Las Fuerzas Armadas y la policía de Colombia actúan en estrecha coordinación con grupos paramilitares de derecha a los que el gobierno de Estados Unidos considera terroristas, aseguró hoy la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
El gobierno colombiano de Andrés Pastrana y el estadounidense de George W. Bush han restado importancia a las pruebas de esa cooperación o las han ignorado, según un informe de 120 páginas divulgado en Bogotá y Washington por HRW.
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos incluyó el mes pasado a esos grupos paramilitares en su lista de organizaciones «terroristas extranjeras».
El gobierno etadounidense «violó el espíritu de sus propias leyes y en algunos casos minimizó o ignoró la importancia de la evidencia sobre los lazos vigentes entre los militares y los grupos paramilitares», para poder ayudar al ejército de Colombia y obtener más fondos del Congreso, concluye HRW.
La ley llamada «disposición Leahy» prohíbe a Washington otorgar asistencia a una fuerza de seguridad extranjera contra la que existen evidencias de violación de los derechos humanos, a menos que se tomen «medidas efectivas» para llevar a los responsables ante la justicia.
Mientras el Fiscal, la Defensoría y los dirigentes policiales en Bogotá tomaron medidas contra los paramilitares, «sus acciones han sido constante y eficazmente socavadas, canceladas o, en algunos casos, invertidas por acciones promovidas por la alianza militar-paramilitar», de acuerdo con el informe.
HRW «responsabiliza al gobierno de Pastrana» porque no tomó medidas «rápidas y eficaces para controlar a las fuerzas de seguridad, y acabar con sus vínculos… a los paramilitares».
El informe se divulga en un momento crítico de la prolongada guerra civil de Colombia y la participación de Washington en la misma.
Bogotá se convirtió en los últimos dos años en el tercer destinatario de ayuda extranjera de Washington, después de Israel y Egipto.
El Senado se apresta a votar la semana próxima el proyecto de ley de la ayuda extranjera para 2002. Washington le otorgó a Bogotá 1.600 millones de dólares en ayuda militar en los últimos dos años, y para el próximo solicitó 500 millones de dólares más.
Hace casi tres años Pastrana otorgó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, el control de un territorio desmilitarizado del tamaño de Suiza, con el fin de iniciar negociaciones de paz.
Pastrana deberá decidir el próximo lunes si extenderá el plazo del control guerrillero sobre la zona desmilitarizada.
El Departamento de Estado y analistas independientes consideran que las FARC no hicieron grandes concesiones a Pastrana, y que la guerrilla utiliza el territorio bajo su control como una base para atacar a las fuerzas del gobierno.
En una carta dirigida al comandante de las FARC, Manuel Marulanda, alias «Tirofijo», HRW acusó a la guerrilla de cometer un «número asombroso de abusos», especialmente en la zona desmilitarizada, desde que se inició el proceso de paz.
HRW acusó a los rebeldes de 500 asesinatos en los 12 meses anteriores a la carta, enviada en julio.
«Es evidente que los paramilitares y los actores estatales cometen abusos horrendos. Pero la práctica de las FARC no es mejor que las del resto», dijo a IPS el director de HRW América José Miguel Vivanco.
La guerrilla secuestró y asesinó la semana pasada a la ex ministra de Cultura Consuelo Araújo.
La carta de HRW provocó un airado intercambio entre las organizaciones de derechos humanos y las FARC.
«Parece que estos tipos no están realmente interesados en la paz», sostuvo un colaborador del Congreso en Washington.
No obstante, la alianza entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares es considerada más grave por los analistas.
El secretario de Estado (canciller estadounidense) Colin Powell incluyó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal grupo paramilitar del país, en la lista de «organizaciones terroristas extranjeras» compilada por Washington.
Powell acusó a las AUC de realizar «numerosos actos de terrorismo, incluso de la masacre de cientos de civiles, el desplazamiento forzoso de aldeas enteras y el secuestro de personalidades políticas».
No queda claro si la medida de Powell, bien recibida por HRW y otras organizaciones de derechos humanos, tendrá efectos concretos en la ayuda estadounidense a Bogotá o en la colaboración de los militares colombianos con las AUC.
El informe de HRW pretende describir el grado de esa colaboración, descrito por un funcionario citado en el mismo como un «matrimonio».
«Oficiales a nivel de brigada y batallón, y en algunos destacamentos policiales, incumplen, ignoran o burlan las órdenes superiores que les exigen romper sus vínculos con los paramilitares».
«En violación de la ley y las instrucciones de sus superiores, estos oficiales mantienen relaciones cercanas y periódicas con los grupos responsables de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos en Colombia», agrega el informe.
El informe de HRW se concentra en la cooperación entre tres brigadas del ejército y los paramilitares de los departamentos de Putumayo, Valle y Santander.
Esa cooperación incluye «la coordinación activa durante operaciones militares, comunicación por radio, teléfonos celulares y buscadores, el acceso mutuo a datos de inteligencia, incluso los nombres de supuestos colaboradores de la guerrilla».
Ambos grupos «comparten combatientes, como soldados que luchan en unidades paramilitares y comandantes paramilitares alojados en bases militares».
También «coordinan los bloqueos callejeros del ejército, que suelen dejar pasar a combatientes paramilitares armados», indica el informe de HRW.
HRW destaca que Pastrana y otros altos funcionarios, incluso generales, denuncian públicamente a los paramilitares, pero la realidad subyacente sigue prácticamente sin cambiar.
«Pastrana ha reconocido el problema, pero los militares aún no tomaron las medidas correspondientes para resolverlo. Esto tiene serias consecuencias para los donantes militares internacionales de Colombia, especialmente Estados Unidos», aseguró Vivanco.
El informe critica la decisión del gobierno de Bill Clinton (1993-2001) de no exigir el respeto por los derechos humanos como condición para otorgar los 1.600 millones de dólares en ayuda militar a Colombia.
«El mensaje enviado fue que, mientras los militares colombianos cooperaran con la estrategia contra las drogas de Estados Unidos, Washington no aplicaría las condiciones sobre derechos humanos y pasaría por alto sus propias leyes», señaló HRW. (FIN/IPS/tra- en/jl/aq/ip/01
