Quinientos ilois, antiguos habitantes del atolón coralino de Diego García, en el océano Indico, iniciaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por haberlos expulsado, hace tres décadas, para instalar una base militar.
Las instalaciones militares de Diego García, una isla de 52 kilómetros cuadrados, alojan a los bombarderos B-52 que Washington utilizó para atacar Afganistán en los últimos tres meses.
Los demandantes son sobrevivientes que habitaron la isla, parte del archipiélago de Chagos, expulsados a fines de los años 60 y principios de los 70 por Gran Bretaña y Estados Unidos y trasladados, sin dinero ni pertenencias, hasta Mauricio, estado insular a 2.000 kilómetros de distancia.
La batalla legal se libra en un tribunal federal de Washington, donde los ex residentes y varios miles de sus descendientes exigen reparaciones y el derecho a retornar a su tierra natal.
El litigio, que alcanza al secretario (ministro) de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld y a varios de sus predecesores en el cargo, fue presentado en diciembre por tres ilois en nombre de 4.000 habitantes originales y sus descendientes.
La mayoría de ellos vivieron por más de 25 años en la miseria, en la capital de Mauricio, Port Louis.
Los cargos incluyen desde ingreso ilegal a propiedad privada hasta diversas violaciones a convenciones internacionales, como deportación ilegal, discriminación racial, tortura y genocidio.
Los demandantes, representados por el abogado Michael Tigar y la cátedra de derechos humanos del Colegio de Leyes de la American University, se basan en el fallo emitido en noviembre de 2000 por la Corte Suprema británica, según el cual Londres actuó ilegalmente contra los isleños y éstos tienen derecho a retornar.
«Este caso se basa en el fallo británico, que estableció un principio y también ayudó a desarrollar las pruebas principales», dijo Tigar a IPS.
Gran Bretaña, potencia colonial de Diego García, y Estados Unidos, que negoció con Londres una cesión de la isla por 50 años a cambio de un descuento de 14 millones de dólares en un programa de misiles, ignoraron en el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a sus propios parlamentos.
Washington y Londres alegaron que los ilois eran, en realidad, trabajadores zafrales de las Islas Mauricio y Seychelles, y no habitantes originales de Diego García.
Sin embargo, documentos secretos del gobierno británico probaron que Londres sabía que las islas habían estado habitadas en los 200 años anteriores.
Los pobladores, según estos documentos, descendían de esclavos africanos y trabajadores indios llevados para cultivar plantaciones de coco establecidas por la Francia, potencia colonial antes que Gran Bretaña.
De la noche a la mañana, la mayoría de los ilois obtuvieron ciudadanía de Mauricio, cuyo gobierno recibió un pago de cinco millones de dólares, mientras Londres arregló que el resto fueran naturalizados en Seychelles.
Entre 1965 y 1973, unos 4.000 ilois fueron expulsados de sus hogares, mientras Estados Unidos comenzaba a construir su base naval y aérea más importante del oceáno Indico, equidistante de Africa, el Golfo, India, Asia sudoriental, Australia y Afganistán.
La expulsión se efectuó en tres etapas. En principio, a los residentes que se iban ocasionalmente de la isla no se les permitía el regreso. En una segunda etapa, Londres clausuró las plantaciones y cortó el suministro de alimentos y medicinas para forzar la emigración.
Finalmente, los que aún permanecían en Diego García fueron capturados, embarcados por la fuerza y depositados en Mauricio y Seychelles.
La armada estadounidense y las empresas constructoras transformaron el lugar en una base militar y en una gigantes central de comunicaciones, y destruyeron virtualmente todas las huellas de la vida anterior.
Se prohibió el regreso de los ilois, incluso como trabajadores temporales, mientras se contrataba a cientos de personas de Mauricio, Seychelles, Sri Lanka y Filipinas para trabajar en la construcción y ampliación de la base, afirma la demanda.
«¿Por qué naturales de Singapur y de Filipinas podían trabajar en Diego García y a nosotros no se nos permitía regresar? Tenemos derecho a volver, aunque haya un acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña», dijo a la cadena estatal de radio y televisión británica BBC el demandante Olivier Bancoult, tras conocerse el fallo en Londres.
Nacido en 1964, Bancoult viajó con su familia a Mauricio en 1967 en busca de tratamiento médico para una herida. Cuando intentaron regresar, meses después, se les informó que ningún barco los trasladaría y que la isla había sido vendida.
«La familia fue abandonada a sí misma, sin compensación, sin alimentos y sin ayuda para reinstalarse», agrega la denuncia.
Marie Therese Mein, de 68 años, fue una de las embarcadas por la fuerza. Los militares estadounidenses amenazaron a los últimos residentes con bombardearlos si no se iban, aseguró la litigante.
Además del gobierno estadounidense, el litigio alcanza a casi todos los secretarios de Defensa, desde Robert McNamara, que ocupó el cargo entre 1961 y 1968, hasta Rumsfeld, quien fue secretario de Defensa entre 1975 y 1977, cuando se completaron las deportaciones.
La demanda se extiende a la compañía Halliburton, cuya subsidiaria Brown & Root fue una de las constructoras de la base. Aunque no está entre los litigados, el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, fue director de Hilliburton entre 1995 y 2000.
El proceso podría habilitar la negociación de un acuerdo de reparaciones y el derecho a retornar a la isla, cuestiones que estudia el gobierno británico a la luz del fallo de la Corte Suprema.
En cambio, Washington se ha resistido hasta ahora a negociar. El director de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado entre 1998-2000, Eric Newsome, intentó que Londres no permitiera el regreso de ningún ilois a Diego García.
«El gobierno estadounidense no ha mostrado ninguna disposición a negociar, pero mantenemos la esperanza», afirmó Tigar. (FIN/IPS/tra-eng/jl/aa/dc-mj/ip hd/02
