La concentración de la industria mundial del oro amenaza la capacidad de influencia de comunidades locales, afectadas por los problemas ambientales creados por la explotación aurífera, advirtieron activistas.
La compañía canadiense Placer Dome, una de las seis mayores del mundo en el sector minero, se acercó a las organizaciones no gubernamentales (ONGT) en busca de asistencia para diseñar políticas compatibles con el ambiente.
Luego de un trabajo conjunto de tres años en el ámbito del llamado Grupo de Denver, los activistas confiaban en la adopción de varias recomendaciones.
Instaban a la firma a no arrojar desechos en los cursos de agua, abstenerse de explotar yacimientos en áreas protegidas y colaborar con organizaciones internacionales y locales ante la aparición de problemas.
«Este es un ejemplo concreto sobre la forma en que la consolidación del sector detuvo los avances o inclusive empeoró la situación», dijo Stephen D'Esposito, presidente del Centro sobre Política Mineral, una organización no gubernamental (ONG) con sede en Washington.
«Estábamos avanzando. Varias cuestiones estaban a punto de convertirse en compromisos de la firma», aseguró D'Esposito.
Sin embargo, desde la última reunión de marzo de 2000, que coincidió con el nombramiento de un nuevo director ejecutivo, D'Esposito espera respuestas de Placer Dome, mientras crecen los rumores de que la compañía podría venderse o fusionarse.
«Sólo estamos reevaluando los compromisos. Hay varias iniciativas en marcha en la industria en este momento. Algunas cuestiones que discutimos con el Grupo de Denver están avanzando, pero no necesariamente dentro de ese grupo», afirmó el vicepresidente de sustentabilidad de la firma, Keith Ferguson.
«No creo que tenga que ver con la concentración, sino con la forma en que la industria está entendiendo la sustentabilidad y las diferentes cuestiones y formas de invertir nuestro tiempo», agregó.
Una de esas propuestas es la Iniciativa Minera Mundial, puesta en marcha por Placer Dome y otras ocho compañías en 1998 para afrontar el desarrollo sustentable y preparar al sector para la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, que se llevará a cabo en Sudáfrica, en septiembre.
Según Ferguson, tales proyectos no impiden a las empresas tratar las preocupaciones comunitarias.
«Si se trata de cuestiones de naturaleza general podrían manejarse mejor por grupos o asociaciones de empresas con las ONG. Si es una comunidad específica, probablemente sea mejor que la empresa en cuestión trate con una ONG», opinó Ferguson.
Otros dos gigantes del sector aurífero están pujando por expandir su poderío. La estadounidense Newmont podría ocupar el primer lugar de la industria si su oferta supera la de la australiana AngloGold, para adquirir a Normandy Mining, la mayor productora de oro de Australia.
«Las comunidades indígenas, ya afectadas por el cianuro, las pilas de mercurio, los residuos tóxicos y la violación de lugares sagrados, (daños) asociados a las operaciones de Newmont y Normandy, afrontarán peligros mayores si ambas se unen para formar la mayor compañía aurífera del mundo», sostuvo un comunicado de organizaciones ambientalistas.
El texto fue firmado por la estadounidense Proyecto Subterráneo, el Instituto de Política Mineral de Australia y la Red de Presión Minera de Indonesia.
Newmont posee la mayor parte del principal yacimiento de oro de América del Sur, la mina de Yanacocha, en Perú. Los habitantes de la zona acusaron a los operadores de contaminar el ambiente y enriquecerse explotando la mano de obra local.
En junio de 2000, un camión en viaje hacia la mina perdió 150 kilogramos de mercurio, pero la empresa no informó del accidente, que afectó la salud de 300 personas, hasta el día siguiente.
Por su parte, Normandy, que explota 19 yacimientos en cinco continentes, intenta desde hace 10 años reanudar las operaciones de una mina en Turquía.
Un movimiento local contrario al uso del peligroso proceso de extracción del oro mediante el lixiviado de cianuro logró el año pasado un fallo favorable de la Suprema Corte, que ordenó mantener la suspensión de la explotación.
Pero la subsidiaria de Normandy, Eurogold, continúa presionando al gobierno turco para reabrir la mina.
Otra compañía envuelta en la nueva oleada de consolidación es la canadiense Barrick, que adquirió por 2.300 millones de dólares a la estadounidense Homestake, y trabaja en conjunto con AngloGold.
Las estrategias de propagación de riesgos de las compañías son similares a las de las aseguradoras, y les permiten abandonar una operación cuando ésta supone una nueva carga de responsabilidad, explicó el jefe de investigación de la oficina canadiense del Sindicato de Trabajadores del Acero de Estados Unidos, Hugh McKenzie.
«En efecto, los administradores locales tienen tan poco poder como la comunidad para determinar la suerte de una explotación», afirmó McKenzie.
La nueva realidad de la industria obliga a modificaciones en la relación con las ONG, estimó por su parte D'Esposito.
«Cuanto más grandes son las empresas, más cantidad de operaciones manejan y eso dificulta el trabajo de influenciarlas. La presión entonces depende de cómo modifiquemos nuestras estrategias, pues influenciar a una empresa en Papúa Nueva Guinea puede exigir el trabajo conjunto en Washington, Londres y Sydney», concluyó. (FIN/IPS/tra-eng/ml/aa/dc/en/02
