Las leyes de protección deben ser acompañadas con políticas sociales coherentes para detener la violencia contra la mujer, que cada día cobra nuevas víctimas en América Latina, coincidieron expertos reunidos en la capital venezolana.
Juristas y otros especialistas en la materia de Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela indicaron que una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales, la capacitación de los operadores de justicia y la sensibilización de la sociedad son cuestiones prioritarias para atacar el flagelo.
«Las leyes en sí mismas no son suficientes», admitió Franklin Arriechi, miembro del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, organizador de un foro realizado con el patrocinio del Banco Mundial, en el marco de un vasto plan de modernización del Poder Judicial.
«No basta que haya leyes, se necesitan además poner en práctica acciones concretas en las distintas instancias y que la población tome conciencia de que cuenta con esos derechos», aseveró Rocío Villanueva, Defensora de los Derechos de la Mujer, de Perú.
Villanueva precisó que en su país existe una ley desde 1993 y la oficina que ella dirige fue creada en 1997. Sin embargo, recalcó que eso no ha sido suficiente, porque 87 por ciento de los casos denunciados han sido declarados en abandono.
«Las mujeres denuncian, pero la justicia no hace lo apropiado», dijo la experta, quien acaba de concluir una investigación en su país sobre cómo la justicia ha tratado los casos sobre violencia contra la mujer.
Añadió que en el pasado existía la creencia de que la solución del problema dependía de que las mujeres víctimas denunciaran las agresiones, pero en hoy la llave «está en manos de los operadores de justicia, que tienen la potestad de aplicar la ley».
El seminario de Caracas se realizó el 26 y el 27 de noviembre, como parte del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, celebrado el día antes del comienzo de las deliberaciones.
Encuestas del Fondo de las Naciones Unidas para la Población indican que la mitad de las mujeres de América Latina y el Caribe consultadas dijeron haberse sentido agredidas por su condición de género al menos una vez en su vida.
Las agresiones van desde las más sutiles hasta las más violentas, incluso la muerte. Una investigación realizada por la Universidad Central de Venezuela señala que en este país el año pasado falleció una mujer cada cuatro días a causa de lesiones perpetradas por su pareja o por otro miembro del nucleo familiar.
La opinión pública venezolana fue sensibilizada a fines de noviembre frente al caso de una joven, que fue brutalmente golpeada por su pareja en una zona residencial de clase alta de Caracas.
Linda Loayza, de 18 años, resultó con la nariz destrozada, los pezones arrancados, una botella introducida en el útero y la cara quemada con cigarrillos. Su imagen conmovió a la población y echó por tierra la falsa creencia respecto de que la violencia contra la mujer sólo ocurre entre la población de bajos ingresos.
Ofelia Alvarez, directora del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, apuntó que existen varias falacias en torno al problema, que incluso forman parte de las creencias de abogados, juristas y policías.
La primera falsa creencia es que la violencia contra la mujer tiene como causa principal la pobreza y el hacinamiento en las viviendas. También se sostiene que estos hechos son producidos por causa del consumo de drogas o alcohol.
También se argumenta de que el hombre puede descontrolarse momentáneamente y golpear o agredir a su pareja, pero que ello no significa un delito.
En tanto, Ligia Martín, directora de la Defensoría de los Derechos de la Mujer, de Costa Rica, dijo a IPS que la violencia contra la mujer en el seno de los hogares o de hostigamiento sexual en los lugares de trabajo y estudio «se ha minimizado, se ha invisibilizado».
Martín opinó que esa es la principal dificultad, cuando desde las instancias especializadas se pretende adelantar procesos a favor de las víctimas de este flagelo, «porque se ha considerado que es un problema entre particulares, que no tiene una naturaleza social».
La experta recalcó a IPS que «esta visión sigue prevaleciendo muy fuertemente entre funcionarios y funcionarias y dentro de las mismas instituciones públicas» y, aunque existe una normativa legal, «la ley no es interpretada de igual modo por todo el mundo».
Justamente, para hacer cumplir las leyes y sentar precedentes que detengan la violencia contra la mujer, las participantes en la reunión de Caracas insistieron en la necesidad de un papel más activo de las organizaciones no gubernamentales, así como de planes de capacitación para funcionarios policiales y judiciales. (FIN/IPS/ac/dm/pr hd/01
