Chile tiene uno de los peores registros en América Latina de presencia femenina en el parlamento, pese a lo cual el número de candidatas para las elecciones del 16 de diciembre es inferior al de los comicios de hace cuatro años.
«Cada vez que hay elecciones este problema reflota y se agrava. Demuestra que el sector masculino no está dispuesto a perder espacios», dijo este martes a IPS Rosa Ferrada, codirectora del no gubernamental Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH).
En las elecciones del 16 de diciembre se renovará los 120 cargos de la Cámara de Diputados, y de los 420 candidatos en disputa en 60 distritos, solo 58 son mujeres. En los anteriores comicios legislativos, en diciembre de 1997, hubo 81 candidatas a diputada.
También en estos comicios se votará por 18 de los 38 senadores de elección popular, y solo dos de los 46 postulantes son mujeres.
Las mujeres ocupan apenas ocho por ciento de los escaños del actual parlamento y es probable que su presencia disminuya en la Cámara de Diputados luego de las próximas elecciones.
La situación en el Senado no puede empeorar, porque las dos únicas mujeres actualmente en esa cámara pertenecen a circunscripciones que no se renuevan en esta oportunidad y permanecerán, por tanto, en sus cargos hasta marzo de 2006.
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Chile es uno de los países latinoamericanos cuyo grado de progreso social y económico se contradice con la escasa presencia de las mujeres en cargos públicos.
Chile ocupó este año el casillero número 39 entre todos los países del mundo analizados mediante el índice de desarrollo humano del PNUD, pero en cuanto al índice de potenciamiento de género, que evalúa la participación de mujeres en los poderes del Estado, figuró en el puesto 49.
El día 5, por primera vez en la historia chilena, dos mujeres juraron como ministra y fiscal de la Corte Suprema de Justicia, enclave exclusivamente masculino en sus 171 años de existencia.
El avance registrado en el Poder Judicial contrasta con la escasa apertura del Poder Legislativo a las mujeres, mientras que en el gobierno de Ricardo Lagos hay cinco mujeres que ocupan cargos ministeriales.
«Falta voluntad política en los partidos para romper la exclusión de las mujeres. Las peleas internas para conseguir que una mujer sea candidata son enormes», señaló Ferrada, encargada de la Escuela de Ciudadanía del MEMCH.
Ximena Zavala, directora del no gubernamental Instituto de la Mujer, advirtió que en este aspecto no hay mayores diferencias entre los partidos de la oficialista Concertación por la Democracia, de centroizquierda, y de la opositora Alianza por Chile, de derecha.
El pequeño Partido Humanista, excluido del parlamento, es el que lleva más candidatas, con 21,42 por ciento de sus postulantes a diputada.
En la pugna por la Cámara de Diputados, los demás partidos del gobierno y la oposición derechista, además del Comunista, que tampoco tiene representación parlamentaria, incluyeron en sus plantillas entre 11 y 20 por ciento de mujeres.
Esto muestra una clara subrepresentación de las mujeres, que son 52 por ciento del universo de votantes de Chile, indicaron Ferrada y Zavala.
El Instituto de la Mujer lanzó una campaña bajo el lema «Piensa mujer, vota mujer», para exhortar al electorado a que apoye las escasas candidaturas femeninas allí donde las hay, o a los postulantes varones que muestren sensibilidad para combatir las desigualdades de género.
Las activistas femeninas coincidieron en que uno de los grandes responsables de la marginación de la mujer es el sistema electoral binominal que rige para los cargos parlamentarios, impuesto en las postrimerías de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 1990).
El binominalismo implica que en cada uno de los 60 distritos de diputados o de las 19 circunscripciones senatoriales se eligen solo dos cargos, independientemente del número de habitantes o de votantes de las distintas jurisdicciones.
Se favorece así a la mayoría y a las «grandes minorías» en coaliciones o pactos electorales, excluyendo a pequeños partidos, como el Humanista o el Comunista, que podrían acceder al parlamento a través de un sistema de representación proporcional.
«La disputa en los partidos por las candidaturas es enorme y tienden a triunfar los que se consideran más seguros, generalmente hombres. El sistema binominal impide a los partidos ser mínimamente osados para buscar nuevos liderazgos y, como consecuencia, son discriminados los jóvenes y las mujeres», comentó Zavala.
Ferrada comentó que en el cogobernante Partido Socialista hubo «una pelea interna tremenda» para que se designara candidata a diputada a Mireya García, secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, pese a su «tremenda trayectoria» como defensora de derechos humanos.
La exclusión de la mujer es un problema que atraviesa los aspectos político-ideológicos y lo que se requiere es de parlamentarias que se interesen de verdad por los problemas de la población femenina, señaló Zavala.
En ese sentido, la directora del Instituto de la Mujer valoró la acción conjunta en el actual parlamento de diputadas de izquierda y derecha para legislar en áreas como la violencia intrafamiliar y para exigir control de los gastos en las campañas electorales.
Según un informe del no gubernamental Centro de Estudios de la Mujer (CEM), una mujer debe hacer mucho más esfuerzo que un hombre para participar en política por los atavismos culturales que tienden a imponerle «las tareas del hogar».
Las mujeres están más expuestas a la crítuca que los hombres cuando ingresan a la actividad pública, generalmente carecen de aliados en la dirigencia de sus partidos, mayoritariamente masculina, y son marginadas de la «estructura informal del poder», agrega el informe.
«Una mujer debe ser dos veces competente para ser aceptada (en política), pero si es demasiado competente, se vuelve una amenaza», señaló el CEM.
Zavala se declaró partidaria de criterios de paridad para una mayor participación de las mujeres, más que de ley de cuotas, como la aplicada en países como Argentina y Bolivia, para asegurar una representación mínima en las candidaturas o en los parlamentos.
Ferrada, en cambio, estimó que una ley de cuotas puede ser una ayuda apropiada. «Si no hay cuotas, tampoco hay acceso, mientras no se reconozca la capacidad de las mujeres», dijo.
Ambas dirigentas recalcaron que lo fundamental para terminar con la discriminación femenina en los cargos parlamentarios es la voluntad política de los partidos y gobernantes, que permitiría terminar con el sistema binominal y otros factores de exclusión.
«Mientras no haya una participación justa de la mujer, no se completará el ciclo de la democracia en nuestro país», sentenció Ferrada. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/01
