En tiempos de vacas flacas en América Latina, las miradas se vuelven otra vez a las privatizaciones como fuente de recursos, aunque muchos dudan de que este sea el momento adecuado para vender activos estatales.
En la región existen todavía bienes públicos enajenables por unos 40.000 millones de dólares, sobre todo en el sector de la energía y el petróleo, según un informe de la consultora Latintrade y del diario chileno Estrategia.
Estrategia considera que la transformación de esos bienes en recursos financieros es impostergable, debido a la contracción de la economía latinoamericana, que se acentuará con la crisis internacional desatada por los atentados suicidas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
El crecimiento del producto interno bruto (PIB) latinoamericano será este año de apenas 0,8 por ciento, según el informe publicado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el día 10, un mes después de los ataques y con tres días de iniciada la represalia de Estados Unidos contra Afganistán.
La organización mundial señaló que las regiones en vías de desarrollo serán las más afectadas por el nuevo escenario, en que se redujo de 2,4 a 1,4 por ciento la proyección del crecimiento de la economía mundial este año.
El área de Asia meridional y oriental sufrió la peor caída de la expectativa de crecimiento del PIB, de 4,1 a 1,7 por ciento.
Un impacto similar se calculó para América Latina y el Caribe, región para la cual se pronosticaba a comienzos de año un crecimiento de 3,1 por ciento, reducido ahora a solo 0,8 por ciento.
El impacto de la crisis persistirá, aunque más moderado, el próximo año, con un aumento del PIB mundial de dos por ciento y del mismo rango en América Latina, que seguirá pagando el costo de la desaceleración de la economía estadounidense.
En este escenario, la venta de activos públicos es vista en círculos de empresarios como la fórmula para que América Latina atraiga inversiones extranjeras para afrontar situaciones de déficit fiscal que pueden irrumpir de la mano de la contracción económica.
Pero este mismo ambiente de magro crecimiento puede operar en contra de ese propósito, en la medida en que los inversionistas extranjeros opten por la cautela frente a América Latina y guarden por ahora sus divisas.
El aumento del llamado riesgo-país en el caso de Argentina mantiene en ascuas a la banca internacional, por la amenaza de contagio de la crisis argentina al resto de la región y en particular a Brasil.
En una coyuntura de menor crecimiento, los activos estatales serán igualmente subvalorados, con el riesgo consiguiente de que se privaticen a precios muy inferiores a su valor real, como ocurrió en Chile y en otros países latinoamericanos en los años 80.
No obstante, varios países de la región tienen ya en carpeta la venta de patrimonios estatales, en operaciones que pondrán a prueba el atractivo que ejercen en los inversionistas.
Para el 31 de octubre está programada en Brasil la licitación de la compañía de electricidad Copel, que venderá a capitales privados sus sistemas de generación y transmisión de energía.
También en Brasil se anuncia para el 20 de noviembre la adjudicación del Banco de Ceará, del nororiental estado de ese nombre, y para el primer trimestre de 2002 la venta de la compañía eléctrica Furnas.
En marzo, Colombia deberá dar un paso definitivo para la enajenación de su sistema eléctrico, mientras en Ecuador se espera para este mes una decisión sobre la compañía eléctrica Emelec.
Sin fecha fija, pero con planes de privatización, están en Ecuador el sistema de distribución eléctrica y las refinerías de petróleo de Esmeraldas y Amazonas.
En Perú, el sistema de líneas de transmisión eléctrica aguarda en la antesala de las privatizaciones, aún sin fecha establecida, de acuerdo al informe de Latintrade y Estrategia.
La materialización de esas privatizaciones implicaría la culminación del paso a manos privadas de casi todo el sector eléctrico y petrolero de América del Sur, un proceso que tuvo ritmo intenso en los años 90 junto con la enajenación de las empresas de telecomunicaciones, las líneas aéreas y la banca. (FIN/IPS/ggr/mj/if dv/01