Las autoridades venezolanas debieron apelar a fuerzas militares para enfrentarse a un escuadrón de la muerte conformado por policías en el centro-occidental estado de Portuguesa, al que se le imputan al menos 68 asesinatos.
Unos 700 efectivos de la militarizada Guardia Nacional tomaron por sorpresa la sede policial de Portuguesa, a 450 kilómetros de Caracas, para poner punto final a una cadena de homicidios y detenciones arbitrarias.
La gobernadora de Portuguesa, Antonia Muñoz, señaló que el autodenomiando Grupo Exterminio sería responsable de la muerte de 68 personas, en casos que fueron registrados el año pasado como enfrentamientos de agentes policiales con delincuentes.
Por su parte, las autoridades judiciales calculan que 38 policías están involucrados en los asesinatos, pero sólo seis de ellos fueron detenidos hasta ahora.
Reportes oficiales de Portuguesa señalan que entre enero de 2000 y mayo de este año «resultaron abatidos» 227 presuntos delincuentes, que opusieron resistencia o se enfrentaron a los cuerpos de seguridad. Sólo tres policías fallecieron en esos supuestos enfrentamientos.
El patrón seguido según estos reportes y el asesinato de un estudiante, cuyo padre perteneció a la Policía Técnica Judicial, fueron los detonantes para que se iniciaran investigaciones y se develara una sistemática violación de los derechos humanos en esa zona, cuya actividad principal es agrícola y pecuaria.
La Guardia Nacional, al ingresar el 25 de septiembre en la sede policial de Acarigua, capital de Portuguesa, encontró a 10 personas detenidas en forma indebida, 60 armas de fuego sin registro ni justificación y material de guerra, además de seis vehículos que habían sido robados y estaban sin reportar.
Este cuadro, las denuncias de prácticas de extorsión a personas que luego fueron asesinadas y otras historias de víctimas que comienzan a develarse significaron un llamado de alerta para distintos grupos humanitarios, que piden se investigue posibles situaciones similares en otras partes de país.
Activistas manifestaron, además, que resulta difícil creer que el Grupo Exterminio haya actuado impunemente sin el apoyo, tácito o abierto, de sus superiores.
«Podemos estar ante la punta de un iceberg y preocupa la tolerancia social que acepta el crimen para combatir el crimen», dijo Liliana Ortega, directora del grupo que asesora a familiares y víctimas del Caracazo, la protesta de 1989 que fuera reprimida por fuerzas de seguridad con un saldo de más de 400 muertos.
Las acciones del Grupo Exterminio han incluido amenazas contra los fiscales que investigan el caso, quines ahora son custodiados por policías enviados desde Caracas, y el asesinato de testigos claves y familiares de víctimas, según denuncias.
Paradójicamente, el grupo de policías acusado de esos delitos ha contado con el apoyo tácito de sectores de la población, pues entienden que ese accionar permitió un descenso de la criminalidad.
«Llegó un tiempo en que las mujeres no podían salir, los asaltos estaban a pedir de boca», contó Maritza Bucarelo, presidenta de una junta de vecinos de un barrio de Acarigua.
El criminólogo Elio Gómez Grillo explicó que «el estado de indefensión y de terror que vive el país ante el peso abrumador de la delincuencia sacó a flote actitudes a favor de los justicieros», como se denominaba originalmente el grupo.
Por su parte, el fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, recalcó que los miembros del «Grupo Exterminio son delincuentes uniformados».
Los policías involucrados «trataron de establecer una justicia propia, que manaba de ellos mismos, sin control de ninguna naturaleza», apuntó.
Fue justamente Rodríguez, y tras una petición de la gobernadora Muñoz, quien ordenó la militarización de la región y envió desde Caracas a más de 20 fiscales especializados.
«Celebramos esta acción de la Fiscalía, que representa un precedente importante en la lucha contra la impunidad de casos que atentan contra el derecho a la vida y a la integridad personal», señalaron a IPS portavoces del Programa de Educación y Acción en Derechos Humanos.
El manejo que terminen dándole las autoridades a este caso es importante, cuando existen sospechas de conductas policiales similares en otros estados de Venezuela.
«Se deben dar gestos claros que demuestren que lo sucedido no goza de la aquiescencia del Estado. La señal nítida es castigar a los culpables, llegar al final de la cadena de mandos, sin contemplaciones», dijo Ortega, ex coordinadora del Foro por la Vida, que reúne unos 20 grupos humanitarios.
«Ya es tiempo de revisar los estados de Bolívar, Yaracuy, Anzoátegui, Miranda y el Distrito Capital. La palabra la tiene el Estado, ¿estamos ante una signo de alerta o ya en medio del fuego?», se preguntó la abogada especialista en derechos humanos.
Otra señal la emitió la gobernadora Muñoz el lunes, cuando advirtió que «no puede ser posible que el 7 de septiembre había una audiencia y se suspendió, el 20 otra y también se suspendió. Entonces, empiezan las tácticas dilatorias que siempre hay en el poder judicial y por eso los hechos quedan impunes».
Pero de hecho, la intervención militar de la semana pasada le puso punto final a irregularidades que existían en el cuerpo policial. Los seis agentes que estaban detenidos en la comandancia de policía de Acarigua, en espera del proceso por el accionar del Grupo Exterminio, salían y entraban libremente. (FIN/IPS/ac/dm/hd/01
