El fuerte operativo de seguridad organizado el viernes de noche por la policía de la capital argentina se descargó sobre manifestantes que se dispersaban después de una masiva demostración de protesta y los disturbios se prolongaron hasta la madrugada de este sábado.
Las fuerzas de orden público atacaron con gases lacrimógenos y balas de goma a los últimos participantes de una manifestación de protesta que se hallaban cerca de la casa de gobierno, en el centro de la capital, y extraoficialmente se informó de cerca de 70 detenidos. Hay también una cantidad indeterminada de heridos.
Miles de personas convocadas por asambleas barriales creadas tras las movilizaciones de diciembre que derribaron al gobierno de Fernando de la Rúa, se concentraron en el centro en demanda de empleo, alimentos y la supresión de las restricciones que limitan la extracción de depósitos de los bancos.
También hubo manifestaciones en ciudades del interior, aunque la protesta tuvo mayor repercusión en Buenos Aires, donde fue encabezada por sectores de ingresos medios que reclaman a golpes de cacerolas la devolución de sus depósitos en dólares y en pesos.
Los participantes exigieron también la renuncia de la Corte Suprema de Justicia, a la que consideran al servicio del gobierno de turno, y volvieron a expresar su repudio a los dirigentes políticos.
Tras provocar el 20 de diciembre la caída de De la Rúa y poco después la dimisión del sucesor de éste, Adolfo Rodríguez Saá, que sólo gobernó una semana, el «caceroleo» presiona a Eduardo Duhalde, que lleva 26 días en la presidencia.
«La represión comenzó en el momento en que fue agredida la policía», aseguró el comisario Héctor Roncati, uno de los responsables del operativo policial, citado este sábado por el diario Clarín en su página web.
Los manifestantes respondieron arrojando piedras contra la policía y contra la fachada de algunos bancos, que habían sido blindadas para evitar la rotura de cristales y los incendios.
Las cacerolas resonaron en el centro de la capital hasta la medianoche, a pesar de una intensa lluvia, golpeadas por unas 15.000 personas que se habían congregado a las 21 (24 GMT) en la Plaza de Mayo, ante la casa de gobierno.
«Todos los días se mueren de hambre cien niños en la Argentina. Hay que ver esta plaza como si aquí estuvieran esos cien cadáveres», dijo la presidenta de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, participante en la manifestación.
Bonafini afirmó que Duhalde debe permanecer en la presidencia, «porque si se va, vendrán otros que son lo mismo. Que se quede y haga las cosas como corresponde», sostuvo.
La mayoría de las columnas integradas por desempleados y de «piqueteros» -que con frecuencia bloquean los principales accesos a Buenos Aires- procedentes de la periferia de la ciudad, fueron interceptadas por la policía antes de su arribo a la Plaza de Mayo.
La concentración se cumplió de modo pacífico hasta que las fuerzas de seguridad comenzaron la represión. Algunos manifestantes resultaron heridos por las balas de goma disparadas por los agentes y otros fueron afectados por los gases lacrimógenos.
El colapso de la economía determinó a las autoridades a suspender el pago de una deuda pública que ronda los 140.000 millones de dólares (algo más de 45 por ciento del producto interno bruto) y cuyos altos intereses acabaron con la capacidad de respuesta de De la Rúa.
Así mismo, el gobierno de Duhalde puso fin al rígido sistema de caja de conversión que durante 10 años mantuvo la estabilidad del peso, con respaldo en las reservas internacionales del Banco Central.
El tipo de cambio oficial, destinado a la mayoría de las operaciones financieras de comercio exterior, fue fijado en 1,40 pesos por dólar, lo que significó una devaluación de 28,6 por ciento. El turismo y otras transacciones se rigen por el mercado libre de cambios, donde el dólar se cotizó el viernes a 1,65 pesos para la venta.
La actividad económica cae desde 1998, el desempleo llega casi a 21 por ciento de la población activa y más de un tercio de los 36 millones de habitantes de Argentina viven en la pobreza.
Las ventas de los supermercados disminuyeron 5,7 por ciento en 2001, informó el Instututo Nacional de Estadística y Censo. En el mismo período, los centros comerciales facturaron 16,4 por ciento menos. El mayor impacto, en ambos casos, fue el mes de diciembre, con retrocesos hasta más de 35 por ciento, según la misma fuente.
Las manifestaciones del viernes sumaron intensidad a la protesta que, en forma permanente, se realiza en todo el país. Mientras, el gobierno no logra resolver los problemas más acuciantes y demora la elaboración de un plan para restablecer reglas de juego en la economía.
Tampoco termina de definir la propuesta que presentará ante el Fondo Monetario Internacional para negociar la ayuda económica que le permita aliviar la crisis. La inestabilidad de los bancos, que no están en condiciones de devolver sus depósitos a los ahorristas, le impide eliminar las restricciones al retiro de dinero en efectivo.
Algunos analistas coinciden en que la devolución de los depósitos en la moneda en que fueron realizados es fundamental para acabar con la protesta de la clase media.
Si se terminan los «cacerolazos», se apagaría en gran medida la movilización en la capital, que es la que ha conseguido mayor espacio en la cobertura de los medios de prensa, según los analistas.
Sólo continuarían movilizados los desempleados, los pobres y los «piqueteros». Es decir, los grupos que luchan hace años contra programas económicos que los marginan.
La crisis amenaza a las instituciones y a los partidos políticos. «Somos apolíticos», aclaraban algunos manifestantes, como si la filiación política fuera reprobable.
Con partidos políticos y dirigentes excluidos y sin militantes resulta difícil proyectar un escenario electoral, más aún en un contexto de gran conflictividad social.
Las elecciones anticipadas que anunció Rodríguez Saá para marzo en su breve paso por el gobierno fueron anuladas por el Poder Legislativo al designar a Duhalde como nuevo presidente. (FIN/IPS/va-ff/ip/02
