Ciudadanos israelíes denunciaron ante la justicia de Bélgica al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, por atentados y asesinatos cometidos en Israel en los últimos 27 años.
«Venimos de Israel para reclamar justicia a las víctimas de 30 años de trayectoria de Arafat», informó Meir Indor, presidente de la israelí Asociación de Víctimas del Terror, que el martes presentó la demanda penal.
El grupo incluye a un sobreviviente de un ataque perpetrado por palestinos armados contra estudiantes israelíes en 1974, en el cual 22 personas murieron y 60 resultaron heridas.
La legislación belga faculta a los tribunales a juzgar casos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, dondequiera que los mismos se cometieran.
La ley permite juzgar a cualquier persona, inclusive a jefes de Estado y de gobierno, aunque no se hallen en territorio belga. También ha sido acusado el primer ministro israelí Ariel Sharon, por sobrevivientes palestinos de una masacre en Líbano en 1982.
Casi 100 personas, en su mayoría judíos belgas, se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Bruselas portando carteles con la leyenda «Belgas e israelíes contra el terrorismo», en respaldo de quienes denunciaron a Arafat.
Los litigantes acusan así mismo a Arafat y a la ANP por el atentado suicida perpetrado en agosto en una pizzería de la ciudad de Jerusalén, en el que murieron 16 personas.
«Los demandantes son personas que fueron heridas o familiares de muertos o heridos en atentados de los últimos 30 años en Israel», afirmó el abogado Jacob Rubin.
La demanda se presentó un día antes de conocerse el fallo de un tribunal de apelaciones de Bruselas sobre el curso que tendrá la denuncia contra Sharon.
El primer ministro de Israel es acusado por ciudadanos palestinos y libaneses por la matanza en los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila, en territorio de Líbano bajo ocupación israelí, en la que murieron entre 800 y 1.500 palestinos.
La defensa de Sharon sostendrá la tesis de la inaplicabilidad de la ley a acusados que no se encuentran en territorio belga, e impugnará el levantamiento de la inmunidad diplomática, necesario para el inicio del juicio.
La representación diplomática de la ANP en Bruselas desestimó la acusación contra Arafat. «El objetivo es distraer la atención pública de las continuas violaciones (a los derechos humanos) por parte de Israel», afirma un comunicado hecho público este martes.
La demanda contra Arafat no tiene ninguna relación con la denuncia contra Sharon, replicó William Goldnadel, otro de los abogados litigantes.
Al igual que las leyes que facultaron el juicio en España contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) por crímenes cometidos en Chile, la legislación belga se basa en el principio de jurisdicción universal, aplicable a crímenes atroces.
El mecanismo, explicitado por el Tribunal de Nüremberg que juzgó crímenes cometidos durante la segunda guerra mundial, reconoce el interés de los estados en juzgar delitos de alcance internacional, sin importar el lugar donde fueron cometidos o la nacionalidad de perpetradores y víctimas.
Pero gobernantes y dirigentes políticos belgas se inclinan por modificar o derogar la ley, que ha convertido al país en un escenario de juicios internacionales sobre derechos humanos, que el Estado no puede manejar.
El ministro de Asuntos Exteriores, Louis Michel, manifestó que la voluntad del gobierno es reformar la ley para evitar futuras acusaciones a jefes de estado o de gobierno.
El caso contra Sharon colocó a Bruselas en una situación embarazosa cuando impidió que el gobernante visitara este año la sede central de la Unión Europea (UE) en la capital.
El juicio dificulta así mismo las relaciones entre Israel y Bélgica, en momentos en que ésta ejerce la presidencia rotativa de la UE.
«La legislación forma parte de una creciente tendencia (jurídica) que procura la responsabilidad de las atrocidades», sostuvieron Human Rights Watch, el Comité Internacional de Juristas y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos en un comunicado conjunto publicado el lunes.
«Los juicios basados en la jurisdicción universal son parte esencial del nuevo sistema internacional de justicia. Ayudan a quebrar el muro de la inmunidad detrás del cual se protegen tiranos y torturadores en sus propios países», agrega la declaración.
El camino para evitar que este tipo de casos se acumulen en Bélgica no es derogar la ley, sino lograr que otros países adopten legislaciones similares, sostuvieron las organizaciones civiles.
Varios países ya lo han hecho, al implementar el Tratado de Roma para el establecimiento del Tribunal Penal Internacional, que requiere la ratificación de 60 estados para entrar en vigor, lo cual se alcanzará a comienzos del año próximo, afirmaron.
Tribunales de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza ya aplicaron leyes basadas en la jurisdicción universal para juzgar a personas acusadas de crímenes en Rwanda y en las guerras de secesión de la ex Yugoslavia.
En febrero del año pasado un tribunal de Senegal procesó y puso bajo detención domiciliaria al ex dictador de Chad, Hissène Habré (1982-1990), exiliado en ese país, por cargos de tortura y crímenes de lesa humanidad.
Pero en marzo de este año la Corte Suprema determinó que Habré no podía ser juzgado en Senegal por crímenes cometidos en Chad.
Fue entonces cuando un grupo de víctimas del dictador, algunas de las cuales tenían ciudadanía belga, reclamaron su extradición y enjuiciamiento ante los tribunales de Bélgica.
Tras un pedido del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, el gobierno senegalés aceptó retener a Habré en su territorio en espera del pedido de extradición. El caso está a estudio del juez de distrito Daniel Fransen en Bruselas. (FIN/IPS/tra-eng/bk/sm/dc/hd/01
