El gobierno de Turquía rechazó una propuesta de tres colegios de abogados para poner fin a la huelga de hambre que realizan, desde hace 15 meses, presos políticos de cárceles de máxima seguridad, y que ya cobró la vida de 45 reclusos.
Los huelguistas protestan por las condiciones de aislamiento total a las que son sometidos desde diciembre de 2000, cuando fueron trasladados de cárceles comunes a prisiones con medidas extremas de seguridad.
Los colegios de abogados de la capital, Estambul, y de las ciudades de Ankara e Izmir, presentaron este mes el plan «Tres puertas abiertas», según el cual los reclusos permanecerían en sus celdas individuales por la noche, pero podrían durante el día reunirse en grupos de nueve, hasta la caída del sol.
Este arreglo responde a la preocupación del Ministerio de Justicia, sobre el estrecho control a los reclusos, así como a los reclamos de éstos respecto de su seguridad individual y el aislamiento social, explicaron los abogados.
El ministro de Justicia, Hikmet Sami Tur, afirmó en conferencia de prensa a mediados de este mes que la propuesta es inaplicable e inadmisible.
A cambio, el funcionario prometió que consideraría permitir a los prisioneros la permanencia en grupos de a 10 durante cinco horas a la semana, si éstos levantaban la medida de fuerza.
La huelga de hambre se inició el 29 de octubre de 2000, cuando las autoridades revelaron sus planes de trasladar a los presos políticos a cárceles de máxima seguridad conocidas como «Tipo F».
La medida fue iniciada por 800 presos políticos de los clandestinos Frente y Partido Revolucionario de Liberación Popular, Partido Comunista Marxista-Leninista de Turquía, y Partido Comunista de los Trabajadores, para detener los traslados y el aislamiento, que amenazaban su seguridad.
El 19 de diciembre de 2000, efectivos policiales ingresaron a 48 cárceles en todo el país y trasladaron por la fuerza a 1.005 presos políticos a prisiones de Tipo F aún en construcción.
El operativo «Retorno a la vida», que se prolongó por una semana, dejó 31 reclusos y dos efectivos muertos, y 426 prisioneros heridos.
La medida no sólo no logró poner fin al ayuno, sino que redobló la resistencia, pues otros 1.200 prisioneros se sumaron a la protesta.
Cuando la huelga cumplió dos meses, un intento de mediación de organizaciones no gubernamenales e intelectuales, como los escritores Yasar Kemal y Orhan Pamuk y el compositor Zulfu Livaneli, fracasó cuando el gobierno se retiró de la misma.
Hasta ahora han muerto 45 prisioneros y algunos familiares que se cumplieron ayuno en respaldo de la medida.
La posición de las autoridades «no es razonable», sostuvo el columnista Gulay Gokturk, del diario Sabah.
«El ministro y sus colaboradores aseguran que permitir que los reclusos permanezcan en grupos de nueve durante el día liquidaría completamente la seguridad de estas prisiones», dijo Gokturk.
«¿Es seria esta afirmación? ¿Qué daño podrían infligir a la seguridad carcelaria nueve hombres desarmados y aislados por reunirse en un corredor permanentemente controlado por cámaras y guardiacárceles? Lo que necesitamos es determinación para resolver el conflicto», sostuvo.
La última víctima del conflicto fue Lale Colak, una activista izquierdista de 27 años, procedente de la provincia de Sivas, y acusada de pertenecer a la Unión de Comunistas Turcos Revolucionarios.
Presa desde 1996, Colak fue una de las primeras trasladadas desde la cárcel Umraniye, en Estambul, a la prisión de máxima seguridad de Kartal. Tras 222 días sin ingerir alimentos, fue trasladada al hospital Bayrampasa, y finalmente liberada el 21 de diciembre de 2000.
Aunque recuperó el conocimiento durante el tratamiento, no logró superar el debilitamiento físico y murió 18 días más tarde.
Con el fin de abatir las muertes en las prisiones, el Ministerio de Justicia suspende «por razones de salud» las condenas de los huelguistas que se encuentran al borde la muerte, y los libera, basándose en una cláusula de excepción de la Ley de Ejecuciones.
Tras ser liberados, algunos continuaron con la medida en sus hogares o en los hospitales.
Por otra parte, en virtud de sus facultades constitucionales, el presidente Ahmet Necdet Seze indultó a siete huelguistas que pidieron su libertad alegando su delicado estado de salud.
En total, 350 huelguistas de hambre fueron puestos en libertad desde mayo del año pasado, siete de los cuales fallecieron al prolongar la medida fuera de la cárcel.
«La obstinación recíproca se prolonga desde hace un año y medio. El gobierno debió aceptar la salida de los colegios de abogados», dijo a IPS Umit Efe, presidenta de la Oficina de Prisiones de la Asociación de Derechos Humanos.
«Según las normas establecidas por la Unión Internacional de Médicos, se considera aislamiento el confinamiento en grupos menores a 15 personas. Por tanto, inclusive la propuesta 'Tres puertas abiertas' está por debajo de esas condiciones mínimas. Aún así, podría ser la base de una solución», sostuvo Efe.
«De hecho, los reclusos han dado señales de concesión. se Detuvieron los ayunos de apoyo a la huelga fuera de las cárceles y no hay nuevos grupos que se sumen a la medida tras las rejas», agregó.
Sin embargo, Efe estimó que los huelguistas no otorgarán nada más, y que recae en las autoridades la responsabilidad de hallar una solución. De lo contrario, «esta tragedia podría prolongarse indefinidamente, y nadie se merece esto», concluyó Efe. (FIN/IPS/tra-eng/nm/sm/dc/hd ip/02
