El Día Internacional de los Derechos Humanos se conmemorará este lunes en un panorama inquietante y desolador, agravado por los ataques terroristas del 11 de septiembre, lamentó Mary Robinson, principal funcionaria de la ONU en materia humanitaria.
El aspecto más negativo se refleja en los conflictos armados que persisten en el mundo, en la intimidación de defensores de los derechos humanos, con frecuencia asesinados, y en la intolerancia religiosa y la discriminación racial en todos los continentes.
Pero Robinson, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayó los efectos de los episodios del 11 de septiembre, un acto terrorista de tal dimensión que sólo puede verse como delito contra la humanidad, dijo.
El ataque suicida contra objetivos de Nueva York y Washington presentó nuevos desafíos en el campo de los derechos humanos, sostuvo Robinson.
Pocos días después de los atentados, la alta comisionada previno sobre la posibilidad de que las disposiciones que se adoptaran para combatir al terorismo erosionen los derechos humanos y las libertades, e inclusive algunos aspectos del imperio de la ley.
Dos meses más tarde, Robinson se declaró preocupada por un decreto dictado en Estados Unidos que puede amenazar principios fundamentales como la prohibición de realizar detenciones arbitrarias y también los derechos a la libertad y la seguridad de las personas.
Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos humanos expresaron inquietudes similares.
Amnistía Internacional sostuvo que la tragedia del 11 de septiembre ha sido usada como una excusa para socavar aún más la protección de los derechos humanos, en especial el derecho de los refugiados.
El secretariado internacional de Amnistía observó que también ha sido utilizada para intensificar la persecución de opositores.
Los derechos humanos afrontan amenazas crecientes efectuadas en nombre de la seguridad, dijo Amnistía en una declaración emitida con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Robinson expresó preocupación porque las disposiciones introducidas en Estados Unidos para afrontar el terrorismo carecen de referencias precisas a los derechos fundamentales, en especial al patrocinio legal de los acusados y a un juicio justo.
Los atenuantes esgrimidos sobre el escaso tiempo transcurrido para juzgar los procesos contra terroristas en Estados Unidos y la tradición de ese país de respeto al imperio de la ley no convencen a Robinson.
La funcionaria de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) manifestó igualmente su preocupación porque esas garantías no figuran en las órdenes militares dictadas por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
Hasta el 11 de septiembre, el debate en el campo humanitario giraba en torno de la indivisibilidad de los derechos humanos, que reconoce a los derechos económicos, sociales y culturales, un rango similar al que tienen los más tradicionales derechos civiles y políticos.
Un grupo de expertos latinoamericanos reunidos esta semana en Ginebra opinaron que la preocupación por la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales se encuentra en ascenso en casi todo el mundo.
La misma Robinson se declaró más esperanzada que a comienzos de este año sobre la posibilidad de realizar un debate serio sobre el contenido ético de la mundialización. Mucha más gente comprende ahora la importancia de ocuparse de las diferencias que existen en el mundo, explicó la alta comisionada.
El segundo asunto dominante este año en materia de derechos humanos fue la Conferencia Mundial contra el racismo, realizada en Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 8 de septiembre.
Robinson la definió como un diálogo mundial «honesto y doloroso» sobre uno de los problemas más graves de la humanidad.
Sin embargo, tres meses después de concluida la conferencia, sus resultados aún siguen siendo debatidos entre el grupo africano, representado por Sudáfrica, y la Unión Europea, por Bélgica.
El bloque africano sostiene que tres párrafos aprobados en Durban, referidos una compensación por daños infligidos por la esclavitud y el colonialismo, corresponden al texto del Programa de Acción, donde se incluyen las disposiciones que los gobiernos deberán adoptar.
Los países europeos afirman que los párrafos en discusión pertenecen a la Declaración y no tienen, por lo tanto, valor vinculante. Las negociaciones entre als dos parrtes prosiguen en la sede de la ONU de Nueva York.
Pero después del 11 de septiembre, el debate humanitario se ha concentrado prácticamente en las consecuencias de las acciones contra el terrorismo.
Robinson manifestó inquietud por la situación humanitaria en Afganistán, que en corto plazo ha sido empeorada por la estrategia militar, el desplazamiento de numerosos civiles, el efecto de los bombardeos y la interrupción de servicios vitales.
La alta comisionada estimó necesario realizar una investigación cuidadosa de lo ocurrido en la prisión de Mazar-i-Sharif, en Afganistán.
Informes de organizaciones no gubernamentales dijeron que numerosos prisioneros de guerra alojados en esa cárcel murieron bombardeados por la aviación estadounidense o ametrallados por sus carceleros, miembros de la Alianza del Norte.
También opinó que los líderes de las fuerzas combatientes en Afganistán que hayan violado los derechos humanos no deberían participar en el futuro gobierno del país.
La Oficina de la Alta Comisionada alienta una interpretación de los episodios del 11 de septiembre que no se ocupe de los síntomas, entre ellos el combate al terrorismo, sino que examine las causas subyacentes de esos fenómenos y de las divisiones profundas que se registran en el mundo. (FIN/IPS/pc/mj/hd/01
