Las universidades de América Latina sufren fallas de calidad, financiación, cobertura y gestión, advirtieron participantes en un seminario regional sobre educación superior que finalizó hoy en la capital colombiana.
En el caso de Colombia, la reducción del aporte del Estado a las universidades públicas es uno de los problemas más preocupantes, dijo Gabriel Misas, vicerrector de la Universidad Nacional, el principal centro de educación superior estatal de este país y organizador del foro.
Esta disminución de recursos causó «la pérdida de calidad e inequidad en el acceso de los más pobres» a las universidades públicas, así como en el aumento del número de instituciones privadas, añadió.
Los aportes del Estado a las universidades públicas mermaron casi 50 por ciento en las últimas dos décadas, según la Universidad Nacional. La porción que esas instituciones reciben del presupuesto nacional, que promedia unos 45.000 millones de dólares, cayó de 4,5 por ciento en 1986 a dos por ciento en 2000.
Así mismo, la política que orienta la asignación de recursos para los centros de estudios apunta a que deben funcionar con criterio de «rentabilidad», ya que se definen según indicadores de desempeño financiero.
La asfixia a que se ven sometidas las universidades estatales ha llevado a que se reduzca su oferta, desmejore la calidad de la educación y se incremente la cantidad de instituciones privadas. En Colombia existen 294 universidades, 14 por ciento de las cuales son públicas.
El fenómeno de la privatización de las universidades de América Latina es consecuencia de las recomendaciones de los organismos financieros multilaterales, dijo a IPS Valdemar Sguissardi, de la Universidad Metodista de Piracicaba, en el meridional estado brasileño de Sao Paulo.
Sguissardi explicó que esas decisiones responden «a las demandas del mercado inmediatista, en lugar de atender las necesidades de la sociedad» que considera estos centros como formadores de capital de vida.
El acuerdo suscripto el año pasado por Colombia con el Fondo Monetario Internacional, para un crédito de unos 2.500 millones de dólares, establece que los aportes a la educación superior estatal «sólo se contemplarán después de cubrir el servicio de la deuda» y «siempre que no se afecten las metas macroeconómicas».
En cuanto a la calidad, Francisco Claro, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, indicó que la educación superior de América Latina se masificó en los últimos 30 años, «a partir de un modelo de contratación precaria de profesores sin capacidad para la investigación».
Sin embargo, en Chile se ha desarrollado en los últimos 20 años un sistema de educación mixto, que contempla universidades estatales tradicionales y una serie de centros superiores pequeños de carácter privado, surgidos para atender la demanda.
Claro opinó que la evolución de estas universidades privadas «ha ido mostrando la diversidad y el grado de seriedad con que este tipo de acciones se pueden adoptar», y esa actividad «tiene que estar fuertemente regulada por el Estado.
En tanto, Guillermina Tiramonti, directora de la sede argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, comentó que otro elemento desfavorable que se percibe en las universidades de la región es la penetración muy fuerte de la lucha de partidos políticos.
La experta entiende que la politización de los centros superiores de estudios es un asunto que no se ha discutido abiertamente, «porque no sólo se trata de que las universidades están penetradas por la lucha partidaria sino porque la lógica política está remplazando la lógica académica.
En la nueva dinámica, «las universidades empiezan a organizarse y a seleccionar su gente con un principio político y no con un criterio académico», puntualizó.
«Hay que procesar esto y evitar que esa cultura política que ha destruido en parte nuestra democracia no afecte nuestras universidades», agregó Tiramonti.
Los analistas asistentes al foro tomaron como ejemplo el tipo de educación que se imparte en países industrializados como Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia.
En esas naciones, el Estado apoya sistemáticamente sus universidades, se exige eficiencia y no se cree que la reducción del gasto público deba hacerse sacrificando la educación superior, coincidieron. (FIN/IPS/yf/dm/cr ip/01
