Sudán, que alojó en el pasado al extremista saudita Osama bin Laden y en 1998 sufrió un bombardeo de represalia de Estados Unidos, colabora inequívocamente con la lucha antiterrorista, señalaron funcionarios de Washington.
El presidente de Sudán, Omar al Bashir, aseguró que su gobierno rompió hace tiempo los vínculos con Bin Laden, a quien Estados Unidos considera el principal sospechoso de los atentados del día 11 en Nueva York y Washington.
Pero Bashir, que encabeza un régimen militar islámico, se pronunció contra el empleo de la fuerza. «Somos contrarios al ataque a Afganistán o a cualquier otro país donde los civiles puedan ser las víctimas», dijo el miércoles en Jartum.
«Si tomamos el 11 de septiembre como el comienzo de un nuevo orden internacional, ellos (los gobernantes de Sudán) decidieron que quieren estar del lado correcto. Están abriendo sus archivos y en un par de casos nos han dado más de lo que pedimos», dijo a IPS una fuente gubernamental.
«Estoy seguro de que nos van a dar por lo menos varias de las pistas que buscamos. Por ahora es una relación muy productiva», sostuvo.
Washington está especialmente interesado en poner bajo custodia a unas 24 personas cercanas a Bin Laden, estrechamente vigiladas por el régimen sudanés del Frente Nacional Islámico, según funcionarios estadounidenses.
El secretario de Estado Colin Powell aseguró que el régimen «se volvió repentinamente mucho más interesado y activo en la colaboración con nosotros sobre varias cuestiones».
Las declaraciones de Powell desanimaron a organizaciones y activistas estadounidenses contrarios al régimen de Sudán, al que acusan de genocidio en su guerra contra los cristianos y los defensores de cultos africanos que luchan hace 18 años por la autonomía del sur del país.
A los activistas les preocupa la opción del «compromiso constructivo» adoptada por el gobierno de Washington hacia Jartum.
Grupos cristianos, la bancada de legisladores negros en el Congreso, sindicatos y destacados activistas de derechos humanos esperaban que los atentados suicidas del día 11 persuadirían al presidente George W. Bush de enfrentar al régimen sudanés como parte del movimiento terrorista internacional.
«Sudán debe ser considerado una pieza esencial del rompecabezas (del terrorismo)», afirmó Nina Shea, analista de Freedom House, organización de derechos humanos que integra la semioficial Comisión Estadounidense sobre Libertad Religiosa Internacional.
El informe del Departamento de Estado sobre terrorismo publicado en abril sostenía que Sudán «seguía siendo utilizado como refugio seguro de varios grupos», como la organización Al Qaeda, de Bin Laden, el Grupo Islámico (Gama Islamiya) y la Jihad Islámica egipcia entre otras, señaló Shea.
Agentes sudaneses estuvieron implicados en el atentado de 1993 contra las torres gemelas del World Trade Center y en el intento de asesinato del presidente de Egipto Hosni Mubarak en 1995, por el cual la Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó sanciones contra Sudán, indicó Shea.
A raíz de las presiones egipcias y estadounidenses, Sudán expulsó a Bin Laden en 1996.
Como represalia a los atentados de 1998 a las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, el gobierno de Bill Clinton condujo un ataque con misiles contra un laboratorio farmacéutico en las afueras de la capital sudanesa, supuestamente utilizado por Bin Laden.
Los activistas apuntan así mismo a los testimonios aportados en los últimos juicios por terrorismo, donde se detallan los estrechos lazos de Bin Laden con Jartum, así como el imperio que el acaudalado saudita construyó durante su permanencia en Sudán (1991-1996).
Ese imperio comprende campamentos de entrenamiento militar, cuentas bancarias, empresas aparentemente legítimas, plantaciones y una firma que construyó la carretera que utilizan el ejército sudanés y las compañías petroleras extranjeras en su avance hacia el sur.
«Es esencial reconocer que la presencia financiera de Bin Laden en Sudán continúa en particular en la agricultura, la banca y la construcción», dijo Eric Reeves, uno de los dirigentes del movimiento contra Jartum.
Ese movimiento espera que el Senado estadounidense apruebe la Ley de Paz en Sudán, ya votada favorablemente en la Cámara de Representantes, que prohíbe cotizar en los mercados bursátiles de Estados Unidos a las compañías extranjeras que explotan los recursos petroleros sudaneses.
Empresas canadienses, suecas, malasias, italianas y chinas extraen petróleo en el sur del territorio de la nación africana. La exportación de crudo suministra a Sudán un ingreso anual de 500 millones de dólares.
Buena parte de esos fondos se destinan a la compra de armamento que el gobierno utiliza para combatir a las fuerzas rebeldes y para desplazar de sus aldeas a cientos de miles de habitantes con el fin de «limpiar» las zonas de producción petrolera, aseguran activistas.
No obstante, el gobierno estadounidense se opone a la ley señalando que la misma crearía un peligroso antecedente y se inclina por la propuesta del Senado, que sólo exige a las compañías extranjeras que hagan públicos sus intereses en Sudán ante la Comisión de Control de Acciones y Valores.
Poco antes de los atentados terroristas del martes 11, Washington nombró como enviado especial a Sudán al ex senador John Danforth, un ministro protestante.
El gobierno buscaba persuadir a los legisladores que apoyan las medidas contra el capital financiero de que necesita más tiempo para procurar una mediación de paz, pero al mismo tiempo decidió no obstaculizar una propuesta egipcia para levantar las sanciones de la ONU a Sudán.
La votación del foro mundial prevista para el día 14 fue aplazada indefinidamente a raíz de los atentados, tras un entendimiento entre Washington y Jartum.
«Creo que Estados Unidos le dijo a Sudán que no insistiera en el tema, que se ocuparía del mismo más adelante», opinó un asesor legislativo.
«Siento curiosidad por saber qué pasó en los seis meses transcurridos desde el último ataque terrorista que nos llevaría a abstenernos sobre el levantamiento de sanciones. ¿Creemos que todos los grupos terroristas fueron expulsados de Sudán y todos los negocios de Bin Laden fueron embargados?», se preguntó.
«Esto forma parte del compromiso de este gobierno (con Jartum) aun cuando todos reconocen que la situación sudanesa sólo está empeorando», concluyó. (FIN/IPS/tra-eng/jl/aa/dc/01
