El gobierno de Colombia decidirá el próximo lunes, en medio de fuertes presiones, si mantiene desmilitarizada la zona de 42.000 kilómetros cuadrados del sudeste donde negocia la paz con las insurgentes FARC, nuevamente acusadas de delitos contra los derechos humanos.
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, volvió a señalar que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) utilizan el área de 42.000 kilómetros cuadrados bajo su control para violar el derecho internacional humanitario.
El director de HRW para América Latina, José Miguel Vivanco, dijo el jueves en Bogotá que es necesario garantizar mecanismos de verificación para evitar que la guerrilla siga abusando de la población civil dentro y fuera de la zona desmilitarizada.
A la medianoche del lunes vence el «despeje» de un área que duplica la superficie de El Salvador y que el gobierno dejó hace tres años en manos de las FARC para instalar la mesa para el diálogo de paz.
La desmilitarización de la zona, cuya cabecera es San Vicente del Caguán, fue decretada por el presidente Andrés Pastrana el 7 de noviembre de 1998, tres meses después de que asumiera el cargo, y fue prorrogada en nueve oportunidades.
A pesar de que es recurrente el clima de tensión previo al momento de decidir las prórrogas, los últimos casos de violencia de los que se responsabilizan a las FARC caldearon más el ambiente político y fortalecieron la oposición a continuar el proceso de paz.
Expertos sostienen que esta es la decisión más difícil de Pastrana en torno al proceso de paz, pues por un lado tiene el Congreso que le pide replantear las negociaciones y, por otro, a la guerrilla que, de manera arrogante, declara que «no aceptará condicionamientos» para seguir adelante.
Dos hechos en particular, ocurridos esta semana, obligaron al gobierno a replantear su postura cuando ya estaba listo el decreto que ampliaba una vez más el tiempo de permanencia de la zona desmilitarizada.
En la madrugada del lunes fue asesinada la ex ministra de Cultura Consuelo Araujo al parecer por un guerrillero de las FARC, miembro del grupo que seis días atrás la había secuestrado y que huía del cerco tendido por el ejército en la septentrional Sierra Nevada de Santa Marta.
Ese mismo día, las FARC obstaculizaron la entrada a la zona desmilitarizada de una marcha encabezada por el candidato presidencial del opositor Partido Liberal, Horacio Serpa, quien encabeza las encuestas de opinión de voto con miras a las elecciones de mayo de 2002.
En medio de la tensión por estos hechos, Pastrana anticipó el miércoles su ya habitual alocución de los jueves por la noche para asegurar que tomará la decisión con «pulso firme, atendiendo «las voces de la inmensa mayoría de compatriotas que expresan su inconformismo con la brutalidad, la insensibilidad y la violencia».
Ese mismo miércoles aumentó la rebelión en el Congreso, al sumarse la Cámara de Representantes a la actitud del Senado, que había decidido sesionar exclusivamente para tratar cuestiones relacionadas con la crítica situación de orden público y el futuro del proceso de paz.
«Si no se prorroga la zona no ocurrirá nada distinto a lo que sucede hoy: la violencia seguirá campeando por todo el territorio nacional», dijo a IPS el senador liberal Germán Vargas.
«No veo diferencia entre lo que está ocurriendo y lo que podría pasar si se le suspenden a la guerrilla los privilegios que tiene y que hacen muy desigual la guerra», explicó.
Vargas ha sido uno de los más duros críticos de la creación de la zona donde se dialoga y uno de los más fuertes defensores de los intereses de los militares en el parlamento.
En un duro debate realizado el martes en el Congreso, el legislador liberal mostró una larga lista de los supuestos delitos que se comenten en el área desmilitarizada, y enumeró lo que a su juicio son inconsistencias del gobierno en su política de paz.
«Para lograr la paz se necesita voluntad política y ni el gobierno ni la guerrilla saben lo que quieren negociar», opinó.
El senador Vargas fundamentó su opinión con lo señalado por Luis Giraldo, negociador gubernamental por 11 meses, quien en un libro narró que Pastrana jamás le entregó un plan político para defender en la mesa de diálogo con las FARC, la mayor fuerza insurgente de izquierda de Colombia.
En los acalorados debates parlamentarios el también representante liberal William Sicacha propuso que el Poder Ejecutivo decrete el estado de excepción y se sumó al «paro legislativo», pues, según dijo «las leyes son para el estado social de derecho y estamos en estado de guerra».
Sicacha dijo a IPS que «la vía de las armas puede hacer recapacitar a la guerrilla», por lo cual hay es necesario combinar el diálogo y la fuerza.
Mientras, el ministro de Interior, Armado Estrada, trató de calmar los ánimos al indicar que «no se puede responsabilizar a la zona de distensión de todos los problemas que se presentan en Colombia».
«Frente a la indignación que vivimos, muchos ven la solución en la fuerza y extrema derecha, pero la mayoría es consiente que el mejor mecanismo es la democracia», dijo el ministro a IPS.
Estrada remarcó que, «ante la generosidad del gobierno», las FARC han tenido un comportamiento «cínico, desafiante» y han tratado de fortalecerse y «mantener su estrategia guerrerista».
Sin embargo, apuntó que el fortalecimiento del ejército al punto de que, según las encuestas, 75 por ciento de la población crea que está capacitado para derrotar a la guerrilla, debería hacer recapacitar al líder de las FARC, Manuel Marulanda.
Las únicas voces de apoyo a la política de paz de Pastrana en el Congreso llegaron desde filas de un sector de su propio partido, el Conservador.
El senador Carlos Holguin, presidente del directorio del Partido Conservador, pidió a sus pares rodear a Pastrana.
«En otros países la gente se solidariza frente al terrorismo, mientras que aquí la gente busca culpables, trata de quitarle poderes al presidente y busca deteriorar su capacidad de acción», declaró.
Para Holguin sería catastrófico no ampliar en el tiempo la zona desmilitarizada, pero cree que el gobierno debe buscar mecanismos para vigilar lo que allí sucede.
En tanto, el analista Hernando Gómez, pidió desde su última columna en la revista Semana hacer una evaluación seria y confiable sobre el costo de mantener la zona y contraponerlo con lo que costaría romper el diálogo y «renunciar a la posibilidad de una salida menos violenta».
Gómez entiende que la situación cambió después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, pues Colombia no podrá evadir sumarse a la lucha internacional contra el terrorismo.
Tanto las FARC, como Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla del país, y los paramilitares derechistas de las Autodefensas Unidas de Colombia integran la lista de los 30 grupos terroristas del mundo confeccionada por Estados Unidos.
Otra voz que aboga por seguir con el diálogo de paz es la de Luis Garzón, candidato presidencial de una coalición de varios grupos de izquierda y de la sociedad civil.
Garzón dijo que la fórmula para mantener el proceso de paz es no negociar más en medio de la guerra y acoger las recomendaciones de la llamada comisión de notables, que planteó un cese de hostilidades por seis meses para avanzar en la agenda política en discusión.
No obstante, las FARC han indicado que no aceptan condiciones y que el cese de hostilidades, el cual incluye poner fin a los secuestros, implicaría también buscar fondos para financiar a sus casi 15.000 hombres en operaciones.
En medio de la polémica, Garzón advirtió sobre el uso electoral del proceso de paz en busca de dividendos políticos.
Opinó que la marcha de Serpa fue inoportuna y se midió en términos electorales, al igual que el pedido de poner fin al proceso de paz por parte de Noemí Sanín, del Partido Conservador y candidata presidencial por un movimiento pluripartidista. (FIN/IPS/yf/dm/ip/01
