Todas las miradas apuntan este jueves, cuando el Congreso de Estados Unidos decidirá si otorga la «vía rápida» pedida por el presidente George W. Bush, un mecanismo que condicionará la nueva ronda de negociaciones de la OMC y las conversaciones sobre el ALCA.
Existe un moderado optimismo en América Latina y en el propio gobierno de Bush sobre una resolución favorable del Congreso para avanzar en las negociaciones de la OMC (Organización Mundial de Comercio) y en el ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas), ejes fundamentales del sistema comercial de los próximos años.
Estados Unidos y Chile iniciaron el martes en Miami su novena ronda de conversaciones para un tratado bilateral de comercio, con el expreso pedido de Washington de excluir los asuntos que podrían ser resueltos una vez que Bush obtenga la facultad de la «vía rápida».
El antiguo «fast track», de cuya traducción literal derivó el término de «vía rápida» es ahora, en rigor, el TPA, sigla en inglés del Trade Promotion Authority, que el Congreso estadounidense votará el 6 de este mes.
Analistas internacionales coinciden en que sin la TPA será prácticamente imposible que Estados Unidos pueda negociar la creación del ALCA y materializar los compromisos asumidos para un nuevo esquema de intercambio internacional en el marco de la OMC.
El TPA consiste en esencia en la renuncia del Congreso estadounidense a su facultad para debatir y votar cláusula por cláusula los tratados de comercio que negocie el Poder Ejecutivo, limitándose a votarlos en bloque.
La tercera Cumbre de las Américas, realizada en abril en la ciudad canadiense de Québec, acordó finalizar en enero de 2005 las negociaciones del ALCA para lograr que durante ese año los poderes legislativos ratifiquen ese tratado continental de comercio.
El ALCA pretende establecer una vasta zona de libre comercio «desde Alaska hasta el cabo de Hornos», con los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos, de la cual Cuba está excluida desde 1962.
En tanto, las negociaciones multilaterales que la OMC acordó el mes pasado en su conferencia ministerial de Doha, la capital de Qatar, comenzarán formalmente en enero de 2002 entre los 144 países miembros de la organización, para finalizar también en 2005.
«El tratado bilateral de Estados Unidos con Chile, calificado en su hora como 'un globo de ensayo para el ALCA', parece ser ahora también una avanzada para que Bush dimensione sus perspectivas en la OMC», dijo a IPS el consultor independiente Julián Correa.
En las negociaciones bilaterales chileno-estadounidenses, iniciadas el martes en Miami y que se prolongarán hasta el 4 de diciembre, se excluyeron a petición de Washington las cuestiones laborales, ambientales, agrícolas y de solución de controversias.
Así, las discusiones se centrarán en las cláusulas sobre acceso a mercados, productos textiles, reglas de origen, servicios financieros, inversiones, tránsito temporal de productos, medidas de salvaguardia, normas técnicas y estándares tecnológicos, normas sanitarias y fitosanitarias y de propiedad intelectual.
Los asuntos excluidos son en alguna medida los más conflictivos desde el punto de vista de los intereses representados en el Congreso estadounidense, y Bush espera obviarlos a través del PTA, según indicaron fuentes diplomáticas en Santiago.
La actual ronda de conversaciones es considerada fundamental por los chilenos, representados en Miami por los negociadores del gobierno y también por dirigentes empresariales de los principales sectores de exportación de este país sudamericano.
Osvaldo Rosales, director de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería chilena, quien encabeza la misión, expresó su confianza en que esta ronda de negociaciones bilaterales pueda ser la última, para tener definido el tratado en febrero de 2002.
Esta expectativa se vería favorecida por la decisión de los negociadores estadounidenses de «sacar de la mesa» los conflictos aspectos laborales y ambientales, dejando su resolución a las facultades que Bush ejercería si se le concede la facultad del TPA o «vía rápida».
Sin embargo, el gobierno estadounidense pidió mantener en la tabla de las conversaciones con Chile las normas estadounidenses que castigan prácticas de competencia desleal de precios o «antidumping».
«Esto puede ser interpretado como una concesión a los legisladores, para no arriesgar un rechazo del TPA», comentó Correa.
Los subsidios agrícolas, las normas «antidumping» y las cláusulas laborales y ambientales son los nudos más difíciles de deshacer, no sólo en negociaciones comerciales de Estados Unidos con América Latina sino también entre el Norte industrializado y el Sur en desarrollo.
Así quedó de manifiesto en las complejas conversaciones previas a la cumbre americana de Québec y en el dificultoso acuerdo que se logró en la conferencia ministerial de la OMC en Doha.
Hugo Fazio, director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, recalcó que los cambios de Estados Unidos en materia de subsidios agrícolas y normas «antidumping» se deben a su necesidad de ganar aliados en el área internacional abierta con los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
Esta misma necesidad de contar con un amplio apoyo de la comunidad mundial a la ofensiva militar contra Afganistán, hizo que en el Congreso estadounidense se revisaran posiciones proteccionistas y se abriera paso para la «vía rápida». (FIN/IPS/ggr/dm/if/01
