La lucha contra la corrupción política en Perú, que llegó hasta la televisión en el gobierno de Alberto Fujimori, provocó un debate sobre cómo garantizar los valores democráticos en los medios de comunicación sin afectar la libertad de prensa ni de los empresarios.
Los políticos que lograron en el Congreso la destitución por incapacidad moral de Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000 y hoy está refugiado en Japón, se proponen ahora desmontar uno de sus principales instrumentos de poder, como fue el manejo de la televisión mediante sobornos o extorsión.
«Lo ocurrido durante el régimen de Fujimori confirma que la televisión abierta es demasiado poder para dejarla en manos de empresarios particulares, a quién nadie elige y que carecen de responsabilidad institucional frente a la sociedad y el Estado», comentó el analista Mirko Lauer, del diario limeño La República.
Una comisión parlamentaria, conformada por representantes de los cinco partidos mayoritarios del país, tiene tiempo hasta fines de enero para proponer normas sobre el manejo democrático de los medios de comunicación.
Las investigaciones legislativas y judiciales señalan que el gobierno de Fujimori gastó unos 30 millones de dólares entre 1998 y 2000 para poner a su favor varios medios de prensa y a los seis canales privados de señal abierta de Lima.
La operación de corrupción fue realizada directamente por el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, detenido desde junio en una prisión de la marina de guerra tras ser capturado en Venezuela, a donde había escapado en diciembre.
Antes de comenzar las investigaciones se creía que la operación de prensa había sido decidida por el propio Fujimori para que apoyaran su segunda reelección, el año pasado.
Sin embargo, luego aparecieron elementos que señalan a Montesinos como mentor de un proyecto alternativo para derrocar a Fujimori y colocar en la presidencia de Perú al ministro de Economía de entonces, Carlos Boloña.
«Eso explica porque (Montesinos) pagó 10 millones de dólares al principal accionista de Canal 5, la empresa de televisión más importante del país, suma extraordinaria que desconcertó a todos», dijo Alberto Panessi, sociólogo de la Universidad Católica.
«Esa cantidad ya no parece desproporcionada si se considera que Montesinos estaba comprometiendo el respaldo para una aventura más osada, el derrocamiento de Fujimori y su reemplazo por Boloña, quién, inclusive, ya tenía redactado el discurso de su frustrada toma de mando presidencial», añadió Panessi.
Montesinos, con el propósito de extorsionar y someter a quienes corrompió, filmó y grabó sus entrevistas con políticos, periodistas, jueces y militares, incluyendo escenas de las entregas de dinero.
Los vídeos, en los que aparecen empresarios de televisión mientras reciben millonarios sobornos o negocian favores judiciales, sacudieron a la opinión publica y la prepararon para aceptar cualquier drástica norma sobre los medios de comunicación.
Sin embargo, el asunto causó inquietud y fuertes debates, pues algunos sectores políticos demandan que se cancelen las licencias de transmisión de los canales de televisión cuestionados, mientras otros se preocupan de que las nuevas normas no impliquen un deterioro de la libertad de prensa y de expresión.
«Si se quiere construir una sociedad democrática, hay que garantizar la libertad y la pluralidad, en especial en la televisión, pues hoy la versión que se transmite por esa vía se convierte en la verdad socialmente aceptada», advirtió la ex candidata presidencial social cristiana Lourdes Flores.
Por su parte, el legislador Javier Diez Canseco, de la izquierdista Unión Parlamentaria Descentralista, propuso que se controle la ética democrática de los canales de televisión, mediante la revisión periódica de sus licencias de funcionamiento.
«La televisión utiliza frecuencias electromagnéticas que son de propiedad del Estado y que no deben ser concedidas de manera indefinida, pues eso las convierte en patrimonio de los empresarios. El sistema de licencia temporales permitirá sancionar a quienes atenten contra los valores democráticos», apuntó
Diez Canseco añadió que «las concesiones eternas equivalen a una ausencia total de fiscalizacion. Por eso, los empresarios descubiertos se convirtieron en alegres compinches de la dictadura», en referencia al gobierno de Fujimori.
«El asunto central es como impedir que en el futuro el aceptar sobornos no sea uno de los derechos de los empresarios de la televisión», puntualizó.
Adoptar el sistema de caducidad periódica de las licencias de transmisión de televisión con fines normativos implica determinar quién tendría a su cargo la calificación del cumplimiento de las pautas éticas, función que hasta el momento ninguno de los participantes en el debate acepta que sea encomendada al Estado.
El periodista Ismael Frías planteó cancelar de inmediato las licencias de todos los canales de televisión de señal abierta, «por causa de indignidad nacional», y entregarlos a cooperativas conformadas por sus periodistas y trabajadores.
Frías puso como ejemplo el nacimiento del diario francés Le Monde, convertido en propiedad cooperativa en 1945, cuando el general Charles de Gaulle expropió al diario Les Temps como sanción por haber apoyado a los ocupantes alemanes durante la segunda guerra mundial.
En tanto, Rodrigo Montoya, sociólogo de la Universidad de San Marcos, propuso que, luego de canceladas las actuales licencia, los dos canales más importantes sean entregados a una universidad estatal y a una privada, para que compitan por la sintonía.
A su vez, el periodista Fernando Vivas, del semanario Caretas, impulsó la creación de un llamado Consejo Nacional de Televisión, conformado por representantes de organizaciones no gubernamentales, del Consejo Nacional de Rectores Universitarios, del Colegio de Abogados y de otros sectores sociales.
Pero esa propuesta es objetada por líderes de algunos sectores políticos, como Flores.
«El remedio puede ser peor que la enfermedad, porque concentrar en el control directo o indirecto de los medios de comunicación en un organismo, sea estatal o no gubernamental, devendrá en antidemocrático», indicó.
En la misma dirección opinó Enrique Zileri, director del semanario político Caretas y presidente del Consejo de la Prensa Peruana, quién advirtió sobre el riesgo del apasionado clima político coyuntural.
«Un exceso de regulación puede ser peligroso. La legislación que se dicte debe ser estable y, sobre todo, garantizar la libertad de expresión y no contener mecanismos que puedan aherrojarla en el futuro», sostuvo. (FIN/IPS/al/dm/ic ip/01
