La exclusión de Venezuela de la próxima cumbre de cuatro presidentes andinos con el de Estados Unidos, George W. Bush, indica que Washington escogió esta región como nuevo frente para su enfrentamiento con el gobierno de Hugo Chávez.
Chávez atraviesa su peor momento político desde que llegó al poder hace tres años, al superponerse críticas abiertas de Estados Unidos, roces con la vecina Colombia, discrepancias públicas de militares, demandas de civiles para que renuncie y anuncios de una severa crisis fiscal y cambiaria.
Al panorama se ha integrado ahora la organización, por el presidente peruano Alejandro Toledo, de una reunión el 23 de marzo con sus pares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y con el de Estados Unidos.
Venezuela, socio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), quedó excluida al convocar Toledo a sus homólogos de los países favorecidos por el Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) con Estados Unidos, que premia los esfuerzos antidrogas en la región de cuatro de los cinco países del bloque.
El diario venezolano El Nacional aseveró, tras interrogar a diplomáticos en Washington que requirieron el anonimato, que la operación en realidad fue iniciativa de Bush y de sus asesores para América Latina, dispuestos a estrechar el cerco en torno del presidente venezolano.
La semana pasada, casi cada día un alto responsable estadounidense formuló duras declaraciones contra Chávez, comenzando por el secretario de Estado (canciller) Colin Powell, quien en una audiencia pública en el Senado puso en duda los compromisos de Caracas con la democracia y contra el terrorismo.
Powell criticó las visitas de Chávez a naciones con las que Estados Unidos se enfrenta cotidianamente, como Cuba, Libia, Irán e Iraq. Los tres últimos son, como Venezuela, socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
«Le hemos expresado (a Chávez) directamente nuestro desacuerdo con algunas de sus políticas, y él entiende que esto es algo que irrita seriamente nuestras relaciones», dijo Powell ante preguntas del senador Jesse Helms, del ala derecha del gobernante Partido Republicano.
Un ex embajador venezolano, que requirió el anonimato, subrayó a IPS que ese tipo de diálogos públicos entre un secretario de Estado y un comité senatorial son a menudo «de libreto preparado», lo que muestra la intención de Washington de marcar diferencias con Chávez.
Luego, el secretario de Estado adjunto, Carl Ford, dijo que hay indicios de que Chávez simpatiza con organizaciones insurgentes colombianas calificadas de terroristas en la lista del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense, a las que brinda ayuda.
«Vamos a observar con mucho cuidado» a Venezuela y su presidente, agregó.
Un día después fue el turno de George Tenet, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, quien expresó su preocupación porque el clima de crisis «probablemente empeorará en Venezuela con la caída de los precios del petróleo y la creciente insatisfacción con el gobierno de Chávez».
En las 24 horas siguientes, la cotización del dólar en Venezuela aumentó de 770 a 790 bolívares, y el nivel de reservas internacionales, ligeramente por encima de los 10.000 millones de dólares, descendió abruptamente 250 millones de dólares.
Mientras avanzaban esas declaraciones, un coronel de la aviación venezolana, Pedro Soto (sin mando de unidad alguna desde julio de 2000), y luego un capitán de la militarizada Guardia Nacional, Pedro Flores, pidieron públicamente la renuncia de Chávez.
Sus declaraciones, en el marco de un foro por la libertad de expresión que acompañaba la visita de Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desataron manifestaciones de partidos y organizaciones no gubernamentales de oposición.
Los manifestantes pidieron el viernes y este lunes la renuncia de Chávez, mientras los dos oficiales multiplicaban a través de los medios de comunicación sus llamados a la desobediencia. Partidarios del presidente también organizaron algunas demostraciones.
El habitualmente muy expresivo Chávez se ha refugiado en el mutismo. Apenas dijo, a unos pocos medios, que «Washington debe saber que en Venezuela no hay un plan terrorista, sino un gobierno democrático y de defensa de los derechos humanos».
También dijo a una televisora chilena que la insubordinación de Soto y Flores se debe a que «la oposición en Venezuela no tiene líderes», y descartó que exista descontento generalizado en las fuerzas armadas. Las «conozco porque vengo de ellas», sostuvo.
Chávez lideró el 4 de febrero de 1992, cuando era teniente coronel del ejército, una fallida asonada golpista que costó 17 vidas. Aunque fue militarmente vencido, obtuvo un resonante éxito político, siendo elegido con más de 56 por ciento de votos en diciembre de 1998.
En su auxilio, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, advirtió contra intentos de desconocer el orden constitucional en Venezuela por la vía de un alzamiento militar, formulado por políticos opositores como única alternativa.
«El presidente Hugo Chávez fue elegido democráticamente, por eso es inaceptable que un oficial de las fuerzas armadas pretenda ahora desconocer las normas del estado de derecho», dijo Gaviria, de nacionalidad colombiana.
«Las democracias que con tanto esfuerzo se han construido en el hemisferio tienen mecanismos para que la gente defienda sus derechos y fiscalice al gobierno, y la democracia venezolana no es una excepción», agregó.
El canciller venezolano Luis Alfonso Dávila envió un mensaje de agradecimiento a Gaviria. Según trascendió a la prensa caraqueña, responsables del Departamento de Estado están, en cambio, «enojadísimos» con el bálsamo ofrecido a Chávez por el jefe de la OEA.
Estados Unidos, estrechando el cerco alrededor de Chávez, está dispuesto a prorrogar en Lima el ATPA, pero seguirá rechazando la inclusión de Venezuela en el mecanismo, como ocurre desde 1991, cuando se consideró innecesario pues ese país no se produce drogas.
La diferencia entre colocar algunos productos no tradicionales venezolanos con o sin los beneficios del ATPA se ha estimado en 10 millones de dólares anuales, una cifra muy modesta para un país con exportaciones petroleras de 12.000 a 18.000 millones, y no tradicionales por 5.000 millones de dólares.
En cambio, para la relación Venezuela-Estados Unidos tiene un alto valor político y simbólico, que evidentemente será subrayado cuando en la cumbre de Lima se haga solemne la exclusión de Caracas.
En paralelo, Washington da otras muestras de apoyo a los restantes andinos, como la decisión de proteger la infraestructura petrolera de Colombia con una inversión de 98 millones de dólares, lo que puede interpretarse como búsqueda de hacer contrapeso a la capacidad petrolera venezolana.
Si la visible presión hacia Chávez cobra fuerza en la región andina, pueden crecer las salvaguardas y otras medidas de Caracas que incidirán en la CAN, un acuerdo integrador que permite transar anualmente 5.000 millones de dólares en bienes y da empleo a 800.000 personas. (FIN/IPS/jz/mj/ip/02
