El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, soportó este martes una fuerte ofensiva de fuerzas políticas, líderes de opinión, empresarios, sindicatos y medios de comunicación, divididos entre el llamado a la desobediencia y al diálogo.
Los opositores, que empiezan a pedir la salida o la renuncia de Chávez, cabalgan sobre tres señales adversas para el gobierno: roces con Estados Unidos a propósito de la guerra en Afganistán, el retroceso de los precios del petróleo y el descenso de la popularidad del presidente en las encuestas.
Setenta por ciento de las personas consultadas por el privado Instituto Venezolano de Análisis de Datos indica consideran a Chávez responsable de los problemas del país, y 67 por ciento reprueban su enfrentamiento con Estados Unidos acerca de los ataques contra Afganistán.
Aunque Venezuela respaldó a Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos y en la Organización de las Naciones Unidas, Chávez dijo en una cadena de televisión que «no se puede combatir el terror con más terror», por lo que Washington citó para consultas a su embajadora, Donna Hrinack, durante varios días.
Según la empresa encuestadora, las intervenciones de Chávez son creíbles para 47 por ciento de sus compatriotas y no creíbles para 50 por ciento, aunque en general la gestión es en algún grado buena para 55 por ciento de los consultados y en algún grado mala para el restante 45 por ciento.
«Las encuestas las gana quien las paga», replicó el ministro del Interior, Luis Miquilena, de 84 años, considerado mentor político de Chávez.
«El presidente creyó tener el monopolio del soberano y su representación exclusiva. Los hechos y las encuestas demuestran que esa franquicia ya no le pertenece», proclamó Alfredo Peña, alcalde de Caracas y quien en el mismo sondeo supera a Chávez en simpatías como aspirante a la presidencia.
Peña, un periodista que fue ministro de Secretaría de Chávez y que con votos «chavistas» llegó a la alcaldía, se ubicó en la oposición «para reclamar que el presidente rectifique: se impone un cambio en el gabinete, en las políticas económica y social, y en las relaciones internacionales».
Julio Borges, tercer aspirante a presidente según la encuesta citada y dirigente de Primero Justicia, pequeña formación de derecha, llamó a desobecer todas las leyes aprobadas desde octubre, según él con defectos de forma.
Se trata de un polémico grupo de leyes a las que se oponen organizaciones de empresarios y de profesionales. Ganaderos y propietarios agrícolas cuestionan la Ley de Tierras, sindicatos petroleros se oponen a la Ley de Hidrocarburos y los abogados rechazan una ley sobre oficinas de registro.
Rafael Marín, secretario general de Acción Democrática, principal partido venezolano entre 1940 y 1990, dijo que su organización «no está dispuesta a participar en un diálogo de sordos, de una sola vía», y llamó a demostrar el rechazo al gobierno con una marcha en Caracas el 22 de noviembre.
El Movimiento al Socialismo, partido de centro que ha apoyado a Chávez pero opuesto al mandatario hace casi un año, descartó participar en un diálogo que no comprometa cambios. «Chávez rectifica o se va», proclamó el presidente de la organización, Felipe Mujica.
Chávez «debe convocar a un diálogo de todos los sectores con una agenda de rectificación para que el Estado responda a los problemas de desempleo, inseguridad, vivienda y salud, en tanto debe suspenderse la aprobación de las leyes de Tierras, Hidrocarburos y Bancos», planteó Mujica.
La aprobación de esas y otras leyes económicas y sociales fue confiada hace tres meses al Poder Ejecutivo por el parlamento — con mayoría oficialista— mediante una ley habilitante o de poderes especiales, pero el lapso vence este martes sin que el gobierno haya completado la labor.
Frente a la Ley de Hidrocarburos los sindicatos petroleros hicieron un paro de 12 horas el pasado viernes, temiendo que se separe la actividad del gas de la del petróleo, lo que dejaría a varios miles de trabajadores al margen de los beneficios por productividad en el sector.
Contra la Ley de Tierras la federación de ganaderos y otros gremios rurales hicieron el lunes una demostración callejera en Caracas y amenazan con una paralización de actividades, que en dos semanas puede traducirse en una merma de la entrega de productos a los mercados.
Organizaciones de industriales también pidieron que Chávez declare una emergencia económica, que incluya una prórroga a la discusión de las leyes conflictivas para consultas y medidas urgentes para combatir el contrabando y reanimar la producción.
Aunque se prevé para este año y para 2002 un crecimiento económico moderado (dos por ciento del producto bruto), existe aprensión por la caída de los precios internacionales del petróleo, que representa 75 por ciento de sus divisas y la mitad o más de sus ingresos fiscales.
Dirigentes políticos como Francisco Arias, compañero de Chávez en una asonada golpista en 1992 y luego su rival en las elecciones presidenciales del año pasado, plantearon recoger firmas para pedir un referendo, como indica la Constitución, para revocar el mandato de Chávez.
Andrés Velásquez, dirigente de un pequeño partido obrerista opositor, pidió, en cambio, huelgas para obligar a Chávez a renunciar o a irse. Mikel De Viana, un jesuita con influencia en círculos culturales, advirtió que «en la calle la gente duda de la salud mental de Chávez».
La perspectiva de huelgas o protestas obreras recibió combustible con la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender las elecciones para escoger la cúpula de la principal central obrera, que debían completarse este martes en el petrolero estado de Zulia (occidente).
En el horizonte está la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia anule todo el proceso electoral de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y la tendencia hasta ahora ganadora, el sindicalismo de Acción Democrática, se lance a la calle para defender el triunfo que reivindica.
Los ministros de Chávez y los parlamentarios de su Movimiento Quinta República han ratificado formalmente su compromiso con el diálogo y dejan entrever en sus declaraciones que podrían producirse en breve cambios en el tren gubernamental.
Las fuerzas armadas, mientras, se mantienen institucionalmente al lado de su comandante en jefe, luego que la semana pasada el alto mando emitió un comunicado de respaldo al presidente, llamó al diálogo y advirtió contra excesos destructivos al amparo de la libertad en los medios de comunicación. (FIN/IPS/jz/mj/ip/01
