El movimiento indígena de Ecuador, el más importante de América Latina en su género, presentó al Congreso dos proyectos de ley para reconocer la calidad plurinacional y multiétnica del estado y otorgar a las etnias facultades en materia judicial.
«Con la aprobación de estas leyes, Ecuador, por fin, sería una sola nación. Un país que reconoce su diversidad, que camina unido respetando su pluralidad», dijo a IPS el dirigente indígena Auki Tituaña, posible candidato presidencial del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik para las elecciones de 2002.
Las propuestas fueron entregadas el miércoles al presidente del Congreso legislativo, José Cordero, en un acto al que asistieron líderes indígenas y constitucionalistas.
El diputado Gilberto Talahua, jefe de bloque del Movimiento Pachakutik, se manifestó confiado en el trámite parlamentario de las iniciativas.
«Hay un acuerdo con la mayoría legislativa para aprobar estas dos leyes, que certifican el reconocimiento a la pluralidad del país y su expresión jurídica», explicó.
Talahua, también presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, fue el autor del texto definitivo de los dos proyectos de ley denominados De las Nacionalidades y Pueblos Indígenas y De Administración de Justicia Indígena.
Unos 3,5 millones de los 11,5 millones de habitantes de Ecuador son indígenas, distribuidos en 12 nacionalidades, la mayoría de los cuales viven en áreas rurales.
Las nacionalidades awa, chachi, epera y tsáchila residen en la costa del océano Pacífico, mientras que los cofán, siona, secoya, huaorani, achuar, shuar, zápara y kichwa-amazónica lo hacen en la Amazonia.
La principal etnia es la kichwa, que habita en la región de la sierra y reúne a 10 pueblos, con una población superior a los tres millones de personas.
«No se trata de crear un estado dentro de otro, sino el reconocimiento legal de nacionalidades y etnias que integran la identidad ecuatoriana», argumentó Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
La Constitución en vigor desde 1998 reconoce la existencia de los pueblos indígenas como parte del estado ecuatoriano, único e indivisible, y le otorga el derecho para «autodefinirse como nacionalidades de raíces ancestrales».
Sin embargo, la administración estatal gira alrededor del concepto de homogeneidad, que desconoce la pluralidad étnica del país.
En cambio, en la iniciativa De las Nacionalidades y Pueblos Indígenas se reconocen las etnias existentes, las autoridades designadas por las comunidades y las funciones que éstas ejercen dentro de su territorio.
También se establece el derecho a la propiedad comunitaria y ancestral, por el cual la comunidad administradora de la zona es la autoridad que maneja las áreas protegidas y autoriza la prospección, exploración y explotación petrolera o minera.
De esa manera «se hará efectivo el derecho que tienen los indígenas a ser tomados en cuenta en el manejo de áreas naturales y en el control de la biodiversidad, así como en la utilización de productos renovables y no renovables», puntualizó Talahua.
Tituaña, también alcalde de Cotacachi en la sierra norte y vicepresidente de la Asociación de Municipalidades, indicó que «los proyectos son muy importantes para nuestros pueblos, porque plantean el respeto del Estado a las formas de gobierno y sistemas de administración tradicionales de cada nacionalidad».
Opinó que esas leyes, en caso de aprobarse, «permitirán que el sistema judicial sea mucho más plural «donde el otro' también existe», ya que el proyecto De Administración de Justicia Indígena reglamenta preceptos ya establecidos en la Constitución.
La ley fundamental habilita a los pueblos y nacionalidades indígenas a ejercer justicia, aplicando procedimientos de acuerdo a sus costumbres o derecho consuetudinario.
El nuevo proyecto «no implica transgredir las normas establecidas en la Función (Poder) Judicial, si no que es necesario armonizar ambos sistemas. Además, se permite una mejor operatividad en la justicia, asociada a las prácticas de vida de cada nacionalidad», aseguró Talahua.
En el texto se establece que los litigios entre indígenas estarán sujetos a las autoridades de la comunidad, mientras que los casos entre nativos y otros ciudadanos ecuatorianos pueden ser abordados de manera indistinta por la Función Judicial o la administración comunitaria.
El constitucionalista Julio César Trujillo indicó que la aprobación de estas leyes modificará la realidad jurídica del país.
«La enseñanza de jurisprudencia deberá cambiar en un país multinacional, ya que los jueces, antes de dictar una sentencia, tendrán que tomar en cuenta el contexto cultural del acusado», aseguró Trujillo.
Trujillo destacó la importancia de que «Ecuador se reconozca a través de estas leyes» a estudio.
La iniciativa define, además, la manera de actuar de la justicia indígena para actuar frente a un caso en que una persona de otra raza cometa un delito o viole las leyes internas de una comunidad nativa.
Los ciudadanos con domicilio fuera de una comunidad nativa que aparezcan involucrados en delitos perpetrados dentro ésta serán juzgados, expulsados de la comunidad y llevados ante la justicia estatal ordinaria.
En tanto, «un indígena que sea juzgado fuera de su comunidad tiene derecho a exigir que se utilice durante el juicio su idioma materno y, en caso de ser procesado, realizar sus ritos religiosos y de salud tradicional dentro de la cárcel», explicó Trujillo.
Ricardo Ulcuango, ex vicepresidente de la Conaie, informó que los pueblos afroamericanos también preparan un documento para poder utilizar sus propias formas de justicia.
«Cada uno de los pueblos tiene su propia forma de hacer justicia, por eso los pueblos negros están desarrollando una propuesta desde su realidad», aseveró Ulcuango.
Mientras, Iza solicitó a los diputados que no se conviertan en «padrastros» de la Patria y «aprueben estos proyectos».
«A nombre de la Conaie, yo les pido, señores legisladores, que se dejen de preguntar si estas leyes son de izquierda o de derecha, simplemente son muy importantes para nosotros», apuntó.
Iza resaltó que la aprobación de los proyectos de ley significará reconocer «aspiraciones muy sentidas por los pueblos indios».
«La aprobación de estas normas proyectará una mejor organización social y la defensa de valores y derechos, que corren el riesgo de desaparecer», destacó Talahua. (FIN/IPS/kl/dm/ip/01
