El ministro de Defensa de Argentina, Horacio Jaunarena, descartó este viernes la posibilidad de un golpe de Estado y aseguró que los militares sólo podrían ser llamados a intervenir en asuntos internos como recurso de última instancia.
Las declaraciones de Jaunarena ante la prensa extranjera siguieron a una semana de trascendidos sobre reuniones entre jefes militares, políticos y empresarios, en las que supuestamente se habló del papel de las Fuerzas Armadas ante un posible agravamiento de la crisis económica, social y política.
El ministro dijo que los militares son actualmente «los principales defensores de la institucionalidad», pues están convencidos de que las intervenciones de las Fuerzas Armadas en cuestiones políticas los desprestigian y no resuelven los problemas del país.
«Yo no veo ningún tipo de riesgo institucional», dijo Jaunarena. Los golpes de Estado requirieron, a lo largo de la historia argentina, la voluntad militar, un impulso de la sociedad civil y un contexto internacional favorable, y ninguno de esos factores está hoy presente, afirmó.
El ministro agregó que las fuerzas de seguridad (policía y gendarmería) son las encargadas de contener eventuales desbordes internos. No obstante, la Constitución prevé el llamado «en última instancia» a las Fuerzas Armadas si hay un estado de «conmoción interior» que lo justifique.
La conmoción interior ya se ha producido. Argentina está inmersa en una profunda crisis económica, social y política, agravada en los últimos dos meses, cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa renunció mientras se sucedían saqueos y protestas.
Unas treinta personas murieron y cientos resultaron heridas en choques entre civiles y policías.
El actual presidente, Eduardo Duhalde, fue elegido el 1 de enero por el Congreso legislativo para completar el mandato interrumpido de De la Rúa, pero la crisis persiste, así como la desconfianza de la población hacia las instituciones políticas y judiciales.
La diputada opositora Elisa Carrió advirtió el jueves de noche que Duhalde no llegará a fin de año en la presidencia. «No es un problema de Duhalde. El problema es que el régimen (económico) no llegará (a terminar el año), y Duhalde expresa la supervivencia de ese régimen», sostuvo.
La legisladora había advertido en febrero la gestación de «una intervención cívico-militar» y denunciado políticos y empresarios se reunían con altos oficiales militares. Las reuniones fueron confirmadas por casi todos los participantes, quienes restaron trascendencia al contenido de las conversaciones.
Carrió, líder del partido Asociación para una República de Iguales y dirigente con mejor imagen según las encuestas, consideró que «hay riesgo» para la democracia debido a «la falta de resolución de la legitimidad institucional y por la falta de una política de distribución del ingreso».
Por otra parte, Jaunarena prefirió este viernes no hacer comentarios al ser consultado sobre a la causa judicial en la que se investiga la responsabilidad de De la Rúa y otros funcionarios políticos y policiales en la represión de las protestas del 20 de diciembre en Plaza de Mayo, frente a la sede del gobierno.
Así mismo, negó que integrantes del ejército hubieran participado en la represión a los saqueos a supermercados, que motivaron el estado de sitio declarado por De la Rúa el 19 de diciembre. Jaunarena también encabezaba entonces el Ministerio de Defensa.
«El estado de sitio no supone que automáticamente las Fuerzas Armadas puedan intervenir» en la represión de disturbios, aclaró ante la pregunta de un corresponsal de la cadena de televisión estadounidense ABC que aseguró haber entrevistado a militares custodiando un supermercado de capitales franceses.
La jueza federal Maria Servini ordenó el procesamiento y la prisión preventiva del ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, del ex jefe de Policía, Rubén Santos, y anticipó que en 15 días citará a De la Rúa para una declaración como imputado de abuso de autoridad y mal desempeño de sus deberes como funcionario.
El fiscal Luis Comparatore aseguró este viernes que, en su descargo, Mathov responsabilizó a De la Rúa por haber ordenado desalojar la Plaza de Mayo, y adelantó que el ex presidente podría ser condenado aunque, por ahora, los delitos que se le imputan son excarcelables. (FIN/IPS/mv/mj/ip/02
