Participantes del II Foro Social Mundial propusieron en esta meridional ciudad de Brasil alternativas para una economía mundial que tenga en cuenta a los más necesitados y se aparte de la tendencia a la globalización.
La cancelación de la deuda externa es una de las opciones más citadas para asegurar el desarrollo de los países pobres, aunque la sociedad civil debe estar preparada para supervisar el proceso, coincidieron expositores en el encuentro, que se extenderá hasta el martes próximo.
Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur, es por segunda vez desde el jueves sede del Foro Social Mundial, un encuentro convocado como contracara del Foro Económico Mundial, tradicionalmente realizado en la localidad suiza de Davos y este año trasladado a Nueva York.
Otra de las iniciativas planteadas en Porto Alegre es el impuesto Tobin, que lleva el nombre del economista y premio Nobel James Tobin, quien en 1972 propuso una tarifa mundial de menos de uno por ciento a los países más ricos sobre las transacciones en moneda extranjera, para disminuir la especulación financiera.
Las transacciones en los mercados de bonos y monedas superan los 1,5 billones de dólares diarios. De esa cantidad, 95 por ciento dependen los aumentos o caídas de las tasas de interés.
Con el impuesto Tobin se trata de eliminar el incentivo a la especulación y de estabilizar las tasas de cambio. La tarifa es baja para evitar un efecto adverso sobre el comercio de bienes y servicios y sobre las inversiones a largo plazo.
«El desafío es explicar a los trabajadores y a la gente común los beneficios que se obtendrán por la regulación del flujo de los capitales financieros», dijo Jayati Ghosh, economista indio y panelista del seminario Controles sobre Capitales Financieros.
Pero el impuesto Tobin no debe ser visto como la única medida posible para reducir el problema de la especulación en economías devastadas, desde Tailandia a Argentina, destacó Ghosh.
Otras opciones discutidas en el Foro Social Mundial fueron la aplicación de impuesto general de hasta 20 por ciento sobre las ganancias multinacionales, para dedicarlo al alivio de la pobreza, y un periodo mínimo de inmovilidad para capitales extranjeros.
También se examinaron controles más severos sobre el crédito bancario entregado a las compañías y sobre la salida de moneda extranjera de las economías nacionales.
Los países en desarrollo necesitarían, según cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 80.000 millones de dólares al año durante una década para cubrir sus necesidades básicas de educación, salud, alimentación, agua potable y saneamiento.
Esa cantidad equivale a un tercio de la utilizada anualmente por los países en desarrollo en pagos de su deuda, a un cuarto del presupuesto de defensa de Estados Unidos y a la mitad de los bienes acumulados por las cuatro personas más ricas del mundo, explicó Eric Toussiant, del Comité por la Cancelación de la Deuda del Tercer Mundo.
El planeo de Toussiant incluye la supresión de los pagos de la deuda y la creación de un fondo de desarrollo, el cual se debe nutrir del dinero entregado para cubrir los plazos de la deuda.
Además, el activista planteó el aumento de la ayuda oficial al desarrollo a 0,7 por ciento del producto interno bruto de los países más industrializados, lo cual representaría 150.000 millones de dólares anuales.
Por su parte, el peruano Luis Miguel Ramos, del Comité para el Estudio y la Difusión del Derecho en América Latina, dijo que, además de la «anulación total de la deuda», los países deberían aceptar que las políticas de ajuste estructural «generan más pobreza, más desigualdad y van contra los derechos humanos de la población».
El Grupo de los 8 (G-8) países más poderosos debe prestar atención a las señales de alarma que han dado las crisis financieras de México en 1995, de Asia en 1997, de Rusia en 1998, y de Argentina este año, dijo Martin Khor, de la Red del Tercer Mundo.
En base a estas señales, el G-8 «debe construir una nueva arquitectura financiera para regular el flujo de capitales y tener un mecanismo que pueda hacer frente a las crisis que hemos visto en país tras país desde 1995», apuntó Khor.
Según este activista, debería declararse una moratoria del pago de la deuda para los países afectados y un reparto de la carga entre deudores y acreedores.
La economía mundial necesita una renovación total de las políticas, con énfasis en el control de capitales y no en la liberalización financiera. Por lo tanto, se requiere un cambio radical del enfoque del Fondo Monetario Internacional (FMI), añadió.
Khor comentó que se «necesitan políticas keynesianas, que puedan llevar a la recuperación, y no políticas monetarias, que restringen la disponibilidad de circulante y aumentan las tasas de interés en los países en desarrollo».
A su vez, Lidy Nacpil, secretaria general de la Coalición Liberación de la Deuda, de Filipinas, aseguró que los pueblos no tienen motivos para pagar deudas contraídas por sus gobiernos sin consultarlos.
«Los pueblos no se beneficiaron con esas deudas, fueron otros los que se beneficiaron. Las deudas están llenas de corrupción y fraude, hay algunas contraídas por gobiernos ilegítimos, como dictaduras militares», señaló Nacpil.
«Una meta importante de nuestro movimiento es educar a la gente, hacerle cambiar su modo de pensar. El enfoque dominante sostiene que el Sur es pobre, pidió dinero y ahora no puede pagar. Esta es una visión distorsionada de la realidad», indicó.
Nacpil añadió que esta visión «incluso nos hace agradecer a los acreedores porque continúan prestándonos dinero y aceptar cualquier condición que nos impongan». (FIN/IPS/tra-en/djm-rd- ss/lp/if dv/02
