Policías y militares de Venezuela causaron en un año la muerte de 241 personas, la cifra más alta «en situación de normalidad» desde que una organización no gubernamental lleva un registro del fenómeno.
El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) confirmó este viernes, al presentar su balance anual octubre 2000-septiembre 2001, que la cifra de muertos a manos de policías y militares es la mayor desde 1989, cuando comenzó a documentarse el problema.
El informe de la organización, una de las más reconocidas en Venezuela en el área de los derechos humanos, consta de 500 páginas en las que pasa revista a la situación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
En la mayoría de esos derechos, Venezuela «muestra una regresión», dijo a IPS Carlos Correa, coordinador general de Provea.
Entre los fenómenos constatados figura «el alarmante aumento de casos de violación del derecho a la vida y a la integridad personal, la existencia de casos de desaparición forzada de personas y la provisoriedad de la justicia», precisó Correa.
Por su parte, el coordinador de información de la organización no gubernamental, Antonio González, recalcó a IPS que Venezuela «presenta un cuadro contradictorio» en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
En cuanto a los derechos a la salud, a la educación, a la alimentación y a la tierra, «existen políticas que a nivel conceptual son consistentes con una visión garantistas de los derechos humanos», señaló González.
Sin embargo, la investigación de Provea constató que «a nivel de ejecución, coordinación y gerencia se presentan enormes fallas que implican una débil incidencia en la precaria situación de esos derechos», relacionados directamente con las carencias sociales en el país.
Provea le señaló al gobierno de Hugo Chávez que «las buenas intenciones no logran tener impacto» para consolidar y mantener una política oficial que garantice plenamente los derechos humanos en el país.
Chávez cumplirá tres años en el poder el 3 de febrero de 2002. El militar retirado triunfó con un gran apoyo popular e impulsó una serie de reformas políticas e institucionales bautizadas por él mismo «revolución social bolivariana».
En el nuevo marco institucional, en diciembre de 1999 entró en vigencia la Constitución Bolivariana, que diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos consideraron un avance en materia de derechos humanos, pues contiene un capítulo específico en la materia.
De acuerdo con Provea, luego de dos años de expectativas favorables respecto del gobierno, en el periodo entre octubre de 2000 y septiembre de 2001 «se diagnostica que en muchos casos se presentaron importantes regresiones».
El aumento de muertes a manos de policías y militares, 41 por ciento superior al registrado en el informe anterior de Provea, es el «signo más alarmante» de la actuación de «grupos de exterminio» en al menos seis provincias del país, según de la Defensoría del Pueblo.
Provea incluyó por primera vez el derecho a la seguridad ciudadana en su análisis, y en ese sentido constató que la tasa de homicidios se cuadruplicó en los últimos 14 años. El año pasado, en este país de 23,9 millones de habitantes se registró poco más de 8.000 asesinatos.
«De los casos conocidos policialmente en 2000 sólo fueron cerrados 36 por ciento. De éstos sólo 2,7 por ciento obtuvo sentencia definitiva en los tribunales, lo que representa un nivel mínimo de eficacia y un alto nivel de impunidad de los delitos», recalcó González.
Por otro lado, en el periodo analizado en el informe se conocieron cinco casos de desaparición forzada de personas a manos de organismos de seguridad del Estado.
En materia de derecho a la justicia, «después de dos años de intervención del Poder Judicial la situación ha empeorado: 90 por ciento de los jueces son de carácter provisorio, lo que significa un retroceso a niveles previos a 1991».
Al referirse a derechos de carácter económico y social, Provea indicó que «los planes gubernamentales para revertir la grave situación de desempleo y economía informal no han garantizado una mejora».
El desempleo asciende a 15 por ciento y la informalidad, a 51. Los trabajadores informales perciben ingresos 34 por ciento por debajo de quienes desempeñan la misma tarea en empleos formales, y el salario mínimo, equivalente a 200 dólares, sólo cubre 75 por ciento de la canasta alimenticia básica.
Por otra parte, Provea sostuvo que «se registraron importantes avances legislativos» para garantizar los derechos indígenas, si bien éstos «no tienen todavía un expresión en mejoras de los niveles de vida» de la población originaria.
En el acto de presentación del informe, el coordinador de la organización no gubernamental, Carlos Correa señaló que la amplia investigación sirve para documentar una realidad, pero también para llamar la atención de las autoridades.
Correa llamó al gobierno a «rectificar en políticas que son contrarias a la vigencia plena de los derechos humanos», así como «a mejorar su capacidad de gestión con un espíritu inclusivo y democrático». (FIN/IPS/ac/mj/hd/01
