La justicia de Estados Unidos deberá fallar esta semana sobre la procedencia de una demanda iniciada en 1993 por indígenas de Ecuador contra la compañía petrolera ChevronTexaco, a la que acusan de contaminar la selva amazónica.
Líderes indígenas ecuatorianos comparecieron el lunes ante un tribunal federal de apelaciones en Nueva York, que deberá pronunciarse sobre la pertinencia de que el proceso contra ChevronTexaco se lleve a cabo en Estados Unidos.
Si el fallo es favorable a los demandantes, constituirá un valioso precedente para que las comunidades locales afectadas por la acción de compañías trasnacionales, litiguen a esas empresas en los tribunales de los países donde las firmas tienen sus sedes centrales.
La demanda se basa en la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, que permite a ciudadanos extranjeros litigar contra compañías estadounidenses en tribunales de ese país, por violaciones a leyes internacionales.
La demanda presentada contra ChevronTexaco en nombre de unos 30.000 ecuatorianos acusa a la empresa de contaminar deliberadamente la selva de la Amazonia ecuatoriana y de multiplicar el riesgo de contraer cáncer en decenas de miles de personas.
La compañía, con sede en la oriental ciudad estadounidense de San Francisco, negó los cargos.
El litigio fue iniciado en 1993 en Manhattan, cerca de la sede central de Texaco en Nueva York, cuando los demandantes se convencieron de que era imposible obtener justicia sobre el caso en Ecuador.
«Nuestro propósito es muy simple. Queremos que ChevronTexaco pague por el daño que ha causado», dijo Humberto Piyaguage, ciudadano ecuatoriano que viajó desde la región amazónica para asistir a las audiencias.
La querella busca compensación para miles de personas supuestamente afectadas por la contaminación, así como una orden judicial para que la compañía se haga cargo de la limpieza de la zona afectada, cuyo costo ascendería a 1.000 millones de dólares, según estimaciones de los abogados litigantes.
El caso no pudo seguir adelante en Ecuador porque su sistema jurídico no es independiente ni imparcial, y se niega a reconocer demandas colectivas de acción civil, indicaron los abogados.
El embajador de Ecuador en Estados Unidos se opuso al pleito. Sin embargo, tras presiones públicas en Ecuador a favor del proceso, el gobierno modificó su parecer y ahora lo respalda.
Texaco, que se fusionó con su ex rival Chevron en 2001, no opera en Ecuador desde 1992 y sostiene que la demanda no tiene fundamento y debería ser resuelta en el país sudamericano.
La compañía, que en un periodo de 20 años extrajo 5.300 millones de metros cúbicos de petróleo de los yacimientos ecuatorianos, alega que sus operaciones respetaron las leyes ecuatorianas y las normas industriales de la época.
«Texaco estaba firmemente comprometida con la protección de la población y el ambiente en las áreas en que actuaba», sostuvo la compañía en una declaración.
En 1995 TexPet, subsidiaria de Texaco, aceptó limpiar varios vertidos de crudo que afectaron a comunidades indígenas locales, a un costo de 40 millones de dólares.
Pero los querellantes sostienen que el acuerdo no compensó a las comunidades afectadas.
El texto de la demanda sostiene que Texaco llevó a cabo «actos negligentes, peligrosos, deliberados y escandalosos» en la Amazonia, al instalar tecnología defectuosa para la extracción, que condujo al vertido de millones de metros cúbicos de aguas contaminadas no procesadas durante 20 años.
En lugar de bombear al subsuelo las aguas contaminadas, según determinaban las normas de la industria, la compañía las virtió en cientos de pozos excavados en el terreno, sin protección para el filtrado subterráneo, sostiene la demanda.
«En consecuencia, el suelo de la selva está cubierto de hoyos. Los árboles y la vegetación se marchitan, los humedales están contaminados, el ganado ya no crece y los niños que juegan al aire libre quedan cubiertos de restos de crudo», sostuvo una declaración presentada el lunes por el ecuatoriano Frente para la Defensa de la Amazonia.
Los abogados demandantes estiman que Texaco ahorró entre tres y cuatro dólares por barril al desechar las aguas residuales en el terreno en lugar de bombearla bajo la tierra, como hace en Estados Unidos para impedir la contaminación en la superficie.
Por cada día de operaciones, Texaco derramó unos 37.853 millones de litros de desechos tóxicos en la selva, sostuvo Cristóbal Bonifaz, abogado de los indígenas.
Muestras de agua y tierra tomadas del suelo de la selva contienen proporciones peligrosas de benceno, tolueno, xyleno e hidrocarburos policíclicos aromáticos, agregó Bonifaz.
Por otra parte, los daños no cesaron con la partida de Texaco, pues la tecnología utilizada por la empresa pasó a manos de la empresa estatal Petroecuador.
El combate judicial para que el caso fuera aceptado en Estados Unidos lleva nueve años. Texaco procuró que la demanda fuera desestimada desde 1993, y desde entonces la misma ha peregrinado entre tribunales federales y de apelaciones.
El juez federal Jed S. Rakoff rechazó el proceso en dos oportunidades, alegando que debía llevarse a cabo en Ecuador.
En 1998 un tribunal de apelaciones lo retomó, sólo para que Rakoff lo desestimara nuevamente en 2000. Ahora las esperanzas de los indígenas están puestas en los tres magistrados del tribunal de apelaciones. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/lp-dc/en/02
