Un grupo de ONG de Estados Unidos manifestó preocupación ante el propósito del gobierno de recompensar con venta de armas la colaboración en la guerra contra el terrorismo de países que antes cuestionaba.
El Arms Trade Oversight Project (Proyecto de Control del Comercio de las Armas) incluye a la Federación de Científicos Estadounidenses, Saferworld, Africa Action, Centro de Política Internacional, Estadounidenses por la Acción Democrática y el Consejo por un Mundo Habitable.
Erik Floden, director del Proyecto, dijo que India y Pakistán serán los primeros beneficiados por la nueva política de Estados Unidos, pero la lista puede crecer a medida que más países declaren su respaldo a la guerra de Washington contra el terrorismo.
Washington impuso sanciones a India y Pakistán en 1998 por las pruebas nucleares que ambos realizaron ese año.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anuló la semana pasada las sanciones que había impuesto a Sudán. La resolución tuvo andamiento porque Washington no hizo uso de de su facultad de veto.
Sudán está incluido en la lista de países que en opinión del Departamento de Estado colaboran con el terrorismo. Pero su promesa de colaborar con la nueva campaña antiterrorista indujo a Estados Unidos a permitir la aprobación de la propuesta en el Consejo de Seguridad.
Uzbekistán, cuyo gobierno ha sido acusado de violar los derechos humanos, también busca la asistencia militar de Washington a cambio de su colaboración.
El gobierno de George W. Bush también ofreció implícitamente su ayuda militar a países de Medio Oriente como Siria, Yemen e Irán, a cambio de su cooperación.
La propuesta se hizo específicamente a países musulmanes, porque se desea que éstos otorguen mayor legitimidad a la coalición encabezada por Estados Unidos que se propone atacar a Afganistán, un país predominantemente islámico.
En Afganistán se encuentra el extremista saudita Osama bin Laden, a quien Estados Unidos señala como el principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, que dejaron más de 6.000 muertos y 8.000 heridos.
La mayoría de los países islámicos, entre ellos Irán y Siria, indicaron que se sumarán a la campaña contra el terrorismo sólo si ésta es dirigida por la ONU
El mismo respaldo condicionado ha sido ofrecido por Egipto, que recibe de Estados Unidos 1.300 millones de dólares por año en ayuda militar.
Floden dijo que Washington no debería enviar armas a ninguno de esos países, y mucho menos a India y Pakistán, ambos con capacidad bélica nuclear y enfrentados desde hace décadas por la soberanía del territorio de Cachemira.
«Deberíamos otorgar ayuda económica y humanitaria, no militar», subrayó a IPS.
Floden recordó que las armas que Estados Unidos proporcionó a los combatientes afganos en su lucha contra la ocupación rusa en la década de 1980 ahora se utilizarán contra Washington.
En una carta dirigida a miembros del Congreso legislativo de Estados Unidos, la alianza de ONG expresó su inquietud sobre la legislación propuesta en la lucha contra el terrorismo ya que no aplicaría restricciones vigentes sobre exportaciones de armas y ayuda militar a los países que podrían asistir a Washington.
La legislación vigente en Estados Unidos incluye normas de emergencia que permiten al presidente ofrecer ayuda militar a sus aliados en tiempos de crisis.
«Creemos que el Congreso debería seguir supervisando las exportaciones de armas y la ayuda militar de Estados Unidos, y no sacrificar los objetivos políticos de la política exterior», señaló la carta.
«Como representantes de organizaciones religiosas, de desarrollo, de control de armas y derechos humanos que trabajan para limitar el impacto negativo que tiene el comercio de armas en la paz y la seguridad internacionales, nos preocupa que el texto propuesto socave los valores centrales de la política exterior de Estados Unidos».
Esos valores son la «libertad, la democracia y el respeto por la vida humana», agregaron las ONG.
En definitiva, ese texto «podría poner en peligro la seguridad estadounidense», advirtió el grupo.
Los atentados del 11 de septiembre demuestran que Estados Unidos debe tomar medidas para proteger al país y llevar a la justicia a los responsables, señalaron.
Pero con ese fin, «Estados Unidos no debe socavar las leyes y políticas que han servido para mantener a las armas fuera del alcance de gobiernos y terroristas que pueden amenazar la seguridad nacional estadounidense», destacó el grupo. (FIN/IPS/tra-en/td/aa/aq/ip/01
