Una ola de secuestros en Brasil, concentrada en el meridional estado de Sao Paulo, devolvió a la seguridad pública carácter prioritario en los discursos políticos, ante el temor a la «colombianización» de la sociedad.
La sensación de inseguridad se agravó a causa del asesinato del alcalde de la localidad paulistana de Santo André, Celso Daniel, un alto dirigente del centroizquierdista Partido de los Trabajadores (PT) secuestrado el viernes de noche en Sao Paulo y ejecutado a balazos en el rostro en la madrugada del domingo.
Pero la multiplicación de secuestros ya venía aterrorizando a la población de la región metropolitana de Sao Paulo, principal foco industrial brasileño, y de algunas ciudades cercanas, como Campinas.
En el estado de Sao Paulo se sumaron 307 casos de secuestro en 2001, más de cuatro veces la cantidad del año anterior, según datos preliminares de la Secretaria de Seguridad Pública del gobierno provincial.
El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de Delincuentes (ILANUD), que analiza la evolución de la criminalidad con datos trimestrales, registró en el estado de Sao Paulo 63 casos en 2000 y 180 en los nueve primeros meses de 2001.
En todo Brasil ILANUD calculó, sobre la base de proyecciones, que hubo 522 secuestros en 2001, el doble que en 2000.
«El aumento en Sao Paulo acompañó el del resto del país, a excepción de Río de Janeiro. Hubo estados donde la tasa de crecimiento fue muy superior a la paulista», dijo a IPS el investigador de ILANUD Tulio Khan.
Pero los casos de mayor impacto ocurrieron en Sao Paulo, como el de Patricia Abravanel, hija de Silvio Santos, dueño de la segunda red brasileña de televisión, y el de Washington Olivetto, el publicitario más premiado del país, secuestrado hace más de 40 dias y aún desaparecido. La serie culminó con el asesinato de Celso Daniel.
La proliferación de ese tipo de crimen despertó temores de que Brasil se encamine a una situación similar a la de Colombia, pese a las realidades nada comparables.
Colombia sufre miles de secuestros al año, gran parte por motivos políticos, producto de varios procesos generadores de violencia como el dominio de organizaciones insurgentes sobre parte del país, la actividad de paramilitares de derecha y de narcotraficantes y una fuerte tradición de «limpieza social» (exterminio de supuestos delincuentes).
En Brasil, casi todos los secuestros tienen fines extorsivos, y por eso sus objetivos son, en general, empresarios o personas reconocidamente ricas.
El gran aumento registrado el año pasado es atribuida a la reducción de los llamados «secuestros-relámpago», que pueden durar de minutos a pocas horas, cometidos para obtener pequeñas sumas, explicó Kahn.
Este delito está «técnicamente incluido entre los robos» y por lo tanto no se lo considerada secuestro, pues no contempla el cautiverio y se limita a pequeñas sumas, explicó Kahn. La víctima es, en general, forzada a retirar dinero en las cajas electrónicas de los bancos.
Su diseminación llevó a los bancos y autoridades a adoptar medidas el año pasado, como el cierre de esas cajas a partir de las 22 horas (10 PM) y la limitación de las sumas diarias disponibles para cada usuario.
La explosión de la cantidad de secuestros coincidió con las dificultades impuestas al secuestro-relámpago, lo que permite deducir que hubo un desplazamiento de uno a otro delito, señaló Kahn.
La excepción es Rio de Janeiro, que en 1992 vivió un auge, con 124 secuestros, pero logró reducirlos a solo cinco en 2000 y a dos en el primer semestre de 2001.
Kahn atribuyó ese descenso a la eficacia del teléfono «disque- denuncia», por el cual la población ofrece información anónima sobre delitos, de la Comisaria Antisecuestro y, paradójicamente, del narcotráfico organizado.
«A mayor organización del crimen corresponde una menor violencia», porque no es ventajoso para las bandas de delincuentes atraer la represión policial, sostuvo.
El caso de Celso Daniel realzó la epidemia criminal, aunque no es típico. Sus secuestradores no pidieron rescate y lo torturaron antes de ejecutarlo, reveló el exámen de su cuerpo, fortaleciendo la hipótesis de que se trató de asesinato político practicado por grupos de extrema derecha, remanentes de la última dictadura militar.
Pero la violencia ya había tenido un fuerte impacto en el país una semana antes, cuando un grupo criminal ametralló una mujer delante de su residencia, en Campinas, después de tenerla como rehén durante varios dias.
Al parecer se trató de un brutal escarmiento porque la familia, de clase media, no había logrado la suma exigida, cerca de 40.000 dólares.
Campinas, una ciudad universitaria y de industrias de alta tecnología, con cerca de un millón de habitantes a 100 kilómetros de Sao Paulo, vive aterrorizada por el gran aumento de la criminalidad local en los últimos años.
Con la repercusión nacional e internacional del asesinato de Celso Daniel, el problema de la violencia ganó importancia en la disputa electoral de octubre, cuando los brasileños elegirán un nuevo presidente, gobernadores estaduales, diputados y senadores.
El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, y el líder del PT, Luis Inacio Lula da Silva, llevaron al presidente Fernando Henrique Cardoso nuevas propuestas contra la criminalidad, como la creación de un organismo nacional, la adopción de prisión perpetua y el embargo de propiedades de los secuestrados.
La violencia es, según las encuestas, una de las principales preocupaciones de la población, pero un Plan de Seguridad Pública anunciado por el presidente Cardoso hace un año quedó sin aplicación y el presupuesto para esa area fue reducido 28 por ciento el año pasado. (FIN/IPS/mo/mj/ip/02
