La suspensión de pagos de Chiquita Brands, la multinacional de banano más grande del mundo, creó expectativa en los países exportadores del fruto y desempolvó el historial de la empresa en América Latina, que recuerda incluso la invasión a Guatemala en 1954.
Chiquita Brands, con cultivos en Costa Rica, Guatemala y Panamá y negocios en Ecuador, Chile y Colombia, anunció esta semana la suspensión de pagos, con el objetivo de reducir su deuda de 700 millones de dólares.
Portavoces de Chiquita Brands informaron que la medida, divulgada el miércoles, forma parte de un acuerdo alcanzado con los tenedores de bonos de la empresa para reestructurar la deuda, pero aclararon que la empresa seguirá operando de manera normal.
El presidente ejecutivo de la firma, Steven Warshaw, aseguró que «la reestructuración de la deuda reforzará las perspectivas de una fuerte facturación en el futuro y crecimiento de sus ganancias», tras desmentir que fuese el primer paso hacia la quiebra.
«Nuestro plan es salir del Capítulo 11 (de la ley estadounidense de bancarrotas) en el primer trimestre de 2002, con un balance sólido y un futuro brillante», dijo Warshaw.
Chiquita Brands, con sede en la oriental ciudad estadounidense de Cincinnati, sintió el impacto de la severa caída en los últimos años de los precios internacionales del banano, causada por la excesiva producción mundial.
También fue perjudicada por el sistema de cuotas implementado por la Unión Europea (UE) para favorecer la producción de sus ex colonias en Africa, el Caribe y el Pacífico, en el marco de un acuerdo que sustituyó a la Convención de Lomé.
Warshaw dijo que la compañía fundada hace 131 años perdió 1.500 millones de dólares en los últimos ocho años, debido a ese acuerdo de la UE, que implicó limitar la compra de banano a las firmas transnacionales de Estados Unidos y a países de América Latina.
En 1995, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, Honduras y México presentaron demandas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra el sistema de cuotas de la UE.
Una reseña de la historia de Chiquita Brands, publicada a fines de 1999 en la página de Internet de CNN.com/World, indicó que accionistas importantes de la firma, como Carl Lindner, donaron dinero para la campaña electoral del Partido Republicano y el Partido Demócrata, de Estados Unidos.
En el artículo se señala que el gobierno de Bill Clinton (1993- 2001) negó que su posterior endurecimiento en la guerra del banano con la UE tuviese relación con las contribuciones.
Mientras, la OMC, tras varios años de litigio, instó a la UE a modificar el sistema de cuotas de importación. El bloque europeo acató el fallo el 1 de julio de este año, por lo cual dejó sin efecto el sistema y concedió licencias directas a los comercializadores de la fruta.
El nuevo esquema de comercialización de la UE, que fuera acordado con Washington sin tener en cuenta a los demás países demandantes, establece la entrega de 83 por ciento de los permisos de importación de banano de América Latina a las grandes empresas exportadoras, entre ellas Chiquita Brands.
Según Warshaw, «el acuerdo sobre el comercio bananero entre Estados Unidos y la UE permitirá un crecimiento sólido de ingresos y beneficios».
El nuevo régimen de la UE fue rechazado por los productores bananeros de Ecuador, primer productor mundial del fruto, pues entienden que afectará sus exportaciones de banano, que se realizan sin la participación de las empresas transnacionales.
Simón Cañarte, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Bananeros, que reúne a la mayoría de los productores ecuatorianos, advirtió que el nuevo sistema permite a los operadores europeos y a las firmas transnacionales estadounidenses decidir de qué país llevan la fruta.
«El régimen basado en licencias favorece a Chiquita Brands, a Dole y a Del Monte, que poseen la mayoría de las licencias», arguyó Cañarte, tras indicar que la propuesta de la Asociación es que las preferencias de venta las tenga el barco que llega primero a puerto europeo.
Cañarte explicó que las compañías de Estados Unidos no tienen inversiones en Ecuador y, por lo tanto, preferirán exportar el banano de América Central, donde sí las tienen.
«Insistimos en el esquema denominado «primer llegado, primer servido», mediante el cual el primero que llega con el banano es el primero que vende, lo cual favorece a los exportadores más competitivos», aseguró el productor.
El gobierno ecuatoriano de Gustavo Noboa también rechazó en un principio el nuevo sistema europeo, y exhortó a la UE a respetar el libre comercio, aceptando que las compras se concreten de acuerdo con el turno de llegada de los embarques, como había sido propuesto por los europeos con anterioridad.
El canciller ecuatoriano Heinz Moeller amenazó con apelar otra vez a la OMC, pero finalmente aceptó el nuevo esquema.
El economista Washington Herrera, experto en política bananera, opinó que «es ilusorio propugnar el libre comercio del banano, cuando el mercado bananero está controlado por Estados Unidos y por la UE a través de cuatro empresas transnacionales».
Pero Chiquita Brands recorrió un largo y sinuoso camino en América Latina antes de llegar a los problemas que la aquejan en la actualidad.
A comienzoas de los años 50, el gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz se propuso llevar adelante una profunda reforma agraria, que incluyó la expropiación de tierras improductivas pertenecientes a la empresa estadounidense United Fruit Company, antecesora de Chiquita Brands.
Esa decisión de Arbenz fue calificada por Washington de «amenaza a los intereses» estadounidenses, por lo cual John Foster Dulles, accionista y abogado de la compañía y a la vez secretario de Estado, presionó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que condenara a Guatemala.
Una vez lograda la condena de la OEA, en junio de 1954, el hermano de John Foster Dulles, Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense y ex presidente de United Fruit, organizó la invasión a Guatemala desde Honduras.
Así, la United Fruit Company, tras el derrocamiento de Arbenz, consiguió la devolución de las tierras expropiadas y se transforma en United Brands, para luego tomar el nombre de Chiquita Brands.
Además de su poder político en América Latina, la transancional también ha sido denunciada a lo largo de su historia por prácticas contrarias al derecho laboral y en desmedro de la salud y el ambiente.
Una investigación de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica y Panamá, divulgada en enero por la central sindical española Comisiones Obreras, acusó a Chiquita Brands de «violar los derechos humanos de los trabajadores» que operan en sus explotaciones».
El informe señaló que en Costa Rica «no sólo hay 13.000 personas esterilizadas por intoxicación con productos agroquímicos, sino que su uso ya se ha cobrado vidas, como es el caso del trabajador Roy Mauricio Valerín Bustos».
Este jornalero de una plantación de Chiquita Brands, ubicada en la localidad de Sixaola, murió de intoxicación por organofosforado, un producto cuyo nombre comercial es «Counter».
La Coordinadora de Sindicatos también indicó que las avionetas de Chiquita riegan con sustancias químicas plazas, escuelas, casas de trabajadores y a quienes se encuentran en ellas, y que los capataces permiten la entrada a los establecimientos recién fumigadas o rociadas desde avionetas.
El informe añade que la investigación se complementó con estudios de la Universidad de Costa Rica, avalados por la Organización Mundial de la Salud, «que prueban los efectos de los plaguicidas en las mujeres que trabajan en las bananeras».
Agregó que los medios para prevenir intoxicaciones son inadecuados, y explicó que los obreros de la compañía estadounidense son obligados a utilizar mascarillas usadas.
La investigación sindical también acusa a Chiquita Brands de no permitir la asociación de sus trabajadores y de violar leyes laborales, como ocurrió con el despido arbitrario de unos 100 obreros en Guatemala, Honduras y Panamá, tras el paso del huracán Mitch en 1998. (FIN(IPS/kl/dm/if/01
