Afganistán, Israel, Birmania y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) actúan contra el derecho básico a la alimentación al utilizar los alimentos como armas de guerra, se advirtió en un informe del propio foro mundial.
Afganistán viola aspectos centrales del derecho humanitario internacional que prohíben privar de alimentos a la población civil como método de guerra, afirma el trabajo de Jean Ziegler, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Ziegler manifestó que tiene esperanzas en enviar una misión a Afganistán para examinar las acusaciones y la verdadera situación alimentaria de esa nación de Asia central de 23 millones de habitantes.
Mientras, la comunidad internacional realiza los últimos esfuerzos para suministrar alimentos a cientos de miles de personas casi famélicas de Afganistán, que también están bajo la amenaza de un inminente ataque militar de Estados Unidos.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) se propone arrojar desde el aire 30.000 toneladas de alimentos para 100.000 familias, informó este jueves su directora ejecutiva Catherine Bertini.
«Lamentablemente, dada la actual situación en el terreno será imposible entregar los suministros que esa población necesitará durante el invierno», sostuvo. Ante la falta de comida, las personas afectadas deberán dejar sus hogares en busca de alimentos o morirán, agregó.
El PMA solicitó 230 millones de dólares a las naciones donantes con el fin de alimentar a 7,5 millones de personas atrapadas en la crisis en Afganistán. La agencia ya alimenta a un millón de personas, pero sus reservas se acabarán pronto.
El informe incluye cargos contra la propia ONU por utilizar la alimentación como instrumento de presión contra el régimen de Iraq.
«Caben pocas dudas de que someter al pueblo iraquí a un duro embargo económico desde 1991 llevó a la ONU a violar claramente el derecho a la alimentación de la población de Iraq», asegura el documento, citando al secretario general adjunto Dennis Halliday, ex coordinador humanitario del foro mundial para Iraq.
El informe de 26 páginas incluye una denuncia conjunta de organizaciones no gubernamentales (ONG) israelíes, palestinas e internacionales que acusan al gobierno israelí de negar el acceso a alimentos y agua a las comunidades palestinas de la franja de Gaza y Cisjordania.
Las aldeas palestinass permanecen cercadas por fuerzas militares desde el inicio de la intifada (levantamiento popular) contra la ocupación israelí, en septiembre de 2000.
Los «cercos policiales» impiden el ingreso de alimentos y agua, según la relatoría de la ONU. En abril el ejército destruyó grandes áreas de tierras agrícolas, árboles frutales y manantiales que constituían el sustento de 135 familias en las zonas ocupadas.
«Varias ONG sostienen que las políticas del gobierno de Israel han generado hambre y ponen en peligro de hambruna a los más pobres. También se documentan daños permanentes a las necesidades nutricionales de grupos vulnerables, como niños y niñas y refugiados», afirma el documento.
Las denuncias sugieren que los cercos son un castigo colectivo y una violación al principio de no utilizar la alimentación como instrumento de presión política o económica.
Estos principios fueron incluidos en la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial de 1996, así como en numerosas resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos del foro mundial.
Ziegler afirmó que había solicitado visa al gobierno de Israel para encabezar una investigación oficial sobre estos cargos, pero el país sigue negando el ingreso a los relatores de derechos huamnos de la ONU.
Ni siquiera el Comité sobre Prácticas Israelíes del foro mundial, creado en los años 50 con el mandato de investigar la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, pudo ingresar al país, afirman funcionarios de la ONU.
Por otra parte, el régimen militar de Birmania es acusado de «gruesas violaciones al derecho a la alimentación» en su lucha contra la oposición civil y los movimientos insurgentes, de acuerdo al documento de la relatoría.
Desde marzo de 1996, la junta militar desplazó por la fuerza a más de 300.000 personas de 1.400 aldeas.
«La desnutrición es extremadamente alta tanto en las zonas afectadas por la guerra en Birmania oriental, como en las zonas de paz, en los estados de Karen, Karenni y Shann y en la región del delta» meridional, afirma el documento.
Se acusa igualmente a Birmania de destruir cultivos en forma deliberada y de confiscar alimentos a la población civil. (FIN/IPS/tra-en/td/dc/aq/hd ip/01
