Un creciente número de latinoamericanos afectados por el VIH/sida reciben atención de parte del Estado y tienen acceso a un servicio médico digno. Pero todavía no son todos los que la necesitan.
El mexicano Hugo Estrada, de 43 años, es portador del virus del sida hace cinco años y se declara feliz. Estrada tiene estudios de postgrado, acceso a medicamentos antirretrovirales, atención médica oportuna y recibe terapia con psicólogos y tanatólogos.
Además, cuenta con los beneficios de una pensión laboral por «incapacidad» y su familia lo apoya.
El caso de Estrada podría ser considerado común en un país industrializado, pero en América Latina, donde viven 1,4 millones de personas con VIH/sida, 130.000 de las cuales se infectaron este año, es una excepción.
«Soy un privilegiado», reconoció Estrada. Su buena fortuna, argumentó, está ligada a tener seguro social estatal y educación académica, pero sobre todo a su liderazgo en una organización de portadores del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH/Sida en México.
«No puedo pensar en un futuro muy largo, pero con el tiempo que me queda y la esperanza de nuevos medicamentos, siempre voy a dar la lucha», dijo.
Los activistas por los derechos de los portadores de VIH reconocen que en América Latina hay importantes avances en la atención médica, y que mucho tiene que ver con el descubrimiento de nuevos fármacos, especialmente los antirretrovirales que, al destruir o evitar la replicación del virus, transformaron el sida en una enfermedad crónica.
Sin embargo, un número elevado de personas infectadas continúan todavía excluidas de los servicios de salud y marginadas socialmente.
Muchos contagiados son miembros de comunidades que por su pobreza y baja escolaridad no demandan los tratamientos disponibles y, si los consiguen, los siguen sin mucha disciplina.
El problema no es «sólo individual, sino social», sostuvo Marclei Guimaraes, sociólogo brasileño portador del sida. «Con bajos ingresos», el respeto del tratamiento «es baja, no por falta de voluntad, sino por las condiciones sociales objetivas», señaló.
En los países industrializados, la atención a los portadores de sida se considera de calidad. En Estados Unidos, por ejemplo, el gasto en salud por persona asciende a 4.180 dólares. En cambio, en América Latina ese rubro es de 349 dólares promedio, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
«No podemos compararnos con un país rico. En América Latina son pocos los que brindan una atención similar a la que dan en Estados Unidos», indicó Estrada.
Pero hay avances. En Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia declaró en abril que todos los afectados por el sida deben tener cobertura médica, incluida la entrega de fármacos antirretrovirales, se elevó de 2.000 a 10.000 el número de personas atendidas entre fines de 2000 y este año.
En ese país habría unos 62.000 portadores del VIH.
Unos 105.000 portadores de Brasil reciben hoy atención gratuita del Estado y la cantidad aumenta entre 15.000 y 20.000 personas por año. No obstante, 500.000 más estarían contagiados, y pocos los saben.
Brasil se destaca su capacidad de producción de medicamentos genéricos contra el sida, por la cual se ha enfrentado con las transnacionales farmacéuticas que defienden a rajatabla sus patentes.
«El éxito del programa brasileño se debe a la respuesta precoz (del gobierno) al sida, la participación de la sociedad civil y la defensa, en los ámbitos nacional e internacional, del acceso a todos los medicamentos», asegura Rosemeire Munhoz, coordinadora adjunta del programa SIDA del ministerio de Salud de Brasil.
Cuarenta y uno por ciento de todos los medicamentos contra el sida distribuidos en Brasil en 2000 a un costo de 303 millones de dólares fueron producidos por laboratorios locales.
Chile también registra avances. El Estado puede asegurar hoy el acceso a medicamentos antirretrovirales a 81 por ciento de las 3.212 personas con prescripción de tratamiento, casi el doble de años anteriores. En ese país se estima que hay 40.000 portadores del virus.
El Estado chileno debe imponerse la meta de atender a todos los enfermos de la mejor manera posible, pero si no lo consigue no infringirá ninguna ley, declaró Cinthya Morales, del Consejo de Defensa del Estado.
Esa postura es rechazada por las organizaciones no gubernamentales. El Estado debe atender a todos, sin excepción, sostuvieron activistas en los países de la región.
La ampliación de la cobertura en Chile se logró en parte gracias a las negociaciones del gobierno con cinco empresas farmacéuticas, lo que permitió reducir 50 por ciento promedio el precio de los medicamentos, indicó Gloria Berríos, funcionaria de la Comisión Nacional del SIDA.
En México, el Estado atiende con antirretrovirales a cerca de 20.000 personas, 85 por ciento de los enfermos, afirmó Carlos Magis, director de investigación del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida.
