenta el Informe de Desarrollo Humano, preparado anualmente por el Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD).
«Nuestro interés es crear un informe con indicadores que midan las violaciones a los derechos humanos por país», dijo Rojas al dar a conocer el proyecto.
«Lo que queremos es despolitizar el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas», detalló Rojas, quien desde febrero encabeza una estrategia del Grupo de Río, un foro de concertación política de América Latina y el Caribe, para promover reformas en el sistema de derechos humanos de la ONU.
Costa Rica impulsará la iniciativa desde el Grupo de Río y buscará como primer aliado para esta idea a la Unión Europea (UE), agregó. El propósito consiste en que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos asuma la iniciativa como un proyecto técnico, con la colaboración del PNUD.
El Grupo de Río, que agrupa a 19 países, desea eliminar el sistema de «condenas anuales» votadas en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pues se alega que está sujeto a presiones políticas e ideológicas.
Fuentes allegadas al Grupo de Río dijeron a IPS que, por ejemplo, se condena a países como Cuba, pero no a China, cuya gestión en materia de derechos humanos es criticada severamente por organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el argentino Leandro Despouy, declaró en febrero en Costa Rica que está a favor de la iniciativa latinoamericana de mejorar el sistema del foro mundial.
«La reforma del sistema de Naciones Unidas es necesaria y permanente, aunque es muy compleja y delicada», afirmó Despouy tras reunirse con los cancilleres del Grupo de Río.
Despouy admitió que algunos países consideran que las «condenas anuales» de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU están «politizadas» y esa es una realidad «que hay que corregir».
«Estoy a favor de todo lo que sea mejorar y entre eso darle más objetividad a las decisiones de la Comisión», señaló el funcionario.
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela son los países latinoamericanos que integran actualmente la Comisión.
Una comisión especial designada en febrero por los cancilleres del Grupo de Río estudia una serie de iniciativas para transformar el mecanismo de derechos humanos de la ONU.
El Informe Global de Derechos Humanos a proponerse incluirá un listado de países de acuerdo con un índice de derechos humanos elaborado con base en variables cuantificables y relativas al respeto a derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales.
«La idea del Informe Global y del índice de derechos humanos es un proyecto de mediano plazo, pues su establecimiento podría tomar unos cinco o seis años», dijo Rojas.
Rojas y el presidente Miguel Angel Rodríguez presentarán la iniciativa al secretario general de la ONU, Kofi Annan, quien el viernes comenzó una visita de tres días a Costa Rica.
«Realmente esta es una quijotada, es un paso importantísimo», resaltó a IPS el abogado y politólogo Jaime Ordóñez, encargado de diseñar el plan del informe y del índice.
Ordóñez indicó que el Informe Global contendría un expediente de violaciones de derechos humanos por país.
El proyecto de Costa Rica retoma una idea original lanzada en 1993 por Brasil, que no logró apoyo suficiente. Pero los promotores del Informe Global confían en obtener el respaldo de América Latina y el Caribe y de la UE.
No hay actualmente «parámetros internacionales para medir efectivamente el cumplimiento o incumplimiento del respeto a los derechos humanos», advirtió Ordóñez.
Estados Unidos elabora un informe anual por país sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Este informe, que se realiza desde 1976, analizó este año a 190 naciones en unas 6.000 páginas.
El documento estadounidense es preparado por el Departamento de Estado, con base en datos recopilados por su Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.
La edición de este año se dio a conocer a principios de marzo. El estadounidense Lorne Craner, secretario adjunto de Estado para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, identificó a Perú y Serbia como dos ejemplos de mejoría.
En cambio, no hubo cambios desde el informe anterior en países como Corea del Norte, Cuba y China, y se observó retroceso en Haití, Belarús, Zimbabwe y Vietnam, según Craner.
Algunos países y ONG critican el informe de Estados Unidos, pues en su opinión está redactado de acuerdo con los intereses de Washington.
La opinión pública internacional también sigue con atención los informes periódicos de organizaciones como Amnistía Internacional. En América Central, la tarea está a cargo de la no gubernamental Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (FIN/IPS/nms/ff/hd/02
