Dos leyes aprobadas en Zimbabwe por los legisladores del partido gobernante ponen al presidente Robert Mugabe en situación ventajosa para lograr la reelección en marzo, y pueden llevar a la Unión Europea (UE) a sancionar al país.
Altos funcionarios de la UE se reunieron en Bruselas para considerar la posibilidad de aplicar presión económica contra Mugabe, a fin de que garantice elecciones libres y justas.
La Ley de Orden Público y Seguridad, una de las dos que se votaron el jueves, establece que es delito criticar al presidente, prohíbe las protestas públicas, y otorga a la policía nuevos poderes para dispersarlas y arrestar a sospechosos.
También obliga a la población a llevar consigo documentos de identificación personal, como debía hacerlo durante la dominación colonial británica.
La otra norma exige que la propaganda electoral sea aprobada por el gobierno antes de difundirse, y prohíbe la supervisión de los comicios por parte de observadores independientes y extranjeros. Sólo empleados publicos designados por las autoridades llevarán a cabo esa tarea.
También pide probar 12 meses consecutivos de residencia en una circunscripción a quienes deseen registrarse como habilitados para votar, prohíbe el sufragio por correo desde fuera del país, salvo en el caso de diplomáticos y soldados que cumplan misiones, y quita el derecho al voto a trabajadores migrantes.
Eso implica, entre otras cosas, que millones de zimbabwenses que viven en países vecinos no puedan votar.
Ahora es posible castigar cualquier crítica a Mugabe en la campaña para las elecciones, cuya realización los días 9 y 10 de marzo se anunció el miércoles, dijeron los legisladores de la oposición, quienes consideraron «malvadas» las nuevas leyes y oraron en el parlamemto para que el país fuera «librado de la catástrofe».
La plegaria no logró evitar que la mayoría formada por los parlamentarios de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF, por sus siglas en inglés) aprobara las dos polémicas leyes.
Las normas sobre seguridad, cuyo objetivo declarado es evitar actos de insurgencia, bandidaje, sabotaje y terrorismo, sustituyen a la Ley de Mantenimiento de la Ley y el Orden, aprobada en los años 60, durante la dominación británica, para reprimir a los nacionalistas negros.
La nueva ley es «tan severa como la que reemplaza», afirmó el analista político Brian Raftopplous.
Poco antes del anuncio de la fecha de las elecciones, y poco después de un aumento de sueldos de 100 por ciento para las Fuerzas Armadas, los mandos militares advirtieron que sólo respaldarán a un presidente que haya participado en la lucha contra la dominación de los blancos durante los años 70.
Mugabe ha gobernado el país durante 21 años, tras haber sido uno de los líderes de en esa lucha, en la cual no participó el candidato opositor, Morgan Tsvangirai, del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC).
Tsvangirai afirmó que ese pronunciamiento equivalía al anuncio de un golpe de Estado, y el MDC sostuvo en una declaración que no sólo era «peligroso», sino que constituía «un acto de traición» a la Constitución.
«Es una muestra de pánico de la ZANU-PF, que pone en evidencia una vez más el desprecio de Mugabe al proceso democrático y la Constitución. Se trata de un desesperado intento de intimidación, por parte de un régimen cada vez más despótico», dijo el secretario general del MDC, Welshman Ncube.
Este martes el parlamento volverá a reunirse para considerar un proyecto de Ley de Acceso a la Información y Protección de la Privacidad, que establece severas restricciones y controles a la actividad de periodistas locales y extranjeros, muy criticada por los sindicatos de periodistas.
Londres había anunciado que pediría en marzo, durante la cumbre de la Comunidad Británica de Naciones en la oriental ciudad australiana de Brisbane, la expulsión de Zimbabwe de la organización, si se aprobaba ese proyecto.
La Comunidad reúne a Gran Bretaña y a 53 ex colonias de ese país.
Tras la sesión del jueves del parlamento de Zimbabwe, Nueva Zelanda pidió que la Comunidad suspenda en forma urgente la afiliación del país, y la ministra británica de Desarrollo Internacional, Clare Short, dijo que la situación zimbabwense es «una tragedia de enormes proporciones». (FIN/IPS/tra-eng/lm/mn/lp- mp/ip/02
