Las buenas relaciones entre el gobierno de Chile y las Fuerzas Armadas pueden ser alteradas por el veto del presidente Ricardo Lagos a la permanencia en la fuerza aérea de un general acusado de torturar a presos políticos tras el golpe de Estado de 1973.
El general Hernán Gabrielli, segunda jerarquía de la aviación militar luego del comandante Patricio Ríos, tendrá que pasar a retiro en las próximas semanas cuando se estructure el nuevo mando, al culminar el proceso anual de calificaciones y ascensos.
El veto de Lagos a Gabrielli no se ha hecho público, pero trascendió el viernes en medios de prensa sin que fuera confirmado ni desmentido por el ministro de Defensa, Mario Fernández.
Tres ex presos políticos de la base de la fuerza aérea de Cerro Moreno, en Antofagasta, 1.200 kilómetros al norte de Santiago, aseguraron en febrero que Gabrielli actuó como torturador en ese recinto militar tras el derrocamiento el 11 de septiembre de 1973 del gobierno del socialista Salvador Allende.
Carlos Bau, Héctor Vera y Juan Ruz dijeron que el entonces teniente Gabrielli sometió a apremios físicos al preso Eugenio Ruiz-Tagle, recluido al igual que ellos en Cerro Moreno, en octubre de 1973.
El ingeniero Ruiz-Tagle fue asesinado ese mismo mes por los efectivos de la llamada «caravana de la muerte», una misión del ejército que recorrió varias ciudades por encargo del entonces dictador y comandante del ejército, general Augusto Pinochet.
El ex dictador fue procesado este año por 57 homicidios y 18 secuestros de prisioneros políticos atribuidos a la «caravana de la muerte», pero el caso fue cerrado por la justicia debido a la supuesta demencia de Pinochet.
Bau, Vera y Ruz hicieron las revelaciones sobre el pasado de Gabrielli cuando éste asumió temporalmente el mando de la fuerza aérea, debido a vacaciones del general Ríos.
El general Gabrielli negó los cargos y replicó con una querella contra los tres ex presos políticos, basada en la ley de Seguridad del Estado, que protegía exclusivamente al presidente a altos mandos militares, jueces y ministros de Estado por supuestas injurias.
Los acusados se negaron a un avenimiento con Gabrielli y respondieron, a su vez, con sendas querellas contra el general en los tribunales, a las cuales se sumaron demandas de la familia de Ruiz-Tagle.
La Corte de Apelaciones estimó en junio que no había fundamento para la querella de Gabrielli, en lo que fue una decisión inédita, ya que la justicia había acogido hasta entonces las denuncias basadas en la controvertida cláusula de la ley de Seguridad del Estado.
Esta norma, que permitió durante la dictadura de Pinochet (1973- 1990) y hasta el año pasado procesar y encarcelar a numerosos periodistas, fue derogada en agosto con la promulgación de una nueva ley de Prensa.
Gabrielli optó por no apelar la resolución de los tribunales, que siguen tramitando en Antofagasta las querellas contra el militar presentadas por los ex presos políticos y por los familiares de Ruiz-Tagle.
El asunto de las torturas no ha sido enfrentado en la transición chilena, que registra varias leyes especiales de reparación para los familiares de presos políticos asesinados y desaparecidos, así como para quienes fueron expulsados de sus trabajos en entidades estatales tras el golpe de 1973.
El veto de Lagos a Gabrielli fue explicado por fuentes del palacio de gobierno de La Moneda, en términos de que resulta «impresentable» mantener como jefe del estado mayor de la fuerza aérea a un oficial denunciado como torturador.
La posición gubernamental fue planteada, según trascendió, en las conversaciones privadas llevadas a cabo con el general Ríos para consensuar el nuevo mando.
Según las normas vigentes desde la dictadura, el presidente de la República no puede remover de su cargo a los mandos militares, pero tiene facultades para objetar propuestas de ascenso o de ratificación de los miembros de los altos mandos, en los periodos anuales de calificación.
Para evitar lo que podría interpretarse como una denostación pública de un oficial por parte del Poder Ejecutivo, se ha puesto en práctica el mecanismo de buscar previamente un consenso con los comandantes en jefe a través de contactos reservados.
En medios oficiales se descartó que la salida de Gabrielli vaya a abrir un conflicto entre el gobierno y la fuerza aérea, pero trascendió que la situación molestó sobre todo al general Ríos.
Gabrielli, considerado el brazo derecho del actual comandante de la aviación militar, es el principal responsable de los proyectos de modernización logística del arma.
En ese sentido, el cuestionado oficial fue el hombre clave en el proceso de elección de los sofisticados cazabombarderos F-16 de Estados Unidos, para reemplazar naves de combate que la fuerza aérea retirará por obsoletas.
El cuerpo de cinco generales de la fuerza aérea tendrá que ser renovado por completo, con la sola excepción del comandante Ríos.
A la salida forzada de Gabrielli se suman el anunciado retiro voluntario de los generales César Topali y José Ignacio Concha, y el fallecimiento del general Angel Campos. (FIN/IPS/ggr/dm/ip hd/01)
