Políticos y empresarios de Estados Unidos de visita en Cuba se sienten protagonistas de un momento histórico de las relaciones bilaterales, en el que intervienen intereses comerciales.
«El embargo no sirve a los mejores intereses», dijo el gobernador George Ryan, del estado de Illinois, en el centro-oeste de Estados Unidos. Ryan inició el jueves su segunda estancia en Cuba con una ayuda médica valorada en un millón de dólares.
El gobernador, a quien acompañan empresarios farmacéuticos de Illinois, coincidió en Cuba con ejecutivos de Cargill, una de las más poderosas empresas transnacionales de alimentos de Estados Unidos, y de la cadena de supermercados Marsh.
Cuba ha recibido muchos visitantes estadounidenses este mes, como varios legisladores, más de 500 empresarios y unos 700 estudiantes y académicos del proyecto «Semestre en el mar», de la Universidad de Pittsburgh, sin contar los turistas que violan las leyes que impiden el viaje directo entre los dos países.
«Es tiempo de finalizar el embargo y de dar plena bienvenida a Cuba al mercado internacional», afirmó Ryan, el único gobernador estadounidense que ha visitado la isla desde el ascenso al poder en 1959 del presidente Fidel Castro.
Desde su primer viaje a fines de 1999, Ryan se declaró contrario a las normas que, aprobadas sucesivamente por el Congreso de Estados Unidos desde 1960, prohíben el comercio con Cuba.
Las sanciones económicas contra Cuba la isla privan a los productores estadounidenses de «un mercado enorme de consumidores, de 11 millones de personas».
«La larga espera ha terminado. Este es un momento realmente histórico», consideró a su vez Warren Staley, presidente y director ejecutivo de Cargill, tras manifestar su satisfacción con la primera venta realizada por esa empresa a Cuba desde 1992.
Cargill, con presencia en 57 países y que factura 48.000 millones de dólares, exportaba alimentos a Cuba antes del embargo y luego lo siguió haciendo a través de subsidiarias en terceros países hasta 1992, cuando esa vía fue también clausurada por la ley estadounidense impulsada por Robert Torricelli.
En noviembre del año pasado, Cargill Americas, una subsidiaria de Cargill, vendió cerca de 54.000 toneladas de maíz, trigo y aceite de soja a la empresa estatal cubana Alimport.
Esa transacción formó parte de un intercambio más amplio por un monto de 35 millones de dólares, solicitado por Cuba «de manera excepcional» para reemplazar las reservas de alimentos utilizadas en noviembre, tras el paso del huracán Michelle
Estados Unidos aprobó en 2000 la venta al contado de alimentos y medicinas a Cuba, pero el gobierno de Castro se negó en aquel momento a adquirir ni una aspirina y ni un grano de arroz a ese país hasta que el levantamiento del embargo fuera completo.
El presidente de Alimport, Pedro Alvarez, indicó el jueves que un «gesto» de Washington, como la agilización de las licencias especiales que ahora se requieren para una operación comercial con Cuba, sería respondido «positivamente» por La Habana.
El gobierno de Castro también interpretaría como una señal merecedora de una respuesta positiva la aprobación de un proyecto de ley que contempla la financiación privada a las ventas de alimentos y medicinas a Cuba, transacción que ahora puede realizarse sólo con pago al contado.
Alvarez añadió que su país representa para los productores estadounidenses un receptor de alimentos de varios cientos de millones de dólares a corto plazo. Cuba está en condiciones de pagar al contado, pero el intercambio sería mayor si tuviera financiamiento, explicó.
«Cuba es un mercado natural para el agricultor estadounidense. La cercanía entre ambos países es una ventaja para los costos y en la calidad», afirmó Staley, quien reconoció su deseo de que esta primera transacción comercial conduzca a un mejoramiento de las relaciones.
Para el empresario, los «pasos lógicos» ahora serían el levantamiento de las restricciones al financiamiento de las ventas de alimentos y también de la prohibición a los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla.
El aumento de los contactos entre ambos países en los últimos meses provocó el rechazo de organizaciones de exiliados cubanos en Estados Unidos, que además no descartan negociaciones entre los dos gobiernos.
Otra señal de distensión entre Washington y La Habana fue la decisión del gobierno de Castro de no obstaculizar el traslado a la base naval estadounidense en Guántanamo, sudeste de Cuba, de prisioneros capturados en Afganistán.
El gobierno cubano, incluso, dijo estar en «disposición de cooperar con los servicios de asistencia médica que fuesen requeridos» y en programas de saneamiento y campañas contra vectores y plagas en áreas periféricas del enclave militar de Guantánamo.
Ante la nueva situación, unos 10 grupos anticastristas se unieron el 22 de este mes para protestar contra la intención que adjudican al presidente estadounidense George W. Bush de privilegiar intereses económicos por encima de la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano.
«Si la tendencia de la actual administración es armonizar con el régimen de Castro, pues entrará en confrontación con el exilio cubano», advirtió José Basulto, presidente de la organización anticastrista Hermanos al Rescate.
Ese grupo y el Movimiento Democracia, ambos con sede en Miami, organizan desde 1996 flotillas aéreas y marítimas que llegan hasta las cercanías de la isla para protestar contra el gobierno de Castro.
Precisamente, dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, que realizaban una incursión de ese tipo en el espacio aéreo cubano fueron derribadas el 24 de febrero de 1996 por la fuerza aérea de Cuba.
El incidente provocó la llamada «crisis de las avionetas», que puso punto final a un incipiente proceso de distensión entre Washington y La Habana. (FIN/IPS/da/dm/ip/02
