El gobierno de Kenia prometió reconsiderar su propuesta de amnistía a funcionarios corruptos, en un intento de obtener créditos internacionales por 320 millones de dólares.
Los donantes suspendieron su ayuda en diciembre, cuando el gobierno declaró inconstitucional y clausuró la Autoridad de Kenia contra la Corrupción. La reanudación de la asistencia está condicionada a la rehablitación de ese organismo.
Para desesperación de la comunidad empresarial, el parlamento rechazó el mes pasado un proyecto de ley para restablecer la Autoridad, por contener una cláusula de amnistía para los delitos económicos cometidos antes de 1997.
Ahora, el gobierno decidió reconsiderar esa cláusula, en vista de la apremiante necesidad de fondos. Con un déficit presupuestal equivalente a 320 millones de dólares, el gobierno no tendrá otra opción que restringir más los gastos y pedir prestado en el mercado doméstico.
Los analistas prevén que la economía, atrapada en un círculo vicioso de deuda y tasas de interés cada vez mayores, se hundirá más en la recesión.
Más preocupante aún, algunos temen que el gobierno financie las próximas elecciones imprimiendo billetes, como lo hizo en los comicios de 1992, causando una inflación masiva.
Tras 24 años en el poder, el presidente Daniel Arap Moi debe retirarse luego de las próximas elecciones, según la Constitución.
El partido de gobierno teme que, si la oposición gana los comicios, utilizará a la Autoridad contra la Corrupción para lanzar una caza de brujas contra los miembros del actual régimen.
Por esa razón, el proyecto de ley anticorrupción presentado el mes pasado era demasiado blando con los autores de delitos económicos, según sus críticos.
La amnistía propuesta sólo debería otorgarse a condición de que los culpables confesaran y devolvieran el dinero robado a las arcas del Estado, opinaron opositores.
La hostilidad pública y la necesidad de fondos hicieron que el fiscal general Amos Wako anunciara en un foro organizado por el grupo anticorrupción Transparencia Internacional su disposición a modificar la cláusula referente a la amnistía, si eso ayuda a que el proyecto sea aprobado en el parlamento.
«Yo sabía que la cuestión de la amnistía iba a ser muy polémica. Incluí la cláusula, pero no es la última palabra. Como ustedes saben, cuando publicamos un proyecto nos gusta escuchar los comentarios de la gente, y como resultado de esa reacción podemos modificar la propuesta», dijo.
«Discutamos la cuestión de la amnistía para que todos los kenianos podamos llegar a un consenso», exhortó Wako.
Por ley, el proyecto para reestablecer la Autoridad contra la Corrupción no puede volver a presentarse hasta pasados seis meses de su rechazo. Para entonces, la atención pública estará volcada hacia las próximas elecciones, programadas para diciembre de 2002.
«El mayor obstáculo en la lucha contra la corrupción es que el país entrará en otra frecuencia dentro de poco», advirtió John Githongo, director ejecutivo de Transparencia Internacional.
«En los próximos 16 meses, los kenianos estarán concentrados en las elecciones, en la sucesión presidencial y en esta gran transición nacional. Ese es nuestro mayor temor, que la gente se distraerá en otras cosas que también son sustentadas por la corrupción», expresó.
Githongo predijo que en los próximos meses aumentarán las concesiones ilegales de tierras públicas a personas con conexiones políticas, en un esfuerzo del gobierno por obtener fondos para las elecciones.
El gobierno anunció la concesión de miles de hectáreas de bosques del Monte Kenia a residentes de asentamientos precarios, pero en realidad las entregarán a sus amigos como premio por su apoyo político, acusó Wangari Maathai, del grupo ecologista Movimiento Cinturón Verde, de Nairobi. (FIN/IPS/tra-en/ks/mn/mlm/ip/01
