Proxenetas de México compran niñas centroamericanas de 12 a 15 años por 100 o 200 dólares, aseguró la organización no gubernamental Casa Alianza, dedicada a la protección de los infantes pobres de la región.
Casa Alianza, ganadora el año pasado del premio Conrad N. Hilton, considerado el Nobel de los derechos humanos, afirmó que la pobreza y el hambre empujan a decenas de niñas de América Central p-la mayoría de Honduras— a manos de traficantes que las venden a burdeles de la meridional ciudad mexicana de Tapachula.
El documento fue presentado este miércoles en Yokohama, Japón, donde se celebra el Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, y también en Costa Rica, donde Casa Alianza tiene su sede para América Latina y el Caribe.
El británico Bruce Harris, director de Casa Alianza para América Latina, sostuvo que, tras una rigurosa evaluación, se constató que los gobiernos de la región no tienen programas específicos para ayudar a sobrevivir a los niños y niñas de la calle, ni para evitar que sean víctimas de la explotación sexual.
Casa Alianza difundió el Primer Informe Regional sobre Tráfico de Niños y Explotación Sexual, en que alerta sobre graves violaciones de derechos humanos sufridas por los niños y niñas de la región y de México.
En el informe, que presenta datos sobre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, se revelan detalles del creciente auge en la producción de pornografía infantil y de comercio sexual de menores.
De acuerdo con el informe, la sociedad centroamericana y mexicana no brinda a los niños y niñas pobres de la calle ninguna alternativa que no sea la de robar o la de ofrecer su cuerpo por una comida y un lugar donde dormir.
Las niñas hondureñas vendidas a proxenetas del sur de México «abandonaron su país después de la devastación producida por el huracán Mitch (registrado en noviembre de 1998), pensando que iban a conseguir trabajos como meseras», según la investigación de Casa Alianza.
El informe, cuya elaboración insumió nueve meses, fue producido por expertos de Casa Alianza y del Fondo para la Niñez Audrey Hepburn, con recursos adicionales del Fondo de Canadá y el Fondo para la No Violencia.
Los expertos realizaron la investigación en condiciones peligrosas pues se infiltraron en redes de paidófilos y de productores de pornografía. Casa Alianza denunció a integrantes de esas redes, de los cuales cinco fueron arrestados en Costa Rica por producción y distribución de pornografía infantil.
Uno de los detenidos trabajaba en una dependencia de la estatal Universidad de Costa Rica, donde pudo introducir a menores y abusar sexualmente de ellos frente a las cámaras de vídeo.
Miles de imágenes pornográficas fueron confiscadas. Más de 60 niños y niñas víctimas de esta red ya fueron localizados.
Una de las principales conclusiones de Casa Alianza es que la región no cuenta con leyes adecuadas para combatir el tráfico de niños y niñas ni la pornografía infantil.
Por ejemplo, en Guatemala «cualquier persona puede enfrentar una condena más larga» por hurtar un vehículo que «por robar o traficar» un menor, indica el informe.
Casa Alianza aseguró también que muchos niños y niñas de la calle sufren abusos en Honduras. Mil menores en esa situación murieron entre 1998 y diciembre de 2001, según un registro de la organización.
Otra organización no gubernamental, Defensa de los Niños Internacional (DNI), sostuvo que en América Central y México debe hacerse un fuerte trabajo de prevención para amparar a miles de menores que son potenciales víctimas del comercio sexual.
«Las redes de tráfico de menores que existen en el istmo son muy poderosas y manejan su negocio como los narcotraficantes», dijo a IPS la portavoz de DNI, la chilena Nora Bruna.
El problema de la explotación sexual infantil fue dejado de lado durante muchos años por la mayoría de los gobienos de la región, lo que obliga a desplegar programas de capacitación y prevención dirigidos no sólo a los niños en riesgo sino también a quienes trabajan en el sistema judicial, agregó Bruna.
Ante las numerosas críticas por la situación en Costa Rica, el gobierno respondió con la creación de una Gerencia contra la Explotación Sexual y con la elaboración de una Ley de Intervenciones Telefónicas, ya aprobada, para combatir a los proxenetas.
«La proliferación del comercio sexual infantil es un problema por el que atravesamos todos los países en desarrollo», dijo a IPS Alma Benítez, fiscal de la Comisión para los Derechos Humanos en Centroamérica.
Benítez sostuvo que ahora los países centroamericanos están tratando abiertamente este problema, que en el pasado se trató de ocultar.
Organismos internacionales estiman que cada año un millón de niños y niñas se convierten en víctimas de la explotación sexual en todo el mundo. (FIN/IPS/nms/mj/hd pr/01
