La decisión de la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, de permitir el despliegue de tropas de Estados Unidos en el sur para combatir a un grupo extremista islámico causó una tormenta política de desenlace imprevisible.
Este jueves llegó a la isla Basilan, en la provincia sureña de Mindanao, el primer grupo de 600 soldados estadounidenses que realizarán ejercicios militares conjuntos con 1.200 soldados filipinos con el fin de combatir a la organización radical islámica Abu Sayyaf (portador de la espada).
La llegada de las tropas de Estados Unidos se ha convertido en el mayor problema político para Arroyo, generando una amenaza de renuncia de su propio vicepresidente y canciller, además de protestas de diversos sectores políticos y expertos constitucionalistas.
Estados Unidos vinculó a Abu Sayyaf con la red terrorista Al- Qaeda del saudí Osama bin Laden, el principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
Abu Sayyaf, que tiene menos de 1.000 miembros, mantiene secuestrados a una pareja de ciudadanos estadounidenses y a una enfermera filipina, a los que amenazó con decapitar.
Funcionarios de defensa estadounidenses consideraron que el despliegue de tropas en Filipinas será el mayor en territorio extranjero fuera de Afganistán, en el marco de la «guerra contra el terrorismo» declarada por el presidente George W. Bush.
«No es un número modesto», declaró el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld.
Mientras, en Filipinas aumenta la oposición a la presencia militar estadounidense. Este jueves, el Senado inició sesiones para tratar la constitucionalidad de las operaciones conjuntas, y la policía dispersó a un grupo de estudiantes que protestaban frente al palacio presidencial.
La Constitución nacional impide que fuerzas extranjeras peleen en territorio nacional, pero Roilo Golez, asesor de seguridad nacional, señaló que el despliegue de las tropas estadounidenses está permitido por el bilateral Acuerdo sobre Fuerzas Visitantes, firmado en 1999.
Además, las fuerzas de Estados Unidos ayudarán a controlar a Abu Sayyaf, destacó el gobierno.
Por otra parte, políticos y constitucionalistas afirman que el despliegue constituye una violación a la soberanía nacional y es una ominosa señal de intervención extranjera.
Así mismo, varios senadores expresaron preocupación por la posibilidad de una escalada militar, aunque el gobierno aseguró que los soldados estadounidenses no podrán entrar en combate y tendrán un comandante filipino.
El senador Rodolfo Biazon, ex jefe del Estado Mayor del ejército, señaló que por primera vez los ejercicios se realizarán en una zona de conflicto, y que tanto los entrenadores como los entrenados dispondrán de municiones reales.
«En lugar de un enemigo hipotético, habrá un enemigo real, que se mueve y puede contraatacar», advirtió Biazon.
Jovito Salonga, quien fuera presidente del Senado cuando finalizó el acuerdo con Estados Unidos sobre bases militares, en 1991, consideró los ejercicios conjuntos «una violación de la Constitución, que prohíbe tropas e instalaciones extranjeras en Filipinas».
«Después que el Senado puso fin a más de 400 años de presencia militar extranjera en Filipinas, volvemos al peor tipo de intervención militar», lamentó.
Para millones de filipinos, la presencia de soldados estadounidenses en suelo nacional recuerda la enorme influencia política que ejerció Estados Unidos en el pasado.
A fines del siglo XIX, España cedió el archipiélago filipino a Estados Unidos a cambio de una indemnización, y entre 1899 y 1911, un millón de filipinos murieron luchando contra la ocupación estadounidense.
En los años 30, fuerzas estadounidenses participaron en la campaña gubernamental contra las guerrillas comunistas.
Durante la segunda guerra mundial, Filipinas fue ocupada por Japón, pero Estados Unidos volvió al fin de la guerra. La independencia que le concedió en 1946 fue poco más que formal, dado que el archipiélago seguía bajo su dominación económica.
Luego de un prolongado conflicto sobre la presencia de las bases militares estadounidenses, Washington optó por abandonar el archipiélago voluntariamente en noviembre de 1991.
Pero a pesar de la resistencia de algunos sectores de la población, 81 por ciento acepta la participación de tropas estadounidenses en la lucha contra Abu Sayyaf, según una encuesta realizada por la empresa Social Weather Stations.
«Quiero que eliminen a Abu Sayyaf. Nos ha hecho demasiado daño», declaró Joy Chu, una comerciante de la capital, Manila.
Fundado en los años 90 por el difunto Jadafy Janjalani, quien se entrenó y peleó con los mujaidines de Afganistán, Abu Sayyaf acumuló su arsenal gracias a rescates multimillonarios obtenidos del secuestro de civiles filipinos y turistas extranjeros.
El grupo quiere imponer un estado islámico, aunque los musulmanes constituyen apenas cinco por ciento de la población, mayoritariamente católica. Otros grupos rebeldes islámicos se distanciaron de Abu Sayyaf.
Unos 5.000 soldados filipinos están desplegados en la isla Basilan desde hace meses, pero hasta ahora no han tenido éxito. (FIN/IPS/tra-en/ms/js/mlm/ip/02
