Los productores de algodón y azúcar de los valles de la costa de Perú advirtieron al gobierno de Alejandro Toledo que cortarán el tránsito en las carreteras sino adopta medidas de protección para el sector.
Los algodoneros piden aumento del precio de su producto en el mercado interno, mientras que los azucareros reclaman la restauración de las disposiciones arancelarias que los protegían frente a la competencia externa.
La mayor parte del azúcar peruana es producida en los antiguos latifundios afectados por la reforma agraria de 1969, la mitad de los cuales fueron nuevamente privatizados luego del fracaso de las cooperativas creadas entonces. De la industria azucarera dependen más de 275.000 personas.
En cambio, el algodón es producido por pequeños y medianos propietarios, aunque algunas cooperativas agrícolas del central departamento de Ica y del septentrional Piura tienen algodonales en explotación.
Algodoneros de Ica, valle situado 300 kilómetros al sur de Lima, cortaron el tránsito a lo largo de 17 kilómetros de la carretera Panamericana durante 56 horas el fin de semana pasado, una protesta que fue reprimida por la policía.
El bloqueo de la carretera fue levantado luego de que los manifestantes recibieron la promesa de que sus demandas serían atendidas antes de fin de mes, y ante la amenaza del gobierno de presentar un proyecto de ley para penalizar con más de cuatro años de cárcel a quienes promuevan o ejecuten cortes de rutas.
Pero los dirigentes de la asociación de algodoneros advirtieron, a su vez, que no podrán evitar que los productores prosigan con las protestas si el gobierno no resuelve sus problemas.
Este sector reclama al gobierno que obligue a las empresas mayoristas de algodón en rama pagar un precio mínimo de 130 soles (unos 38 dólares) por quintal métrico (100 kilogramos), 32 soles por encima de lo que reciben en la actualidad y que, según dicen, no alcanza a solventar los costos de producción.
El Ministro de Agricultura, Alvaro Quijandría, prometió estudiar la imposición de un precio básico, pero anticipó que la carencia de recursos fiscales y la tendencia a la baja de los valores en los mercados internacionales dificultaba ese tipo de medidas.
Quijandría señaló que se examinan tres alternativas de solución al problema, como la fijación de un precio de referencia mínimo, el otorgamiento de un bono de reconocimiento a los agricultores y una sobretasa arancelaria a la importación de algodón.
«Los precios dependen del mercado internacional y el gobierno de Toledo, cuya línea económica es neoliberal, no parece dispuesto a imponer precios controlados», comentó el economista Hugo Aquino, editor de la revista Avance Económico.
Aquino comentó que el asunto «es delicado y compromete no sólo la pauta económica del gobierno sino que también podría perturbar sus proyectos de creación de empleos, basados en la exportación de productos manufacturados y de confecciones textiles».
En caso de que «no se establezcan protecciones arancelarias, salvo que se adopte algún mecanismo compensatorio, no se podría obligar a las desmotadoras (firmas mayoristas) que compran el algodón en rama a pagar (precios) por encima de lo que podrían conseguir en el mercado internacional», añadió.
«Pero tampoco se puede optar sin cuidado por las sobretasas, porque encarecerían los insumos de un sector exportador en expansión, como es el de textiles y de manufacturas, que ahora es muy competitivo, pero que podría dejar de serlo si suben mucho sus costos», concluyó Aquino.
Por su parte, los productores azucareros demandan la reimplantación de las sobretasas arancelarias de protección a la importación de otros países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en especial de Colombia, que fueron eliminados el 4 de enero.
«No estamos en condiciones de enfrentar la supresión de las sobretasas. Si no se restaura esa disposición, las cooperativas azucareras colapsarán y la crisis afectará a las 275.000 personas que dependen del sector», advirtió Héctor Centurión, dirigente de los productores azucareros.
Centurión informó que en la reunión de dirigentes azucareros, realizada el fin de semana pasado en la Cooperativa Casa Grande, se suscribió un compromiso para promover un movimiento nacional de productores agrícolas, que incluya a otros sectores igualmente afectados por la supresión de las sobretasas.
La eliminación de los aranceles para la importación de productos agropecuarios procedentes de la CAN, conformada por Bolivia Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, comprende también las compras de arroz, maíz y lácteos.
La CAN se popone profundizar el proceso de integración con la conformación de un mercado común.
El legislador Michael Martínez, de la oposición, indicó que la supresión de las sobretasas, «además de perjudicar a los productores nacionales porque en los demás países andinos sí se imponen, provocará un menor ingreso fiscal de 57 millones de dólares únicamente en los rubros de azúcar, arroz, maíz y leche».
«Ese decreto no favoreció a nadie, salvo a los importadores, pues la supresión de los aranceles no hizo bajar el precio del azúcar al público ni en un céntimo», dijo el parlamentario.
Luis Abugattas, presidente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales, dijo que la cuestión de los precios agrícolas ocupará el centro de atención en la reunión de presidentes y ministros de Economía de la CAN, que se realizará a fines de mes en la central ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.
«Lo importante es que los negociadores peruanos que asistan a la reunión de Santa Cruz incluyan el tema de las franjas agrícolas y participen en el debate sin perder de vista el interés de nuestros sectores agrarios», comentó el experto.
Abugattas agregó que en Perú, como consecuencia de la línea ortodoxa neoliberal del destituido gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), no existe ningún sistema de incentivos o compensaciones para las exportaciones agropecuarias ni mecanismos de protección del mercado interno.
«Ese no es el caso de los demás países andinos, en los que existen diferentes dispositivos de protección de sus mercados, incluyendo medidas paraarancelarias, como exigencias de certificados sanitarios, cuyo cumplimiento toma meses en resolverse», explicó.
Sin embargo, en Perú, «ese certificado sanitario se pide con posterioridad», apuntó.
«No se trata de demandar ventajas sino de buscar homogeneidad y equidad en las medidas arancelarias y paraarancelarias, evitando las distorsiones», concluyó Abugattas. (FIN/IS/al/dm/lb/02