Los activistas creen que ese porcentaje es menor si se consideran los subregistros. Se calcula que existirían en total alrededor de 120.000 personas infectadas.
Además, en México hay 4.400 enfermos de sida que están fuera del sistema de seguridad social. Su única alternativa para recibir antirretrovirales es lograr colarse a un programa especial del gobierno cuyo alcance está limitado a apenas 2.000 personas.
Si un portador mexicano requiere atención y no tiene seguro, debe esperar a que algún paciente incluido en el programa se retire de él o muera. La única alternativa puede ser «encerrarse en casa y esperar la muerte», lamenta Estrada.
En México, Brasil, Chile y Venezuela, el apoyo del Estado es vital para los portadores del virus, pues en el sector privado el costo de los antirretrovirales significaría para un enfermo gastos mensuales de entre 700 y 1.000 dólares, monto imposible de pagar para la mayoría.
Aunque los gobiernos de la región aún tienen mucho por hacer, es claro que antes la situación era más difícil.
La mejora en la calidad y cantidad de la atención médica costó trabajo y vidas, coincidieron en reconocer los activistas y los gobiernos.
En 1998, el chileno Anthony García y otras dos personas infectadas pidieron a la justicia de su país que obligara al Estado a entregarles antirretrovirales. Los jueces locales rechazaron su pedido, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón.
García vive y recibe hoy gratuitamente los medicamentos de parte del Estado, pero sus compañeros fallecieron mientras luchaban por esa causa.
El cambio en el combate al sida en América Latina se relaciona con el activismo de los enfermos, la movilización de organismos internacionales y la negociación de los gobiernos con las empresas farmacéuticas, que abarató hasta 80 por ciento el costo del tratamiento, como en el caso de la compañía Merck en México.
No se trata, sin embargo, de una conquista integral. Aún son pocos los portadores de la región que reciben del Estado un trato similar al que tiene el mexicano Estrada.
«Lastimosamente, en este país (México) y en otros, si no presionas, no gritas o demandas no pasa nada. Si no te pones pilas (activo), te vas (mueres)», dijo Estrada.
El apoyo psicológico, la frecuencia de los exámenes de laboratorio, la cura y control de las enfermedades que genera el sida son aún precarios en la mayoría de países, dicen los activistas.
«El servicio médico del Estado es pésimo. Además, los medicamentos nunca están a tiempo. Yo llevo un año pidiendo uno nuevo, pero dicen que debo esperar más», apuntó Humberto, un portador mexicano de 35 años, despedido a los 31 de un medio de comunicación, luego de ser diagnosticado con VIH/sida.
Para que un nuevo medicamento contra el sida, de los que se usan en los países industrializados, llegue a México, transcurren generalmente seis meses, tiempo que puede significar la muerte de un portador.
Arturo González, de Venezuela, opinó que «aún hay marginación e insensibilidad incluso entre algunos médicos», pero aseguró que el trato está cambiando «porque saben que ahora estamos dispuestos a defender nuestros derechos».
Pero además, los expertos indican que a mejor atención a los enfermos de sida, menor será el costo para los gobiernos. El caso brasileño lo demuestra. Allí, la entrega de cócteles de medicamentos a los portadores de VIH entre 1995 y 1999 redujo a la mitad la mortalidad por esa enfermedad.
Sólo en Sao Paulo, ciudad que concentra 21 por ciento de los casos registrados en Brasil, la reducción fue de 54 por ciento.
Además, entre 1997 y 2000 disminuyó 80 por ciento las internaciones hospitalarios relacionadas con el sida y las llamadas enfermedades oportunistas que desata.
En conjunto, la mejora en la atención representó para el gobierno un ahorro de 677 millones de dólares, afirmaron las autoridades.
Los gobiernos de América Latina reconocen el impacto en el ahorro, pero argumentan que los problemas económicos coyunturales limitan sus objetivos. No obstante, prometen que harán hasta lo imposible para ampliar la calidad y cantidad de la cobertura médica.
«La experiencia colectiva en el VIH/sida ha evolucionado hasta el punto que ahora es posible afirmar que es técnica, política y financieramente factible reducir radicalmente su propagación e impacto», dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Koffi Annan.
Hasta que eso suceda, brindar atención integral y de calidad a todos los infectados con VIH/sida, como la que recibe el mexicano Estrada, seguirá siendo en la mayoría de países una meta aún por alcanzar. (Con informes de Mario Osava/Rio de Janeiro, Gustavo González/Santiago y Andrés Cañizález/Caracas) (FIN/IPS/dc/mj/he/01)
(*) Con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida
