El gobierno de Italia se propone dejar a los agentes de los servicios secretos con las manos libres para cometer ciertos delitos en el cumplimiento de su misión, si bien no asesinato ni lesiones.
El proyecto de ley prevé que los agentes secretos podrán interceptar teléfonos sin autorización de un juez, violar domicilios e incluso robar, y sólo deberán informar de esos actos al director del servicio que autoriza la misión.
«Finalmente podremos interceptar teléfonos sin el riesgo de ser sometidos a investigación» por omitir el pedido de autorización a la justicia, dijo un agente al diario La Repubblica, en una entrevista publicada el jueves.
«Cuando se apruebe esta reforma, podremos trabajar más y mejor y, en mi opinión, de manera más correcta porque contaremos con reglas claras», dijo el funcionario, cuya identidad fue mantenida en reserva por el periódico.
El agente no descartó que se cometan abusos, «como también ocurre ahora, pero dependerá mucho del profesionalismo de los agentes». De todos modos, agregó, «la reforma debe ser acompañada por un cambio total en la calidad del personal, que ahora es muy mala», afirmó.
El ministro de Administración Pública, Franco Frattini, cuya cartera redactó el proyecto de ley, dijo que «sólo un agente de cada tres es verdaderamente operativo». El resto «son solo burócratas», explicó.
Frattini sostuvo que, por el principio supremo de la seguridad del Estado, es necesario permitir a los funcionarios de prevención e inteligencia que realicen actividades que hasta ahora configuraban delitos.
«Frente a la necesidad de robar una bolsa donde podría haber un plano para un atentado o entrar en una casa donde se cree que hay terroristas, prevalece el interés de la seguridad nacional», sostuvo el ministro.
El general Giovanni Mori, director del Servicio de Informaciones de Seguridad Democrática (Sisde), apoyó el proyecto de la reforma y planteó la necesidad de contratar más funcionarios especializados.
El ministro Frattini se manifestó de acuerdo con la contratación de nuevos agentes, si bien no adelantó cuántos serán, pues, dijo, se trata de un dato secreto. De cualquier modo, aseguró, se reclutarán personal altamente calificado.
La coalición opositora de centroizquierda criticó la reforma anunciada por el gobierno de centroderecha.
El presidente del comité parlamentario que supervisa los servicios secretos, senador Massimo Brutti, del partido ex comunista Democráticos de Izquierda, dijo que éstos deberían seguir bajo el control de los poderes Legislarivo y Judicial para evitar violaciones de derechos humanos.
El conductor de la lucha contra la mafia, Pier Luigi Vigna, se pronunció también por el mantenimiento del control judicial sobre la actividad de los servicios secretos para impedir «excesos».
Los servicios secretos italianos han estado involucrados a menudo en escándalos e intentos frustrados de golpe de Estado.
Los servicios secretos creados tras el fin de la segunda guerra mundial, entre 1947 y 1948, incluían funcionarios fascistas, lo cual condicionó sus actividades. También pesó la presión de Estados Unidos para impedir una victoria electoral del Partido Comunista.
El Servicio de Informaciones de las Fuerzas Armadas (SIFAR), la primera agencia de inteligencia italiana de la posguerra, tuvo una estructura militar y se ocupó de actividades tanto nacionales como internacionales.
Pocos años después, proliferaron núcleos paralelos y se registraron los primeros escándalos: se descubrieron 157.000 fichas de ciudadanos, políticos y empresarios, que fueron destruidas.
En 1964, el comandante del SIFAR, general Giovanni De Lorenzo, encabezó un frustrado golpe de Estado a cargo de los carabineros, la policía militarizada, en una operación denominada «Piano Solo».
El SIFAR fue transformado en el Servicio de Informaciones y Defensa (SID), pero mantuvo el mismo personal, que más tarde apareció involucrado en atentados cometidos por grupos de extrema derecha.
En 1977 nacieron las actuales agencias de inteligencia, el Servicio de Informaciones de Seguridad Militar (SISMI), dependiente del Ministerio de la Defensa, y el SISDE, del Ministerio del Interior.
El primer escándalo de estos nuevos servicios explotó en 1981, cuando en la lista de la logia ilegal Propaganda Due (P2) aparecieron numerosos nombres de sus funcionarios, pero no hubo entonces ningún intento de reforma hasta el actual proyecto del gobierno. (FIN/IPS/jp/mj/ip hd/01
