El gobierno de Colombia admitió este viernes que el proceso de paz con las guerrilleras FARC pende de un hilo a causa de las exigencias de los rebeldes para reactivar el diálogo, congelado desde el 17 de octubre.
El proceso «vive un momento crítico», pese a los esfuerzos del gobierno de Andrés Pastrana por mantener abierta la negociación con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), advirtió el ministro del Interior, Armando Estrada.
Pastrana, quien viajó el miércoles a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y entrevistarse con su homólogo George W. Bush, rechazó el jueves en Washington las últimas exigencias de las FARC.
Si la guerrilla se retira de la mesa de negociaciones, lo hará bajo su propio riesgo, advirtió.
Pastrana indicó que el Acuerdo de San Francisco, firmado por ambas partes en octubre, compromete a las FARC a avanzar en el diálogo. «Es decisión de ellos si cumplen o no», dijo.
Gobierno y guerrilleros acordaron en San Francisco estudiar la posibilidad de un cese del fuego bilateral para buscar medios de dinamizar las negociaciones.
El líder de las FARC, Manuel Marulanda, exigió en una carta a Pastrana «el desmonte del cerco militar» impuesto en la denominada «zona de distensión», de 42.000 kilómetros cuadrados, de la que se replegó el ejército en cumplimiento de una condición de la guerrilla para iniciar el diálogo de paz.
Marulanda también pidió a Pastrana una declaración pública en que señale si las FARC son consideradas «narcotraficantes y terroristas», como las califica el gobierno de Estados Unidos, «para evitar el pretexto de intervención» de Washington «en los asuntos internos de Colombia».
El líder de las FARC exigió, además, suprimir los vuelos a baja altura de aviones militares en esa zona. Marulanda advirtió que, de no ser atendidas sus exigencias en 15 días, las FARC entregarían formalmente la zona de distensión, que abarca a cinco municipios del sudeste.
Los rebeldes también reclamaron pasos concretos en la lucha contra los paramilitares de derecha y que se permita el libre ingreso de extranjeros en la zona de distensión, que el gobierno también restringió.
Pastrana afirmó el jueves en Washington que no es su función definir si las FARC son o no terroristas. «Ellos son los que tienen que definirse ante el mundo: si quieren ser vistos como un grupo insurgente dispuesto a llevar a cabo una negociación política o si quieren ser tratados como terroristas», dijo.
El martes, las FARC rechazaron su inclusión en la lista de 30 organizaciones terroristas elaborada por el gobierno estadounidense, y consideraron que ese señalamiento «es un pretexto (de Washington) para intervenir» en cualquier momento en los asuntos de Colombia.
«No cabe duda de que las FARC, el ELN (Ejército de Liberación Nacional, de izquierda) y los paramilitares son terroristas y como tales serán combatidos», afirmó el jueves Barbara Moore, a cargo de la Embajada de Estados Unidos en ausencia de su titular, Anne Patterson.
Según la carta de Marulanda, de ser rechazadas sus solicitudes las FARC darían por terminado el proceso de negociación, «haciendo entrega, en una ceremonia formal, de los cinco municipios que forman parte de la zona de distensión en la hora y sitio que defina el gobierno» de Pastrana.
Las fuerzas armadas colombianas acusan a las FARC de utilizar zona de distensión para negocios con el narcotráfico y como escondite de secuestrados.
El ministro de Defensa, Gustavo Bell, y el jefe de las fuerzas armadas, Fernando Tapias, atribuyeron este viernes las exigencias de las FARC a su intención de dilatar las negociaciones. Bell y Tapias coincidieron en señalar que la organización insurgente sí es terrorista.
Según Bell, las fuerzas armadas son capaces de recuperar el control de la zona de distensión en caso de que se rompa definitivamente el diálogo con las FARC.
Esta fase crítica de las negociaciones coincide con el inicio del proceso electoral en que será elegido el sucesor de Pastrana para el periodo 2002-2006, y con la campaña internacional contra el terrorismo impulsada por Estados Unidos tras los atentados contra Nueva York y Washington el 11 de septiembre.
Tanto la guerrilla como Pastrana, a quien le falta menos de un año para finalizar su gestión, se «están jugando los restos» en esta fase de las negociaciones, dijo a IPS Luis Valencia, investigador de la Facultad de Ciencia Política de la estatal Universidad Nacional.
Marulanda ha adoptado una posición «muy dura», al igual que Pastrana, quien también esta presionado por el entorno internacional concentrado en la lucha antiterrorista, agregó Valencia.
Para el diputado independiente Antonio Navarro, ex guerrillero del legalizado M-19, la actual fase del proceso de paz requiere «sensatez de las partes», pues la ruptura del diálogo conduciría al recrudecimiento de la guerra civil.
El ex consejero presidencial de Derechos Humanos Carlos de Roux afirmó que la exigencia de las FARC de suprimir los vuelos a baja altura y de que el ejército persiga a los paramilitares «son razonables», pero reiteró que no se le puede impedir al gobierno que ejerza controles en la zona.
El defensor del pueblo (ombudsman), Eduardo Cifuentes, llamó al gobierno y a las FARC a insistir en una salida a la crisis, y señaló que en caso de una ruptura se deberán tomar todas las medidas para proteger a la población civil. (FIN/IPS/yf/mj/ip/01
