Blanca Nubia Chamorro es una nicaragüense de 12 años, que nació cuando su país recobró la paz. Pero el 24 de julio comprobó en carne propia los efectos de la guerra, cuando una mina antipersonal le amputó un brazo y una pierna y le destruyó un ojo.
El caso de la niña Chamorro no es único en Nicaragua, que durante años ha exhibido un lugar privilegiado nada envidiable entre los países con territorio altamente minado.
Pero este país también es mostrado hoy como ejemplo a seguir por los organismos internacionales, gracias al plan nacional de desminado iniciado hace una década.
Unas 135.000 minas terrestres antipersonal fueron sembradas durante el conflicto bélico de los años 80 entre el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (1979-1990) y la denominada «Contra», grupo insurgente derechista apoyado por Estados Unidos.
Una cantidad similar fue el arsenal recibido de herencia por el gobierno de Violeta de Chamorro al asumir en 1990.
En la capital de Nicaragua se desarrolla del martes hasta este viernes la III Reunión de Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción.
También es llamada Convención de Ottawa, por la capital canadiense, en la que se firmó en 1997.
Oliver Bodán, del no gubernamental Centro de Estudios Internacionales (CEI), que edita un informe anual sobre la materia, dijo a IPS que en Nicaragua se ha avanzado en la remoción de minas, pero no así en la rehabilitación de las víctimas y en la prevención de desastres.
Bodán apuntó que la atención integral a las víctimas es un capítulo pendiente del plan nicaragüense, que forma parte de un programa implementado en América Central por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Respecto de la marcha del programa, el ministro de Defensa, José Adán Guerra, informó que ya fueron removidas 50 por ciento de las 135.000 minas terrestres que habían sido colocadas hasta hace 10 años y sobre la destrucción de 60 por ciento del arsenal existente hasta entonces, calculado en 136.000 artefactos.
El presidente Arnoldo Alemán y su ministro Guerra encabezaron el 17 de este mes un acto en el que se provocó la voladura de 20.000 minas antipersonal.
Alejandro Bendaña, también del CEI, entiende que el gobierno debe cambiar el enfoque, centrado hoy en lo militar, para dar prioridad a la cuestión social y comunitaria, que incluye la atención, rehabilitación y reinserción de las víctimas.
Aunque no existen cifras oficiales, se calcula que en Nicaragua unas 100 personas han fallecido y otras 500 han resultado heridas a causa de la explosión de minas terrestres, desde que se contabilizan estos casos. Entre los afectados existe un número importante de niños.
Las autoridades aseveraron que ya se han removido minas en una extensión de unos dos millones de metros cuadrados, declarándose zona libre de esos explosivos la zona sur del país, fronteriza con Costa Rica. Pero todavía restan realizar tareas de desminado en casi 600 kilómetros, en la frontera con Honduras.
El ministro Guerra anunció que Nicaragua espera destruir el año próximo la totalidad del arsenal —salvo una pequeña cantidad de artefactos que servirán para entrenamientos— para cumplir con los plazos fijados por la Convención de Ottawa.
Nicaragua asumió el martes la presidencia temporaria del grupo de trabajo de la Convención, y varias organizaciones no gubernamentales creen que este país puede consolidar «un nuevo liderazgo» en la materia, debido al éxito de su plan interno.
El coronel estadounidense William McDonough, coordinador del Programa de Acción contra Minas de la OEA, destacó los avances logrados por Nicaragua al cumplirse 10 años de ejecución de este plan regional.
McDonough añadió que este país puede presentarse como un ejemplo a seguir, pues ha conseguido que trabajen en conjunto las autoridades y los grupos de la sociedad civil, en cooperación con el ejército.
El programa cuenta con el apoyo de varios países, como son los casos de Australia, Canadá y Noruega, que aportaron asistencia financiera, Venezuela y Uruguay, que aportaron militares especializados en la materia, mientras Japón cooperó con modernos equipos técnicos.
La OEA espera reproducir un mecanismo semejante de cooperación y trabajo conjunto en El Salvador y Guatemala, donde también existen problemas con las minas terrestres antipersonal, heredadas de los conflictos armados internos.
El coronel McDonough reconoció que «la reinserción social (de las víctimas) es una tarea pendiente» del vasto plan desarrollado en Nicaragua, que aún necesita de unos 27 millones de dólares para cumplir con sus objetivos de desminado en 2004.
«Los afectados por las minas estamos desprotegidos, no tenemos pensiones, pues sólo hay para las víctimas de guerra. Necesitamos capacitación, dinero para que empezar a trabajar y producir por nuestra propia cuenta», explicó a IPS Porfirio Gómez, una de las personas con problemas derivados de las minas antipersonal.
Joel Zamora, coordinador de la Coalición Nicaragüense de Organizaciones no Gubernamentales para la Acción Contra las Minas, alertó sobre la necesidad de que el Estado diseñe políticas para la atención de las víctimas.
«El tiempo pasa y la comunidad internacional está destinando los recursos hacia otros países, que ya han elaborado propuestas sobre este asunto», precisó.
Nicaragua, que afronta una severa crisis económica, aumentada tras el desastre causado por el huracán Mitch en 1998, necesita de la indispensable colaboración externa para sus planes de desminado y de reinserción social, según las autoridades.
Mientras se ejecutan estos programas y pese a la evaluación positiva de los organismos internacionales en la materia, cada año se suman nuevas víctimas de las minas antipersonal. Es una especie de guerra silenciosa, herencia de un conflicto que aún no finaliza.
«Sabía que los muertos eran de las guerras. Sabía lo que era una mina, pero lo que no sabía era que tenía una mina (terrestre) en el patio de mi casa», comentó el campesino Rafael López, padre de un niño que perdió una pierna. (FIN/IPS/ac/dm/ip/01
