La tortura a los detenidos es una práctica generalizada en Brasil y tiene participación de fiscales del Ministerio Público y de especialistas en apremios físicos, aseguró el no gubernamental Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH).
El MNDH, que recibió las denuncias por vía telefónica, comprobó en 15 días de campaña 357 casos de tortura y 63 de «tratamiento cruel, deshumano y degradante», dijo a IPS Romeu Olmar, secretario nacional del movimiento, que reúne a 316 organizaciones no gubernamentales de todo el país.
En 75 por ciento de los casos, los responsables fueron «agentes públicos», es decir, policías y funcionarios de instituciones del Estado. La llamada Campaña Nacional Permanente contra la Tortura, iniciada el 30 de octubre, tiene el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
«Una novedad es la presencia de fiscales junto a policías» para obtener por la violencia la confesión de sospechosos. Hubo «cinco de esas denuncias la semana pasada», señaló Olmar.
La complicidad de fiscales, que mancha una institución respetada en Brasil, se observó en regiones del norte y centro oeste, de baja población urbana, aunque el MNDH también recibió información sobre un caso en el densamente habitado estado de Sao Paulo.
Así mismo, surgió la figura del «torturador especializado», un verdugo moderno convocado para aplicar tormentos en las comisarías. Puede tratarse de un policía, aunque las informaciones aún no permiten todavía asegurarlo.
La tortura de los detenidos es habitual en Brasil. Las prácticas más comunes son los golpes con bastones de goma o de acero, los choques eléctricos, el ahogamiento y el «palo de arara» , que consiste en colgar a la víctima, atada de manos, de un palo que lo sostiene de las piernas.
El palo de arará ha sido reemplazado por una estructura metálica portátil. Así mismo, se emplea una máscara para sofocar a la víctima, en lugar de introducir su cabeza en un saco de plástico o en un recipiente con agua.
También ha conenzado a utilizarse, como método para arrancar confesiones, el gas pimienta, que afecta los ojos durante dos o tres días, pero no deja cicatrices, una preocupación de los torturadores, observó Olmar.
Por «tratamiento cruel» se entiende, por ejemplo, el abandono en que viven muchos ancianos en los asilos públicos, a veces sin baño ni comida suficiente, explicó
El teléfono de la campaña contra la tortura recibió 5.240 llamadas hasta el mediodía del jueves. Se trata de una línea sin cargo para el denunciante abierta de lunes a viernes, excepto los feriados. En los próximos dias se agregarán también el correo e internet.
La mayoría de los que se comunican con esa línea telefónica casi no hablan, por inseguridad o estar bajo amenaza, o preguntan sobre el programa y por el destino que tendrán sus informaciones, para evitar riesgos antes de exponer la denuncia.
Los casos consistentes, cuya información indica de hecho la práctica de tortura, son comunicados a las autoridades competentes y acompañados hasta tenerse resultado concreto.
Los datos son actualizados inmediatamente, gracias a la informatización del proyecto, que es financiado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
Esta asociación entre sociedad civil y el Estado favorece la búsqueda de soluciones eficaces sontra la violencia, aseguró el secretario del MNDH.
El 21 de octubre se tuvierno 390 llamadas, con 19 casos confirmados de tortura. Las denuncias aumentan cada día, ante la divulgación del programa, que se aplica en los 27 estados brasileños.
La campaña fue ampliada el 30 de octubre a todo el país, pero aún se aguardan los actos de lanzamiento en más de mitad de los estados.
El convenio firmado por el MNDH con el gobierno, de un año de duración, contempla la acumulación de datos a través de las denuncias y un posterior análisis de las informaciones por un equipo de expertos, para hacer un diagnóstico y formular propuestas para el debate público.
El objetivo es erradicar ese tipo de violencia mediante la movilización de instituciones públicas y de la sociedad y la adopción de medidas de prevención, control y amparo a las víctimas y testigos.
Una ley promulgada en 1997 tipifica el delito de tortura y determina sanciones, pero ha tenido escasa aplicación hasta ahora. Los mismos fiscales y jueces evitan usarla, prefiriendo calificar los casos de «matrato y abuso de autoridad», advirtió Olmar.
A ese resultado contribuye el hecho de que las víctimas son en general pobres y 18 por ciento son niños y adolescentes. Son personas «vulnerables» en extremo, que «no se quejan ante la justicia», lamentó.
La tortura tiene por finalidad principalmente «obtener confesiones», es un «método de investigación» de la policía, porque «ofrece resultados inmediatos» . Los tribunales brasileños aceptan confesiones firmadas bajo tal presión, faltando a una convención internacional de la que Brasil es parte, indicó Olmar.
Se trata de actos de «cobardía», pues los agresores actúan por lo general en grupo contra una víctima indefensa, agregó. En efecto, en 139 casos con participación de policías civiles, hay 304 acusados. Es decir, un promedio de 2,2 en cada caso.
La estrategia de combate contra la tortura comprende la creación de comités de alcance nacional y estadual, compuestos por autoridades policiales, judiciales, el Ministerio Público y representantes de la sociedad civil. (FIN/IPS/mo/ff/hd/01
