La radicalizada posición del gobierno de Colombia, las organizaciones empresariales y los sindicatos pone en entredicho el proyecto de reforma laboral con que las autoridades intentan combatir el desempleo de 18,6 por ciento.
El gobierno, apoyado en su iniciativa por las organizaciones empresariales, dio el lunes un plazo de tres días a las tres centrales sindicales para que redacten de forma concertada su propio proyecto de ley.
El ministro del Trabajo, Angelino Garzón, dijo que la contrapropuesta de los trabajadores será un buen punto de partida para iniciar un proceso de concertación que lleve a la presentación de un proyecto que beneficie a los desempleados.
Las tres centrales rechazan la propuesta gubernamental, que, según afirmaron, reducirá la calidad del empleo, y propusieron un cambio de modelo económico como salida a la crisis.
El proyecto del gobierno contempla que retribuciones mensuales de casi 500 dólares (equivalente a cuatro salarios mínimos) puedan abonarse por la modalidad del salario integral, mediante el cual el empleador se libra del pago de recargos de trabajo nocturno, en días domingos y feriados y de horas extras.
Según la legislación actual, el salario integral sólo puede establecerse de común acuerdo entre empleador y trabajador y en caso de que la retribución mensual supere los 10 salarios mínimos.
La iniciativa del gobierno también prevé contratos a término fijo por dos años, jornadas de trabajo diurno hasta las 20:00 horas y supresión del pago de horas extras, domingos y feriados a cambio de días compensatorios de descanso.
La ley libraría a los empresarios de pagar prestaciones sociales como el seguro de salud y fondo de pensiones (ocho por ciento del sueldo), vacaciones (medio sueldo mensual por año), horas extras y salario triple por trabajo en domingo y feriados, beneficios establecidos por la legislación actual.
La reforma, que regiría sólo para los trabajadores que ingresen al mercado laboral desde la aprobación de la ley, permitiría crear 600.000 nuevos empleos, dijo el ministro de Hacienda, Juan Santos.
El desempleo asciende hoy a 18,6 por ciento de la población económicamente activa, o sea a 2,9 millones de personas.
Las tres centrales consideraron, en una declaración conjunta, que la propuesta del gobierno está orientada a «continuar con el plan de ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no resuelve el problema del desempleo y vulnera los derechos de los trabajadores».
Colombia se comprometió en 2000 ante el FMI a reducir su déficit fiscal de cerca de 4,5 por ciento del producto interno bruto y a modificar las leyes laborales, tributarias y de pensiones.
En su contrapropuesta, las centrales sindicales pidieron al gobierno medidas para frenar los efectos negativos de la apertura económica, un plan para la recuperación del sector agropecuario y el fortalecimiento de la pequeña y la mediana industria.
Según algunos analistas, la apertura económica iniciada a comienzos de los años 90 llevó a la ruina la producción interna, quebrantó la demanda y originó un déficit comercial que ascendió a casi 500 millones de dólares en 2000.
Los sindicatos piden acciones para salvar las empresas en dificultades, elevar los aranceles y mejorar la formación y calificación de la mano de obra.
Proponen, además, una jornada laboral de 40 horas, frente a la actual de 48, un día compensatorio por trabajo en domingos o feriados y la creación de un fondo de empleo con recursos del presupuesto nacional.
Existe una gran diferencia entre los trabajadores y el gobierno sobre cómo afrontar la pobreza y el desempleo, dijo a IPS Miguel Caro, vicepresidente de la Central Sindical Unitaria de Colombia, la mayor del país.
Con los recortes del costo laboral implícitos en el proyecto «no se generarán nuevos puestos de trabajo pero sí un ahorro para los empresarios con el sacrificio del ingreso de los trabajadores», dijo Caro.
Cualquier propuesta de creación de empleo debe representar un claro beneficio social que se refleje en reducción de la pobreza que afecta a cerca de 60 por ciento de la población colombiana, agregó.
Julio Gómez, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Democráticos, la segunda del país, dijo que «con la propuesta del gobierno no hay nada que genere empleo» pero sí elementos que abaratarían la mano de obra.
Otros analistas afirmaron que la propuesta gubernamental es «cortoplacista» pues trata de atraer la atención de los inversionistas sacrificando el ingreso de los trabajadores, con el riesgo de que emigren a otros países que les brinden mano de obra más barata.
Este tipo de fórmulas, según el abogado laboralista Juan Ospina, tienen el enfoque «desafortunado de tratar de atribuirle a las condiciones de remuneración el desanimo empresarial», que responde a «otras causas».
La aceptación del programa de ajuste del FMI en 1999 para equilibrar las finanzas públicas no tiene en cuenta las posibles consecuencias, agregó.
Es cierto que se debe modernizar la legislación laboral para adecuarla a las nuevas formas de producción, pero esto no puede hacerse con medidas de corto plazo sino con cambios estructurales, según Ospina. (FIN/IPS/yf/mj/lb/01
