Las grandes empresas de Estados Unidos aprovechan la crisis causada por los atentados del 11 de septiembre para obtener exoneraciones fiscales y otros beneficios, advirtieron grupos ambientalistas, sindicales y cívicos.
Los activistas presionan al Congreso para que demore una serie de proyectos que, de ser aprobados, sólo aumentarían las ganancias que las empresas más poderosas han acumulado en las últimas ocho semanas.
«Desde el 11 de septiembre, los legisladores no han hecho más que presentar proyectos para las empresas», señaló Ralph Nader, quien fuera candidato presidencial por el Partido Verde el año pasado y es fundador de una red de grupos de defensa de los consumidores y del interés público.
Pero las grandes compañías no se dejan amedrentar por las críticas.
Las industrias de minería, energía, fármacos, seguros y defensa han movilizado literalmente a cientos de cabilderos para aprovechar el ambiente de crisis y obtener nuevas leyes que les sean más favorables.
«Con la excusa de la seguridad nacional, asaltan nuestros recursos federales y nuestros derechos democráticos, mientras el Congreso se solidariza con los financistas de sus campañas electorales a expensa de los contribuyentes», dijo Nader el lunes en una conferencia de prensa.
Los legisladores «envían a los trabajadores a pelear y dejan desprotegidos a los desempleados, a los ciudadanos privados de sus derechos, a las familias estadounidenses», agregó.
Los activistas están especialmente indignados por un proyecto de «estímulo económico» aprobado por la Cámara de Representantes el 24 de octubre, que ofrece a las grandes empresas 212.000 millones de dólares en exoneraciones de impuestos y beneficios relacionados.
La versión del Senado ofrece unos 220.000 millones de dólares en exoneraciones fiscales, en su mayoría destinadas a los contribuyentes de mayores ingresos y a algunas de las mayores compañías del país.
«¿Quién hubiera pensado que una emergencia nacional desataría este frenesí en las empresas y los millonarios?», preguntó Robert McIntyre, director del grupo Ciudadanos por la Justicia Fiscal.
Las compañías aéreas fueron las principales beneficiarias de la bonanza legislativa posterior al 11 de septiembre.
El Congreso aprobó un paquete de rescate de 15.000 millones de dólares para las líneas aéreas antes de que el polvo se hubiera asentado sobre los escombros de las torres gemelas de Nueva York, mientras unos 15.000 empleados de esas mismas empresas eran despedidos.
Cuando se solicitó 2.500 millones de dólares en beneficios ampliados de desempleo, capacitación laboral y atención de la salud para esos trabajadores, senadores republicanos respaldados por el presidente George W. Bush obstruyeron el proyecto hasta su colapso.
«El paquete de rescate no ayuda a los trabajadores ni a los pasajeros», señaló John Passacantado, director de la sección estadounidense de Greenpeace. «Y no me siento más seguro en los aviones que antes del 11 de septiembre», agregó.
La indignación por las ganancias excesivas de las grandes empresas está en aumento, tanto en el Congreso como en los principales medios de comunicacion.
Mientras el rescate para las líneas aéreas se aprobó fácilmente a principios de octubre, la Cámara de Representantes se dividió por partidos con respecto al proyecto de exoneraciones fiscales.
«En un momento en que la población es exhortada a hacer sacrificios por el bien común, la idea de estadounidenses millonarios haciendo fila para obtener una reducción de sus impuestos resulta espantosa», comentó el diario The New York Times un día después de la aprobación de la ley, por 216 votos contra 214.
«Los depredadores de Washington recurren a sus viejos trucos en busca del lucro privado a expensas públicas», declaró Bill Moyers, un destacado productor de documentales de televisión y secretario de prensa durante la presidencia de Lyndon Johnson (1963-1969).
«Ellos lucran con esta espantosa tragedia provocada por el terrorismo», acusó Moyers.
Incitado por las empresas de energía que financiaron en gran parte su campaña, Bush renovó sus esfuerzos para hacer aprobar un proyecto de ley que permitiría la exploración petrolera en el Refugio Nacional de Fauna del Artico y ampliaría el uso de la energía nuclear.
Grupos ambientalistas, partidarios de la conservación del Refugio y del desarrollo de fuentes limpias de energía, señalaron que las estaciones de energía nuclear y los oleoductos son especialmente vulnerables a ataques terroristas.
«El gobierno y muchos congresistas impulsan políticas de energía que debilitarían la seguridad nacional», afirmó Brent Blackwelder, presidente del grupo Amigos de la Tierra. (FIN/IPS/tra-en/jl/mlm/ip-if/01
