Una emnienda al presupuesto del Departamento de Estado para 2002, que bloquea la participación de Estados Unidos en el Tribunal Penal Internacional, puede debilitar el apoyo logrado por Washington para su guerra contra el terrorismo.
El proyecto de ley de Protección Militar aprobado el jueves por una comisión del Congreso impide incluso el envío de delegados estadounidenses a las negociaciones sobre detalles operativos del tribunal que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para juzgar crímenes de guerra y otros delitos graves contra los derechos humanos.
El Tratado de Roma de 1998 creó un marco institucional para la creación del Tribunal Penal Internacional, que será instalado en Holanda cuando 60 de los 120 países firmantes del tratado lo hayan ratificado.
Hasta ahora fue ratificado por 43 países y los analistas creen que la meta de 60 confirmaciones se alcanzará a medidados de 2002. Estados Unidos votó en Roma contra la creación del tribunal internacional, junto con China, Israel, Iraq y otros tres países.
Partidarios del tribunal advirtieron que la votación del comité del Congreso es contraproducente, pues puede irritar a aliados de Estados Unidos en la campaña contra el movimiento Talibán, de Afganistán, y contra saudita Osama bin Laden, acusado por Washington de los atentados en Nueva York y Washington.
En efecto, varias naciones europeas solicitaron a Washington que se integre al Tribunal Penal Internacional. Entre ellas Alemania, que prometió apoyo militar para la campaña de Estados Unidos en Afganistán.
«Es el peor momento para hacer algo así, es como decir a todo el mundo que no los necesitamos», señaló Steve Dimoff, director de la asociación de organizaciones no gubernamentales de la ONU.
La aprobación de la enmienda se produjo poco antes de que Bush reforzara este sábado su pedido de apoyo internacional durante la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
«El tiempo de la solidaridad se acabó. Apreciamos las condolencias, (pero) ahora llegó el momento de actuar», declaró Bush a la Asamblea General.
Un funcionario del Departamento de Estado que pidió el anonimato pronosticó que, si Bush no veta la enmienda, el resto de las delegaciones recibirán «un cachetazo».
La comisión que aprobó la enmienda fue formada para conciliar dos propuestas diferentes sobre el presupuesto del Departamento de Estado. La versión de la Cámara de Representantes no mencionaba al Tribunal Penal Internacional, pero predominó la moción del Senado, referida a la Ley de Protección Militar.
La disposición más criticada, llamada enmienda Craig, establece que «ninguno de los fondos designados por esta ley deben ser entregados en cooperación, asistencia o apoyo al Tribunal Penal Internacional o a la Comisión Preparatoria» de la misma institución.
Además, excluye la aplicación de la enmienda en el caso de los tribunales internacionales ya instalados para juzgar los crímenes de guerra en Ruanda y en Yugoslavia.
El proyecto aleja definitivamente a Estados Unidos del Tribunal Penal Internacional, una disposición que impedirá, por ejemplo, que Washington entregue a ese órgano de justicia a Bin Laden o cualquier terrorista que logre capturar.
«En lugar de ayudar a Estados Unidos a perseguir criminales de guerra y terroristas (el tribunal) tiene el poder de intimidar a nuestros militares y a otros ciudadanos con juicios vagos y politizados», afirmó el republicano Jesse Helms, presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado, un fuerte crítico del tratado de Roma.
El proyecto de ley de Protección Militar prohíbe la ayuda de guerra a países que se nieguen a proteger en su territorio a militares estadounidenses acusados por el Tribunal Penal Internacional.
Además, excluye la participación de soldados estadounidenses en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU a menos que el Consejo de Seguridad explícitamente los exonere por anticipado de responder ante la justicia internacional por excesos eventualmente cometidos.
El proyecto también autoriza «cualquier acción» para liberar a militares estadounidenses que pudieran ser entregados al tribunal «inapropiadamente».
«No puedo creer que en el momento en que pedimos al mundo que se nos una para detener a los asesinos y criminales que mataron a 6.000 personas (el 11 de septiembre) hagamos ver al mundo que no tenemos nada que ver con la creación de un tribunal penal internacional», dijo el senador demócrata Christopher Dodd.
Las propuestas para la creación de un tribunal penal internacional permanente se remontan a los juicios de la ciudad alemana de Nuremberg, donde varios dirigentes nazis fueron condenados a muerte por crímenes en la segunda guerra mundial. (FIN/IPS/tra-en/jl/aa/lp-ff//01
