La prostitución es un negocio floreciente en España, donde afecta a unas 300.000 personas y mueve más de 10.000 millones de dólares al año, según un informe presentado por el comisario de policía Manuel Javier Peña.
Esa actividad reconoce varios escenarios, desde la prostitución individual, la organizada en locales de «alterne» (una manera española de mencionar a los prostíbulos más o menos disfrazados) y la controlada en la calle por grupos mafiosos, hasta la ofrecida a través de avisos en todos los diarios.
En el escalón más bajo y más perseguido se encuentran quienes ejercen la prostitución en o desde la calle y en plazas o parques públicos.
Aunque en España prostituirse individualmente es legal y el proxenetismo o explotación de la prostitución de terceros es un delito penal, en la práctica se persigue a los más pobres, mayoritariamente mujeres inmigrantes.
Esa persecución la realiza la policía, pidiéndoles una y otra vez sus documentos de identidad, mientras que los vecinos de los barrios por donde deambulan organizan protestas públicas, molestos por lo que consideran un mal ejemplo o porque su presencia rebaja el valor de sus viviendas.
Pero, al mismo tiempo, los periódicos publican páginas y páginas de avisos explícitos, sea cual sea su línea editorial, desde el centenario ABC hasta los más nuevos y exitosos El País o El Mundo, pasando por las publicaciones de provincias y ciudades en todo el país.
El diario El País, por ejemplo, publica diariamente un millar de esos anuncios, mientras el conservador ABC no repara en colocar el llamado de «Belén, 20 años, estudiante, con medidas increíbles… te haría todo lo que me enseñes» o el de «Vipagency, sensuales señoritas, hoteles, domicilios, apartamentos, cenas, viajes».
En los anuncios de la prensa hay algunas trampas y pocas diferencias.
Entre las trampas están los teléfonos que empiezan con 906, en el que el precio de la comunicación es cargado a quien llama. Los lectores son incitados a llamar a una mujer que pone: «mi marido me pone los cuernos». También está «Jorge, sólo para mujeres, muy discreto» o «señora rubia, sexy, desea relación esporádica».
Quienes llaman a esos números telefónicos con el prefijo 906 verán alargarse el tiempo de las llamadas, preguntas, ofrecimientos, chistes y cualquier otra cosa, sin que obtener al final un contacto personal. El resultado lo podrán sufrir cuando reciban sus facturas telefónicas, altamente abultadas.
Peña, comisario de policía de La Coruña, la mayor ciudad gallega, ubicada en el noroeste de la península ibérica, presentó su informe en el Foro Internacional de Prostitución, celebrado a fines de noviembre.
El documento señala que existe un millar de locales de alterne en España y que unas 300.000 personas, en su mayor parte mujeres, se prostituyen, la mitad de las cuales son colombianas, 10 por ciento procede de los países del este europeo y seis por ciento de Nigeria.
El comisario Peña comentó en el foro que, en caso de regularse el oficio, el Estado podría recaudar fuertes sumas de dinero en concepto de impuestos.
Sin embargo, aún se mantiene la prohibición de vender y comprar una relación sexual, pese a la doble moral existente en este país, que castiga con una mano a las prostitutas y con la otra marca los teléfonos de los anuncios publicados en los diarios en la sección denominada «relax».
La reacción es doble en las organizaciones femeninas. Algunas, como Concha García, de la asociación Hetaira, que defiende a las prostitutas, sostiene que «no se quiere reconocer que lo suyo es un trabajo y que eso implica derechos como personas y como trabajadoras».
Por eso reclaman, entre otras cosas, que en la Casa de Campo, un enorme parque madrileño, se instale alumbrado, instalaciones por si llueve y otros servicios para quienes ejercen allí la prostitución, muchas veces sobre el césped del parque y otras en los automóviles de sus clientes.
En cambio, Ana Migues, presidenta de Alecrin, un grupo gallego de estudios sobre las mujeres, sostuvo que «la prostitución es una esclavitud sexual, ni siquiera es un trabajo».
Para apoyar su tesis, Migues señaló que no es una relación entre iguales, «sino un sometimiento de la mujer al hombre», y recuerda que «ni una sola prostituta querría que su hija se dedicara a lo mismo que ella».
Por eso, cree que legalizar la prostitución sería avalar una suerte de mercantilismo entre seres humanos y otra forma más de vulnerar los derechos humanos de las mujeres.
La organización no gubernamental Médicos del Mundo, tras atender y estudiar a miles de profesionales del sexo, llegó a la conclusión de que 88 por ciento son mujeres, ocho por ciento transexuales y cuatro por ciento restante son hombres.
El estudio añade que una de cada cuatro personas dedicadas a la prostitución sufrió algún tipo de agresión y que 68 por ciento presenta síntomas del síndrome de estrés postraumático. (FIN/IPS/td/dm/pr/01
