El secuestro en Colombia de la candidata presidencial Ingrid Betancourt, cautiva de las insurgentes FARC, obliga a los participantes en la campaña rumbo a las elecciones de marzo y mayo a extremar las medidas de seguridad, ante la amenaza de organizaciones armadas.
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) secuestraron a Betancourt cuando ésta se dirigía en automóvil a la sudoriental localidad de San Vicente del Caguán, sede del diálogo entre el gobierno y la organización guerrillera que el presidente Andrés Pastrana rompió el miércoles pasado.
La candidata de la coalición Colombia Nueva, a quien las encuestas atribuyen dos por ciento de los votos para las elecciones presidenciales de mayo, viajaba junto con su jefa de campaña, Clara Rojas, cuando el vehículo fue detenido por guerrilleros de las FARC.
Los rebeldes dijeron a los acompañantes de Betancourt, liberados luego, que secuestrarán y atacarán a dirigentes políticos que aceptaron la ruptura del diálogo de paz. El 10 de marzo se realizarán comicios legislativos.
Servicios de inteligencia aseguran que las FARC se proponen capturar parlamentarios y candidatos para presionar por una ley que permita el canje de los secuestrados por guerrilleros presos, dijo a IPS una fuente del gobierno que solicitó reserva de su identidad.
Los guerrilleros que detuvieron el vehículo de Betancourt «dijeron que sólo quieren (secuestrar a) candidatos presidenciales y congresistas», dijo el jefe de logística de la campaña de la candidata, Adair Lamprea, quien la acompañaba en el viaje a San Vicente del Caguán.
Pastrana ofreció este martes garantías de seguridad a los candidatos y afirmó en distintos foros que el secuestro de Betancourt y el del senador Eduardo Gechem Turbay, perpetrado la semana pasada, son «actos terroristas» contra la democracia.
El mandatario declaró el fin de las negociaciones con las FARC el miércoles último, horas después de que un comando de la organización obligó al piloto de un avión con 30 pasajeros a aterrizar en una carretera para secuestrar a Gechem Turbay, del opositor Partido Liberal.
El ejército realiza un operativo para recuperar el control de una región de 42.000 kilómetros cuadrados alrededor de San Vicente del Caguán, desmilitarizada en noviembre de 1999 para abrir el proceso de negociaciones con las FARC, principal organización insurgente de Colombia.
Unidades antiexplosivos de la policía evacuaron el lunes, ante una amenaza de bomba, un acto encabezado por el candidato presidencial del izquierdista Frente Social y Político, Luis Garzón, en un hotel en el centro de la noroccidental ciudad de Medellín.
Garzón condenó el secuestro de Betancourt y dijo que los candidatos carecen de toda protección, en un escenario de campaña al que calificó de «sálvese quien pueda».
El gobierno estudia la posibilidad de ampliar los espacios televisivos gratuitos a los candidatos para que expongan sus ideas a la ciudadanía sin arriesgar su seguridad, dijo el ministro del Interior, Armando Estrada.
Pero el candidato a la presidencia del Partido Liberal, Horacio Serpa, afirmó que «no se puede dejar de ir a las comunidades ni suspender las concentraciones en la plaza pública», porque eso equivaldría a «ceder el espacio a la intimidación de los violentos».
«Se está limitando enormemente la actividad proselitista y se está lesionando de manera determinante todo el proceso electoral» mientras el gobierno no brinda garantías suficientes para que los comicios se lleven a cabo con normalidad, afirmó Serpa.
El candidato liberal pidió el lunes a la comunidad internacional que ejerza presión para que «las FARC pongan en libertad a los cerca de 800 secuestrados que tienen en su poder».
En una carta dirigido a la ONU, a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos, a la Internacional Socialista y a todos los países con representación diplomática en Colombia, Serpa pidió ayuda para superar la crisis, pues el sistema político colombiano se encuentra «seriamente amenazado», observó.
Por su parte, el candidato a la presidencia que encabeza las encuestas, el ex liberal Alvaro Uribe, de la coalición Primero Colombia, propuso la creación de una comisión dirigida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para gestionar la libertad de Betancourt.
La presidencia de la Unión Europea condenó el lunes el secuestro de Betancourt, al que calificó de «hecho terrorista», y manifestó «su firme apoyo a la democracia de Colombia» frente a las interferencias en la campaña para las elecciones.
Las organizaciones insurgentes y los paramilitares de derecha utilizan el secuestro de candidatos para ejercer presión sobre las autoridades, dijo a IPS Jorge Rojas, dirigente del movimiento Paz Colombia, que reúne a organizaciones sociales y activistas que promueven una salida negociada a la guerra civil.
Los guerrilleros y paramilitares «imponen candidatos, controlan administraciones locales e inciden en la aplicación de la justicia, sin que haya verdaderas acciones de las fuerzas del Estado contra estas manifestaciones de violencia», afirmó Rojas.
Estas organizaciones imponen candidatos o impiden su postulación «a punta de fusil» en 40 por ciento del territorio colombiano, aseguró.
Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia tienen el propósito de controlar 35 por ciento del futuro Congreso, meta similar a la de las FARC. (FIN/IPS/yf/mj/ip/02
